La lucha de los maestros del sistema educativo público de Baja California Sur se ha enfrentado desde hace años a las amenazas y la represión administrativa para desactivar sus protestas.
Los mentores han tenido un éxito parcial, pues siguieron adelante hasta conseguir más de dos tercios de su objetivo y el Estado no logró desactivarlos en lo fundamental; sin embargo, su lucha aún no termina y merece todo el respeto, solidaridad y apoyo de la ciudadanía sudcaliforniana, sin lugar a dudas.
Esta lucha legítima obliga a reconocer, también, que la saña con la que se les ha tratado oficialmente demuestra que no sólo no hubo ninguna transformación positiva en este sexenio a favor de los derechos sindicales, sino que, además de haber sido reiteradamente violados (como ilustra el caso de los quinquenios no pagados), el proyecto morenista no resolvió el problema educativo en ningún aspecto, mucho menos en mejorar el bienestar de los maestros en todos los niveles educativos.
Ante la presencia de un Estado omiso, la única manera de defender los derechos constitucionales que tenemos los mexicanos es haciéndolos valer en la lucha social, y en la calle si es necesario.
Ello es algo que, primero que nadie, lo deben concientizar los propios mentores sudcalifornianos. Lo que tienen, lo que han acumulado históricamente y lo que han logrado este 21 de mayo es producto de su lucha, no una concesión desinteresada del sistema.
En efecto, la Cuarta Transformación que nos prometieron en las pasadas elecciones suponía que ya no habría en México amenazas de descuentos si se participa en la lucha social, ni levantamiento injusto de actas de abandono de trabajo, ya no habría hostigamientos, intimidaciones, comportamiento tiránico de los jefes, acoso laboral, amedrentamiento vía telefónica por asistir a marchas y otras infamias y corruptelas que han sido denunciadas por los maestros en los últimos seis años.
Sólo pintándole al pueblo con crayones de dinerito trimestral una ilusión pudieron obtener su favor electoral. Pero lo que han vivido los maestros estos seis años es el resultado real de la tan prometida transformación, que a ojos vistas ha sido más bien una degradación de los derechos magisteriales.
La reciente jornada de semanas de lucha también lo demuestra así. No habría habido necesidad de este terremoto magisterial en Baja California Sur si la engañifa mañanera dijera verdades.
Y reiteramos que la sociedad sudcaliforniana debe adoptar como suya la lucha de los maestros por sus derechos laborales, organizativos y constitucionales porque, de ser derrotados; de imponerse la represión contra ellos y ellas, de imponerse el incumplimiento de la palabra recién empeñada el 21 de mayo, entonces correrán serio peligro los mismos derechos de toda la ciudadanía choyera.
Esto convierte inevitablemente a la lucha magisterial en una lucha política aunque no se quiera, por el simple hecho de que ahora se trata de defender los derechos constitucionales de todos los trabajadores, independientemente de su orientación ideológica.
Todavía puede suceder ese mal escenario, y lo sostenemos así porque a nosotros mismos, a los antorchistas, no nos ha cumplido el Gobierno estatal luego de dos años y medio de haberle presentado las demandas sociales más sentidas de miles de familias humildes de nuestro estado, a pesar de todos los discursos más melosos, las consideraciones más solidarias, las justificaciones más racionales jamás escuchadas y las promesas más esperanzadoras nunca dichas; simplemente no nos ha cumplido.
En nuestra experiencia política, no es lo mismo decir que hacer; por ello somos escépticos respecto al cumplimiento gubernamental y el escenario previsible es que una vez pasadas las elecciones el incumplimiento gubernamental arreciará el vendaval magisterial nuevamente, al que la única respuesta real será la represión: el tránsito de la amenaza a su realización. Ojalá y nos equivoquemos, sinceramente.
En estos momentos definitorios, por tanto, ningún ciudadano responsable de sus deberes con la patria debe condenar o repudiar la lucha magisterial; al contrario, debemos sumarnos a la exigencia civil de que el Estado cumpla sus obligaciones con ellos.
Y de que puede, puede: en la nota “Docentes manifestantes denuncian recibir amenazas”, de El Sudcaliforniano del 22 de abril pasado, expresan ellos la certeza de que el Estado cuenta con los recursos suficientes para pagar sin problemas los salarios y quinquenios adeudados, dicen “que se busquen las maneras porque curiosamente los recursos para otras cosas sí hay”, su experiencia así se los enseña.
Y todos sabemos que esas otras cosas son las campañas electorales escandalosamente caras que están llevando a cabo los candidatos de ya saben quién.
El Mangle publicó este miércoles 22 de mayo, en su cuenta de Facebook, el último Estado de Situación Financiera del Gobierno de Baja California Sur, del 3 de marzo de 2024, mismo que demuestra, si no está maquillado, la solvencia suficiente para pagar a los maestros sus demandas.
Además, también hay porque nuestro país es el doceavo generador mundial de riqueza. México subió cuatro lugares en la posición mundial de los países productores de más riqueza: del lugar 16 al 12, según dio a conocer el Fondo Monetario Internacional (FMI) apenas a fines del año pasado.
La corrupción cuatroteísta que la prensa ha denunciado profusamente (Segalmex, sobrecostos injustificables en Dos Bocas y Tren Maya, el AIFA, etcétera), se queda chiquita ante la concentración de riqueza en manos de unos pocos multimillonarios, a quienes el gobierno de López Obrador protegió y empolló.
Esto impone una reforma fiscal que cobre más impuestos a los inmensamente ricos para ayudar a cumplir las obligaciones gubernamentales (aclaro: no que los expropie, sino que los fuerce a contribuir racionalmente más).
Invito a ver nuestro planteamiento más completo en www.movimientoantorchista.org.mx/nuestro-proyecto-de-nacion. En última instancia, vemos también este proyecto como una solución de fondo al problema magisterial.
Finalmente, no son necesarios nuevos artículos en códigos y leyes para garantizar que no haya amenazas contra los docentes sudcalifornianos. Ya existe el Código Penal federal que, en los artículos 282 al 284, define la amenaza como un delito punible, pero… le valió un cacahuate a la 4T, también.
Ante la presencia de un Estado omiso, la única manera de defender los derechos constitucionales que tenemos los mexicanos es haciéndolos valer en la lucha social, y en la calle si es necesario: atiborrarnos de leyes sólo es engañoso.
La realidad del Estado represor es objetiva: la violencia organizada de la clase opresora contra los maestros oprimidos existe a pesar de todos los códigos, por más progresistas que sean. La respuesta a la materialidad de la opresión también debe ser material; de no ser así, que los oprimidos festejen alegres su opresión.
Pero mucha de nuestra ciudadanía no comprende aún la importancia de la lucha magisterial y la denuesta prejuiciosamente. Por ello, desde nuestro humilde punto de vista, un deber de los maestros es enseñar al pueblo a luchar y convocarlo ya, no hay tiempo que perder.
Es tiempo ya de que las organizaciones de base magisteriales piensen que su más grande objetivo político, su deber patriótico, es gobernar este país en conjunto con las organizaciones populares, estrechamente unidas y organizadas; desembarazarse de liderazgos fósiles y prepararse para tomar el poder; que deben los maestros honestos ser parte de la nueva clase social que debe gobernar a México.
El triunfo verdadero para el magisterio y para cualquier sector de los trabajadores, radica en la incorporación consciente y organizada del pueblo a todo tipo de lucha que redunde en la defensa y consolidación de sus derechos e intereses, pues mientras siga gobernando la misma clase social opresora que tenemos, los derechos conquistados y los intereses populares correrán peligro constante y nuevas embestidas contra los trabajadores se nos vendrán encima, y quizá con mayor fuerza.
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