El año terminó y, sin duda alguna, los colimenses sabemos ya, cuál será el estigma principal que marcará por siempre el primer año de gobierno del partido que nos prometió tiempos mejores: la violencia homicida incontrolada y sus fatales consecuencias.
Es cierto que, antes del gobierno de ahora ya éramos un estado con mucha inseguridad social. Pero, a juzgar por los resultados del gobierno actual en esta materia, es claro que vamos de mal a peor. El portal “Publimetro” lo dijo así en una nota el 18 de diciembre pasado: “Se perfila 2022 como el año más violento de la historia de Colima”; y luego precisó: “Con 849 homicidios dolosos hasta el día 15 de diciembre, la entidad que gobierna Indira Vizcaíno ya superó su máximo histórico de 2017”. Y las consecuencias de este “máximo histórico” ya son muy conocidas por todos.
El medio citado también refirió datos que importa saber. Se lee así en la nota: “Desde que Indira Vizcaíno fue investida como mandataria estatal el 1 de noviembre de 2021, la violencia comenzó a alborotarse en el territorio colimense. No obstante, fue hasta enero de 2022 cuando la disputa entre dos grupos criminales ahora antagónicos y que entonces trabajaban juntos (Cartel Nueva Generación y Los Mezcales), estalló tras el motín el 25 de enero en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima que dejó un saldo de 9 muertos”. Nota curiosa. ¿Por qué la ruptura de los grupos criminales se dio, precisamente, con el cambio de gobierno estatal? No lo sabemos hasta ahora. Pero tampoco las autoridades gubernamentales han dicho nada con precisión al respecto.
A lo más que han llegado las autoridades estatales, cada vez que se les cuestiona por la situación que se vive, es a afirmar que imperaba antes en el gobierno una “chiquimafia del poder” que todo lo corrompía; emulando así el viejo estribillo usado por el Gobierno federal desde hace más de cuatro años, cada vez que quiere justificar sus nulos resultados en materia de seguridad. Entonces, es legítimo preguntar: ¿fue la “chiquimafia del poder” la que alentó la ruptura entre los grupos criminales para denostar los resultados del gobierno de ahora?, o, ¿fue el gobierno de ahora el que promovió la ruptura para denostar a los gobiernos anteriores y legitimarse en el poder ante los ciudadanos? Pues, sea como fuere, parece ser que las cosas no resultaron como querían, y las consecuencias las están pagando hoy, mucho más las víctimas, que los victimarios.
Pero, además, no obstante, lo que ya sufrimos las víctimas directas e indirectas de esta mortal ruptura política y criminal, vemos ahora, en medio del corredero de sangre, a los diputados del partido Morena echando gasolina al fuego, como suele decirse, intentando levantar la voz en su curul en favor, precisamente de los victimarios. El “Diario de Colima “lo publicó así el 14 de diciembre pasado: “Propone Morena amnistía para robo y narcomenudeo”, y en su nota informó que, en la “Gaceta Parlamentaria” del Poder Legislativo, ya se publicó la iniciativa de Ley de Amnistía del Estado de Colima, para presentarse en la sesión ordinaria del 15 de diciembre.
La amnistía, recordemos un poco, grosso modo, es un proceso legal mediante el cual se extinguen las acciones y sanciones penales impuestas respecto de determinados delitos, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan y quieran exigirla. Es decir, que todo aquel encarcelado beneficiado con la amnistía, quedará entonces en plena libertad. En el caso que nos ocupa, se dice que, en la iniciativa a presentar por los diputados morenistas, se establecen las bases para decretar amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercido acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales estatales. Y, en uno de los apartados del artículo 3º de la mencionada iniciativa, se lee que, “Igualmente [se aplicará la amnistía], a los sentenciados por el delito de robo simple, así como por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo de competencia para el estado, siempre que no haya sido con fines de distribución o venta”.
Como yo entiendo bien que, habiendo victimarios que delinquen, que por su particular situación social resultan ser en muchas ocasiones, tanto o más víctimas que sus víctimas ofendidas mismas, no me declaro absolutamente en contra de la Ley de Amnistía que ya he referido. En casos muy particulares, siempre apoyaré lo que de justicia pueda y deba tener la mencionada ley. Pero, ¿quiénes serán aquellos portadores de tan noble y desinteresado beneficio para los reos a indultar y liberar?
La nota que leí dice, que el Congreso del estado integrará una Comisión que coordinará los actos de aplicación de esta nueva normatividad. Tal Comisión será presidida por la Secretaría General de Gobierno, además, como integrantes estarán la secretaria del Bienestar; el titular del sistema penitenciario; de la Comisión de Justicia en el Congreso local; así como de la Comisión de Derechos Humanos. Esta Comisión determinará la procedencia del beneficio de la amnistía y someterá su decisión a la calificación de un juez, para que ese funcionario, en su caso, la confirme. Es decir, entonces, que quedará libre con la amnistía todo aquel reo, que así lo quiera y decida el partido Morena, dada su mayoría en el Gobierno del estado y el Congreso local.
Pues muy bien. Enhorabuena para las personas que vayan a recibir la amnistía. Pero, conforme a la ruptura política y criminal que ya he referido, ¿no será que se va a aprovechar este acto para sacar a la calle mano de obra calificada, que luego van a reclutar los grupos de criminales que hoy nos tienen asolados? Pues, por el bien de todos, esperemos que no.
Y, ¿qué hay para las otras víctimas, señores diputados de Morena? No olviden los 849 homicidios dolosos; las 645 desapariciones forzadas; los 110 cuerpos localizados en las 100 fosas clandestinas encontradas; los 102 homicidios de mujeres, y las 426 quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (“Diario de Colima”). Y, además, recuerden también que, conforme a datos recientes, en los últimos seis años, el 99.3 por ciento de los homicidios dolosos, y el 92.1 por ciento de los feminicidios que se cometieron en Colima, quedaron impunes al no recibir los agresores una sentencia condenatoria (“Diario de Colima”, 14 de diciembre de 2022). De estos victimarios y sus víctimas, ¿cuándo se van a ocupar?
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