Hace dos semanas, la expriista y ahora petista Nancy de la Sierra se unió a un grupo de cinco senadores que buscan, supuestamente, una “reconciliación nacional” desde el Senado de la República. Nancy de la Sierra es esposa de José Juan Espinosa Torres, quien huyó del país y, dicen las malas lenguas, vive en Texas, Estados Unidos, debido a que la justicia lo busca por un desvío de 100 millones 600 mil pesos cuando fue presidente municipal de San Pedro Cholula (2014 a 2018). En ese entonces, era militante de Movimiento Ciudadano. Pero ya en las elecciones de 2018, junto a su esposa, fueron de los “políticos perdonados” por Andrés Manuel López Obrador y se unieron a su movimiento. Ambos aplaudían fuerte en los mítines obradoristas y eso les ganó un nuevo puesto político: ella se hizo senadora y él diputado local. Ambos por el Partido del Trabajo. José Juan fue presidente del Congreso local e, igual que el gobernador del estado, se peleó con todos: amigos, enemigos y puntos intermedios. El 26 de octubre de 2020, la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó dos denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en su contra. Y él huyó del país.

No es el primer lopezobradorista acusado de cometer crímenes como presidente municipal y no es el primero que desaparece. En el trienio 2018 a 2021, que terminó el jueves 14 de octubre pasado, varios presidentes municipales acabaron tras las rejas, otros huyeron de la justicia y otros más enfrentan procesos judiciales en libertad. Al menos cuatro presidentes municipales no concluyeron con su periodo.

El primero fue el morenista Felipe Patjane Martínez, edil de Tehuacán, que fue detenido el 16 de noviembre de 2019 acusado por mal uso de los recursos públicos y uso ilícito de sus facultades y atribuciones. El segundo fue el presidente municipal de Quecholac por el PSI, Alejandro Martínez Fuentes, detenido el 27 de septiembre de este año por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones públicas y delitos contra el funcionamiento del Sistema de Seguridad Pública. Las autoridades presumen que Alejandro cubre las actividades ilícitas del líder huachicolero Antonio “El Toñín” Valente Martínez Fuentes, quien es su hermano. De los prófugos está el presidente de Venustiano Carranza, el panista Vicente Valencia Ávila, sobre quien pesa una orden de aprehensión por varios delitos cometidos durante su cacicazgo tras gobernar por más de una década el municipio. También prófugo se encuentra el edil de Ajalpan, el barbosista Ignacio Salvador Hernández, a quien lo persigue la justicia por sus posibles vínculos con el crimen organizado.

Los presidentes municipales que enfrentan procesos por acciones criminales, pero en libertad, son tres. El 28 de agosto fue detenido el edil de Tzicatlacoyan, Servando Arizpe Campos, por portación ilegal de arma de fuego. El segundo es el edil de Honey, Ángel López Cabrera, detenido en Hidalgo el 11 de septiembre porque le descubrieron un arma de fuego y un millón de pesos en efectivo que no pudo explicar. Y el tercero fue el edil de Tepatlaxco, Calixto González Montero, que enfrenta un proceso por abuso de autoridad.

Pero aquí no acaba la historia. Hay más. La Auditoría Superior del Estado presentó denuncias penales contra más de 20 presidentes municipales, en la mayoría de los casos, según informa la prensa poblana, porque se “detectaron operaciones simuladas con facturas falsas” en sus presidencias. De todos ellos, solo hay un detenido: el panista Leoncio Paisano Arias, edil de San Andrés Cholula. Todos los demás están prófugos. Ejemplos destacados de ellos son José Juan Espinosa Torres, que se fugó desde que se enteró que había órdenes de aprehensión contra él, y Carlos Alberto Morales Martínez, expresidente de Huejotzingo. Un caso relevante es el de la morenista Claudia Rivera Vivanco, enemiga del gobernador Miguel Barbosa, quien el jueves 14 entregó la presidencia al panista Eduardo Rivera. Sobre Rivera Vivanco, la Auditoría Superior del Estado tiene “más de mil observaciones por su cuenta pública 2019” y debe responder a una supuesta malversación de 300 millones de pesos del ayuntamiento de la capital. Se sabe que Barbosa no perdona y que su campo de exterminio siempre exige estar lleno. 

Esos son los casos que se hicieron públicos en la prensa, pero, ¿cuántos ediles no hicieron exactamente lo mismo o cosas peores? ¡No lo sabemos aún! Pero un día la historia completa saldrá de los recintos oscuros de donde ahora se esconde. Hubo, pues, presidentes criminales, presidentes regulares, presidentes pésimos (¡las encuestas ponen a Claudia Rivera como la peor alcaldesa del país!) y, desde luego, presidentes muy buenos. Esos son, sin lugar a dudas, los antorchistas. Para bien de los poblanos, ojalá que haya otros.

Destacados militantes del Movimiento Antorchista en Puebla gobernaron en el trienio 2018 a 2021 ocho municipios: Rosendo Morales en Ocoyucan, Juan Luna en Atexcal, Gustavo Sánchez en Santa Inés Ahuatempan, Salvador Castañeda en Ixcaquixtla, Alondra Méndez en Tepexi de Rodríguez, María de Lourdes Carrera en Cañada Morelos, Delfino Bonilla en Huitzilan de Serdán y Yolanda Reyes en Tecomatlán.

Hacer una lista completa de todas las obras públicas, acciones de ayuda a los grupos vulnerables, servicios de seguridad, apoyos para las familias más humildes, apoyos serios a los estudiantes deportistas, artistas y todo lo que hicieron en tres años, nos tomaría un grueso libro completo que, para los fines que ahora persigo, no es necesario. Quiero destacar algunos aspectos que convierten a estos municipios en ejemplo de desarrollo a nivel estatal y, en algunos casos, nacional.

1. La seguridad pública. En todos esos municipios no se vive bajo un ambiente criminal ni nada parecido. Los ciudadanos viven en un ambiente de paz, porque los ediles crearon cuerpos de seguridad competentes y entrenados, porque los centros de vicio de cualquier tipo son escasos y porque la gente tiene trabajo para vivir honradamente. Las policías municipales son ejemplo de combate al crimen. En Ocoyucan, por ejemplo, se redujeron drásticamente los crímenes y en Huitzilan y Tecomatlán los índices de inseguridad son iguales a cero. En Tecomatlán, y eso ejemplifica su desarrollo, no hay cárcel porque no es necesaria.

2. Sistemas de salud desarrollados. Los ayuntamientos invirtieron en la construcción de hospitales completos o clínicas bien desarrolladas y contrataron a personal profesional para atender a los enfermos. Durante la pandemia por covid-19, a tiempo se suspendieron las actividades y se evitaron contagios masivos, se crearon equipos médicos que visitaron las colonias o pueblos para encontrar a los contagiados y poder aislarlos, se hicieron pruebas de covid-19 gratuitas a la población, se trató con medicina a todos los enfermos que pidieron ayuda, se consiguieron tanques de oxígeno para quienes los necesitaron, se sanitizaron todos los lugares públicos y se regalaron cubrebocas, gel o despensas a los ciudadanos. El resultado: poco contagio y pocos fallecidos.

3. Salarios bajos para los funcionarios. Ningún presidente antorchista o trabajador de sus ayuntamientos se hizo millonario porque tuviera un salario alto o por haber robado dinero. Los salarios de todos fueron bajos, lo que implica que se les pagaba lo necesario para vivir dignamente y nada más. Todos fueron funcionarios honestos y quien no lo crea puede verificarlo pidiendo los datos ante las dependencias. Gobiernos de gente humilde, pero muy trabajadora. El gasto municipal fue transparente y efectivo para solucionar los problemas de la ciudadanía. ¿Cuántos municipios pueden presumir lo mismo?

4. Obra pública. A pesar de los duros recortes del Gobierno federal y del gobierno estatal contra los ayuntamientos antorchistas, por no consentir las ocurrencias del presidente de México y porque nos ven como enemigos políticos, los ocho ayuntamientos no se dieron por vencidos y construyeron obras importantes en escuelas (aulas, baños, laboratorios, canchas o bibliotecas), se pavimentaron calles, avenidas y carreteras, se construyeron drenajes, redes de agua potable y casas para familias humildes en las zonas más marginadas, se construyeron parques bonitos, unidades deportivas de primer nivel, casas de la cultura, se alumbraron con energía eléctrica muchas colonias y calles que estaban a oscuras, y se realizaron muchas obras que beneficiaron a la población.

Hace algunos años, en el 2013, Tecomatlán logró estar entre las cinco mejores ciudades del mundo de acuerdo con el concurso “City to city” Barcelona Fad Award. Esto fue posible con un trabajo titánico de autoridades, población y antorchismo en una sola dirección: convertir al municipio en un modelo de desarrollo. Eso se logró y “Teco” sigue avanzando muy bien. En el año 2017, el doctor en Economía por la London School of Economics, Abel Pérez, tras hacer un estudio sobre el trabajo realizado en Huitzilan de Serdán, lo calificó como “un modelo de desarrollo de pueblo indígena en México”. Estos son, pues, los ayuntamientos antorchistas. De ellos, ¡claro!, estamos muy orgullosos porque logran que sus ciudadanos vivan mejor cada día. Antorcha demuestra, una vez más, la efectividad de su trabajo.