Han pasado 24 años del crimen perpetrado por las oscuras cúpulas de la oligarquía y sus esbirros en contra de humildes habitantes de Chimalhuacán, reunidos en la plaza principal para festejar el triunfo legítimo en las urnas del primer Gobierno encabezado por el Movimiento Antorchista en el Estado de México.
¿Cuáles fueron las razones para que se cometiera esta muestra de bestialidad despótica de caciques locales y estatales? Sólo puede haber una respuesta: impedir que el pueblo organizado llegara al poder; oponerse, por todos los medios a su alcance, al desarrollo de la justicia social en la que la riqueza sea repartida de una manera más justa y equitativa entre todos los que la producen, pues un proyecto de esa naturaleza representa una amenaza al privilegio de saquear a los habitantes, vivir de los impuestos del pueblo y abusar de los derechos que los habitantes tienen como seres humanos.
El progreso alcanzado en Chimalhuacán en el lapso de más de veinte años fue posible gracias a la política sustentada en la tolerancia, el acuerdo antes que la imposición y el respeto a los diferentes sectores de la sociedad en el municipio.
No se puede negar el desarrollo en todos los ámbitos que el municipio tuvo a lo largo de veinte años. La gran cantidad de obra social para atender las necesidades más apremiantes de la población, como la educación y la salud, es el resultado de la implementación de una política de distribución de la riqueza en forma de infraestructura física y servicios para la comunidad; no es otra cosa más que devolverle al pueblo el producto de sus impuestos.
Crear unidades deportivas, parques recreativos, centros de divulgación de la ciencia como un planetario en uno de los municipios más olvidados del Estado de México, impulsar universidades para la educación de la juventud, pavimentar las avenidas y calles vecinales e introducir un transporte colectivo digno para la movilidad de los trabajadores tiene una gran significación social; ninguno de estos beneficios para la población puede ser considerado como un delito, como un crimen.
A este avance es al que se oponen, antes y ahora, los oscuros personajes que planearon y ejecutaron el artero crimen en contra de personas indefensas. Por una causa justa, como la que representa la formación de un verdadero Gobierno popular y su impacto en el incremento del nivel de bienestar de la población mayoritariamente humilde, manos asesinas cegaron la vida de Carmen Carreón, Marco Antonio Sosa Balderas, Armando Santana Rodríguez, Faustino Pérez Medina, Ricardo Calva Reyes, Macario Hernández González, José Guadalupe Martínez, Federico López Caballero, Rogelio Martínez Jiménez y Crescencio Sánchez Damián.
Por tanto, es más que justo que reciban un reconocimiento social, un homenaje que recuerde su sacrificio en aras del progreso y bienestar de un pueblo sometido y poner fin a un cacicazgo que mantuvo, por mucho tiempo, en la oscuridad, en el atraso y en la pobreza a los habitantes de Chimalhuacán.
Como cada año desde ese trágico acontecimiento, el Movimiento Antorchista en el municipio los recuerda con un homenaje que generalmente se realizaba en la plaza que se construyó en su honor, conocida como “Plaza de los Mártires”; sin embargo, desde el año pasado se han tenido complicaciones para realizar ahí la actividad, pues el Gobierno municipal de extracción morenista ha puesto algunos impedimentos rayanos en lo absurdo, a pesar de que la solicitud para ocupar el espacio se haya realizado en tiempo y forma.
Desde el inicio se dejó entrever la verdadera intención del Gobierno municipal para negar el permiso correspondiente para la realización del homenaje en la plaza; de la nada apareció un improvisado evento de convivencia que los funcionarios esgrimieron como argumento de peso para impedir el evento político y cultural.
En el fondo se trató de un ¡no! rotundo, aún con el riesgo de evidenciar que el verdadero argumento es: “porque lo digo yo”; se trató de demostrar que es posible, para un grupo disfrazado de izquierda, aunque parezca increíble, llegar hasta la irracionalidad con tal de demostrar y hacer valer su autoridad.
Qué gran temor tienen a ser rebasados que, en su desesperación, se ven obligados a hacer uso, en su carácter de Gobierno, de la amenaza velada; si su caprichosa determinación no se hubiera acatado, de utilizar la fuerza pública, un recurso desesperado al que acuden gustosamente grupos políticamente más emparentados con el fascismo que con la democracia.
Un mitin, reunión política, conferencia o evento cultural, además de representar la movilización popular, la de un conjunto de personas con la disposición para defender sus ideas y su lucha, tiene un efecto educativo. Oponerse a una celebración como esta, la de ofrecer un justo reconocimiento a las víctimas de la barbarie genocida del poder oculto tras los partidos políticos, del cacicazgo criminal imperante en la zona, significa avalar el proceder de ese grupo asesino y oponerse por todos los medios a la educación política de los pueblos.
Si un grupo sedicente de izquierda no ve en la educación política de la población una tarea fundamental, necesaria e indispensable para su acción revolucionaria, entonces, es evidente, a todas luces, que su intención es mantener subyugada a esa población, impedir por todos los medios posibles, hasta los absurdos como los que la presidencia municipal de Chimalhuacán utilizó en este caso, para que no escape a su control e impedir su acción transformadora.
La errónea determinación de la presidencia municipal, además de representar un intento por obstaculizar la realización de un justo y merecido homenaje a las víctimas de la voracidad asesina, de la ambición sin escrúpulos del cacicazgo en Chimalhuacán, también nos señala con toda claridad cuáles son los intereses que defienden los grupos que vociferan ser de izquierda; no son los del progreso, sino los del oscurantismo reaccionario que nos vuelve a colocar en los tiempos de la violencia caciquil.
Se debe reconocer que la postura adoptada por el Gobierno municipal en este caso concreto está relacionada estrechamente con el envalentonamiento del pequeño burgués ególatra, de su tendencia a la mezquina avaricia y ambición de poder personal, que es lo que en realidad se encuentra en el centro de su envoltura de fantasía izquierdista.
La masacre de Acteal en 1997 es comparable a la ocurrida en Chimalhuacán. Tras aquellos reprobables hechos, los sectores progresistas se indignaron, con justa razón, por la acción perpetrada por los grupos paramilitares en contra de la indefensa población indígena reunida celebrando la oración.
Parece irónico que, ante una nueva muestra del salvajismo de los tiranos, de los caciques, de los ricos, algunos de estos sectores, que antes expresaban su repugnancia ante esos acontecimientos, ahora se muestren conformes tan sólo por el hecho de que los asesinados cobardemente eran antorchistas.
La soberbia demostrada por los funcionarios, su insensible proceder, los coloca en una posición cercana a la simpatía por los lamentables hechos. La conducta adoptada, en el fondo, avala la masacre; por lo bajo se deja ver su beneplácito por los acontecimientos.
No se nota diferencia alguna entre la actitud de un supuesto grupo progresista y la de un férreo defensor del cacicazgo, lo cual nos indica con toda claridad que regresaron al poder vestidos de otro color.
El progreso alcanzado en Chimalhuacán en el lapso de más de veinte años fue posible gracias a la política sustentada en la tolerancia, el acuerdo antes que la imposición y el respeto a los diferentes sectores de la sociedad en el municipio.
Hoy se puede notar el deterioro de la infraestructura lograda con el esfuerzo popular, el abandono de proyectos que ofrecieron un impulso al bienestar y al nivel de vida de los habitantes del municipio, lo cual significa el regreso a los tiempos del rezago social; sin embargo, el daño más grande hacia la población humilde es el regreso a la política del sojuzgamiento, de la soberbia bajo un nuevo ropaje.
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