Como seguramente muchos recuerdan, desde su campaña política por la presidencia de la república y durante el tiempo que lleva al frente de la misma, Andrés Manuel López Obrador ha hecho del combate a la corrupción uno de los objetivos principales de su gobierno; incluso, al asumir la presidencia, prometió desterrarla. Sin embargo, especialistas en la materia “señalan que el presidente ha concentrado la lucha anticorrupción en su imagen personal, ha debilitado a las instituciones de transparencia y ha usado al Ejército para justificar la opacidad”, opinaba Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos: Laboratorio de Políticas Públicas, a principios de diciembre pasado, agregando que “en general ha habido más retrocesos que avances”, y consideraba que el presidente “nos ha dado señales de que este combate por un lado no va en serio y, por otro lado, quiere hacerlo fuera de las instituciones.” (Forbes, 9 de diciembre de 2021).
Y tal parece que los datos que proporciona Transparencia Mexicana, una organización no gubernamental (ONG) creada en 1999, publicados apenas hace unos días (24 de enero), coinciden con la percepción de Dalia Toledo. Esta ONG presenta un resumen de la edición 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional. En dicho documento, que incluye la opinión de especialistas, de analistas de riesgo financiero, de académicos y de personas de la iniciativa privada, se analiza la situación en que se encuentra la corrupción en cada uno de los 180 países evaluados. Con relación a México el IPC, entre otras, cosas dice lo siguiente:
“Hay una creciente preocupación por el uso político-electoral en las fiscalías mexicanas, que pese a gozar en muchos casos de autonomía formal, no son vistas como órganos independientes al gobierno. Su actuación presenta sesgos favorables o negativos dependiendo del grupo político al que se investiga… El Sistema Nacional Anticorrupción es la suma de sus partes…”, por ello, entre otras medidas recomienda que “Las instituciones y organismos que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción deben ser evaluados en términos de su desempeño individual, con un enfoque de resultados y no solo de procesos”, y que es importante mantener la intervención, entre otras instituciones, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia anticorrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción viene, pues, a confirmar el hecho cierto de que existe un uso político-electoral en órganos formalmente autónomos pero dependientes del gobierno, más en concreto, añado yo, del presidente López Obrador, quien desde las mañaneras no se recata en acusar, juzgar y condenar a todos aquellos que disienten de él o que considere opositores a la cuarta transformación.
Veamos ahora las calificaciones que obtuvo nuestro país de acuerdo con el IPC. “México sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.” Además, no mejoró su calificación, pues se mantuvo en 31 puntos, la misma del año 2020 (en una escala del cero a 100, donde 100 es la mejor calificación), por lo cual nuestro país ocupa la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional. Un artículo del Financial Times (citado por latinus.com, del 22 de noviembre de 2021), que también se refiere al tema en cuestión, recuerda que el presidente López Obrador en su discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrado en noviembre del año pasado, dijo que en México “hemos aplicado la fórmula de desterrar la corrupción y poner el dinero ahorrado (se entiende que como resultado del mentado combate, AAP) en ayudar a la gente.” Pero ahí están los datos y la percepción de los especialistas. Hasta quienes reciben las ayudas saben bien que no les alcanza para solventar todos sus gastos, y seguramente muchos preferirían que los programas sociales que fueron cancelados de un plumazo -porque según el presidente en ellos había corrupción-, siguieran funcionando porque a través de ellos recibían más beneficios. Además, hay información que indica que, como dice el dicho popular, al gobierno federal le está saliendo más caro el caldo que las albóndigas.
En su columna del 27 de enero en el diario El Universal, el periodista Carlos Loret de Mola da cuenta de un mecanismo a través del cual las llamadas “tarjetas para el bienestar” se han venido utilizando tanto por algunos despachos de abogados especialistas en derecho fiscal como por organizaciones criminales. Ello se facilita, dice, por “el desorden en el reparto del dinero de los programas sociales del gobierno…”; asegura que existen más de 10 millones de tales tarjetas en circulación y que debido a la facilidad con que se reparten, pues los requisitos son bastante fáciles de cubrir, “están fuera del radar de las autoridades bancarias, fiscales y antilavado de dinero.” Los abogados fiscalistas las utilizan para aquellos de sus clientes que quieren “esconder dinero”, pues tales tarjetas facilitan “hacer depósitos hormiga de dinero en efectivo” a fin de que no sean detectados por la autoridad fiscal y de antilavado de dinero. ¿Y cómo las consiguen? De acuerdo con el periodista, despachos de abogados fiscalistas “tratan” de conseguir paquetes de dichas tarjetas “de 200 o 500” dentro de “la administración federal” para los fines de sus clientes. A tales despachos se les conoce ya como “los nuevos factureros”. ¿Qué pasó, entonces, con la anunciada lucha del SAT en contra de las factureras? ¿Es en verdad tan difícil detectar quiénes dentro de la misma administración de la 4T están vendiendo, no unas poquitas sino paquetes, de estas tarjetas?
Por lo que hace a los grupos criminales, en virtud de que la tarjeta del bienestar está afiliada a los programas sociales impulsados por el actual gobierno federal, esos grupos indican a los jóvenes cooptados por ellos que tramiten su tarjeta Jóvenes Construyendo el Futuro, una vez que la reciben la organización les deposita ahí su sueldo “y ese dinero queda automáticamente lavado.” (Loret de Mola, misma columna citada). El joven orillado por la miseria a participar, aunque sea como vigilante, ni siquiera debe acudir al banco por su tarjeta, pues se le envía por correo al domicilio que haya indicado y se activa en cualquier sucursal bancaria. ¿Cuántos de los jóvenes inscritos en ese programa, conocidos como “ninis”, se encuentran ya en las garras de los grupos criminales? ¿Es ahí donde van a desarrollar o fortalecer “hábitos laborales y competencias técnicas” para aumentar -que no asegurar- sus posibilidades de conseguir un empleo a tuturo? Evidentemente, no.
En pocas palabras, las tan publicitadas ayudas en dinero, además de los elementos mencionados en párrafos anteriores, y otros que se mantengan muy bien guardados, no están resolviendo el problema de la corrupción, por el contrario, lo está ahondando. Y es que, simplemente, dentro del modo de producción capitalista la corrupción no puede desterrarse, como erróneamente cree el presidente López Obrador, pero sí puede atenuarse. Solo que para ello se requiere una mejor distribución de la riqueza, que disminuya efectivamente el actual abismo entre un número cada vez menor de ricos, pero cada vez más ricos, y la miseria lacerante de la inmensa mayoría de los mexicanos.
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