Mucho ha hablado el presidente López Obrador de un cambio de política respecto a los anteriores gobiernos, de una transformación radical de la vida pública. Una de las áreas en las que la 4T supone haber dado un vuelco en la atención de los problemas del país es el combate a los grupos delincuenciales que han bañado de sangre al país; dentro de este terreno el presidente ha dicho que los jóvenes deben ser quitados del campo de reclutamiento del crimen, sobre todo el organizado; dice que la mejor forma de debilitar el sustrato del que se alimentan las bandas del crimen es dándole estudio y trabajo a los jóvenes. Fueron creados tres programas exprofeso para materializar esta idea presidencial; así ocurre muy seguido con los poderosos de este país, que sin una evaluación más profunda de las cosas aplican medidas solo porque se les ocurrieron a ellos o las consideran “buenas” y dispone de recursos para realizarlas –lo malo que los recursos que dilapidan, las más de las veces, no son de ellos, sino de los contribuyentes.
Pero el hecho de que se tenga un buen diagnóstico de un problema no garantiza que se tenga la solución adecuada. El presidente acierta en que los jóvenes están nutriendo a los grupos criminales y en que es preciso arrancar de las garras de estos a la juventud; sin embargo, ¿qué solución ofrece?: “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Jóvenes Escribiendo el Futuro” “Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez”, mismos que dan un apoyo mensual de $5,258.00, $2,450.00 y $840.00 respectivamente, a sus beneficiarios. Pero veamos cuál ha sido el efecto de estos programas a nivel nacional, medidos por sus resultados más gruesos.
“En nuestro país, más de 30 mil niños, niñas y adolescentes han sido cooptados por el crimen organizado y se estima, reciben un pago de hasta 35 mil pesos mensuales. De acuerdo con la organización Reinserta, la narcocultura, el consumo de drogas, la violencia intrafamiliar y el abandono, han sido los principales factores que han provocado que menores de edad sean integrados a las filas de la delincuencia organizada.” Contiene una nota de Sarahi Uribe, de El Sol de México, del 13 de octubre de 2021. Después añade: “El estudio señala que son los menores de edad quienes fungen como reclutadores de otros menores y no existe distribución de actividades en razón de género, edad y tipo de delito.” La máquina de reclutamiento de los criminales está aceitada y funcionando.
Por otro lado, el Diario La Razón, en nota de Jorge Butrón, 12/02/22 (razón.com.mx) da cuenta de que “organizaciones en defensa de los derechos del menor y expertos alertaron que pese a haber advertido que hay 250 mil niños, niñas y adolescentes en riesgo de ser coptados por bandas del crimen organizado, el problema persiste, e incluso, la cifra podría elevarse este año, debido a la violencia que está aumentando en algunas entidades del país, por lo que hacen un llamado urgente para tipificar el reclutamiento involuntario como delito. A casi medio año de que la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) presentó un informe en el que se alertaba del riesgo en México, no se ha hecho nada, señaló a La Razón Tania Ramírez, directora de la organización. Añadió que lo primero es reconocer que el reclutamiento es un delito, además que los niños son víctimas, pues ellos no elijen ese estilo de vida, sino que son forzados, impulsados por diversos factores, como pobreza, abandono escolar, violencia intrafamiliar e, incluso, cercanía con zonas de influencia del narcotráfico…” Niñez y juventud a merced de los delincuentes.
Aquí una cruda cita de por qué grupos criminales buscan gente joven: “Las vidas de los jóvenes al interior del narcotráfico son “prescindibles, sin valor, desnudas de atributos o cualidades sociales […] desechables. Son vidas expuestas al poder de darles muerte […] fácilmente olvidados porque son culpables de su propia suerte […] Son vidas indiferenciables unas de otras, fácilmente sustituibles (Córdova y Hernández, 2016, p.561).” (Revista Conjeturas Sociológicas, Sept-Dic 2017). Más claro, imposible.
Hay ahora, entonces, decenas de miles de menores reclutados, hay cientos de miles listos para serlo y hay decenas de miles que ya han muerto después de haber sido reclutas, como informa lopezdoriga.com el día de hoy, 15 de febrero de 2022: “El reporte ‘MX: La Guerra en Números’, de T-ResearchMX, detalla que, de acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018 al 14 de febrero de 2022, tiempo que lleva la actual Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías estatales y federales han registrado 112 mil 643 homicidios dolosos en México. Haciendo la comparativa de los homicidios dolosos en el mismo periodo en otros sexenios, el actual Gobierno encabeza el registro (…) superior al de la Administración pasada, con Enrique Peña Nieto, que registró 67 mil 388.” A juzgar por los insobornables números, la estrategia lopezobradorista de contención del crimen es el doble de peor que la de su antecesor.
El fenómeno no cede ante las pretendidas innovaciones del gobierno. La realidad azota en la cara de la 4T; la aceitada maquinaria del crimen mexicano es parte de una más grande, el sistema económico nacional y mundial, misma que no conoce y no entiende su líder; por eso este dispara proyectiles ante los cuales el monstruo se carcajea, avanzando sin piedad.
México necesita gobernantes a quienes les preocupe el bienestar del pueblo pero que a su vez tengan una preparación sólida que les permita proponer alternativas científicamente viables para resolver los problemas nacionales. De no ser así, seguiremos viviendo en toda su crudeza los efectos del que queriendo arreglar lo que no conoce, lo echa a perder todavía más; y en este caso eso significa seguir matando quiérase que no, al futuro del país.
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