El derecho de petición y el derecho de manifestación están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 8º dice que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule de manera pacífica y respetuosa. En materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república.
A toda petición deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer al peticionario dentro del término no mayor a cuatro meses.
El pueblo trabajador se tiene que organizar y dar la lucha para resolver sus demandas y así recordarle a la autoridad que el presupuesto que tiene es un recurso aportado por el pueblo a través de sus impuestos.
El derecho de manifestación dice que no se considerará ilegal una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto.
El derecho de reunión en nuestro país se encuentra en el artículo 9º de la Constitución de 1857. En la Carta Magna de 1917, se menciona que a nadie se le puede coartar el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito.
En estos días que corren, hemos hecho válido este derecho que tenemos todos los mexicanos. En varios municipios duranguenses, hombres y mujeres organizados en el Movimiento Antorchista de Durango, con mucho ánimo de progreso para sus pueblos y colonias, grupos importantes se han apersonado en los diferentes municipios del estado para dar a conocer de viva voz las carencias que padecen sus pueblos, y donde han planteado a los alcaldes de estas municipalidades la urgente intervención, resolviendo las diferentes peticiones que el pueblo organizado les ha planteado.
En los municipios donde trabaja nuestra organización, son poblaciones donde la mayoría tiene carencias de agua potable, arreglo de caminos, apoyo para los campesinos como semilla de avena, alimento para el ganado, entre otras. Tal es el caso del municipio de Mapimí.
En el municipio del Mezquital hay un mundo de carencias, ya que este municipio es considerado de los más pobres del estado, donde la intervención de los tres órdenes de gobierno es urgente, ya que en los pueblos no hay buenos caminos, los centros de salud están en el abandono total, la falta de trabajo, falta de alimentos, el agua potable es un lujo, etcétera.
Tales son ejemplos que se pueden reflejar en los demás municipios, y donde hacemos el llamado a los gobiernos municipales y estatal para la atención y solución definitiva a este cáncer social que es la pobreza que padecemos la mayoría de los duranguenses.
Del PEF 2025, nuestro estado tiene autorizado 47 mil 760 millones 960 mil 717 pesos. Para Secope, en este año tiene para ejercer en obras públicas mil 40 millones 760 mil 226 pesos; para atención al campo se tiene un presupuesto autorizado de 205 millones 434 mil 809 pesos.También es importante subrayar que en el tema social, por parte de bienestar del estado, se tienen programados 631 millones 842 mil 236 pesos.
Para salud están presupuestados 4 mil 203 millones 651 mil 499 pesos; para el DIF estatal se tiene programado un presupuesto de 695 millones 41 mil 911 pesos. En materia de participaciones a municipios y aportaciones a municipios se tienen programados 4 mil 99 millones 403 mil 725 pesos y 3 mil 297 millones 318 mil 96 pesos, respectivamente.
Como vemos, se cuenta con recursos para atender las demandas y carencias de la población, pero como sabemos también, los funcionarios encargados de las dependencias, así como autoridades municipales, siempre nos echan en cara que no hay recursos.
Por esa razón, el pueblo trabajador se tiene que organizar y dar la lucha para recordarle sus demandas y así exigirle a la autoridad que el presupuesto que tiene es un recurso aportado por el pueblo a través de sus impuestos.
Conscientes también de la reducción del presupuesto nacional, donde el gobierno morenista redujo a varios rubros tan importantes como la salud, la educación, el campo, la infraestructura, etcétera, también se ha dedicado a atomizar la organización popular, para que no haya reclamo social a las políticas equivocadas que ha implementado el actual gobierno, donde los mexicanos más perjudicados somos la población más vulnerable económicamente.
Por eso, la organización popular es la herramienta más efectiva para los mexicanos más desprotegidos, para que hagan valer sus derechos constitucionales y solución efectiva para sus demandas más apremiantes de sus pueblos y colonias. A mis compañeros antorchistas les hago el llamado a que se organicen y luchemos juntos por el desarrollo de nuestros pueblos y colonias de nuestros municipios.
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