Partimos de la premisa de que en la actualidad en México el número de personas en situación de pobreza aumentó en 3.8 millones de personas en comparación con 2018, periodo en el que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo anterior, con base a los resultados de la “Medición multidimensional de la pobreza en México 2018-2020” del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Al respecto, cabe resaltar que en 2018 había 51.9 millones de personas en situación de pobreza, mientras que, en 2020, dicha cifra incrementó a 55.7 millones.

En este contexto, en medio de la contingencia sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2 todavía vigente y que ha causado estragos en la vida de las familias produciendo daño y muerte de miles de personas, México enfrenta el enorme reto de que la recuperación del país pueda sentirse en la vida cotidiana de todos los ciudadanos y no solo a través de la asignación de programas de bienestar.

Derivado de lo anterior resulta paradójico que las acciones del Gobierno federal, cuyo lema principal es “primero los pobres” tenga resultados alarmantes en torno al incremento de la pobreza en el país.

Al respecto, el investigador Marco A. Mares, de El Economista, refiere que “a pesar de que el monto total de programas sociales aumentó 45 por ciento, la transferencia para el sector más vulnerable ¡cayó 32 por ciento! En cambio, el apoyo para la gente con más ingresos subió ¡300 por ciento!”

En este sentido es sabido que el aumento de la pobreza normalmente depende de un mayor o menor crecimiento de la economía o si la inflación sube, también de que si los empleos van mal o si se concretan escenarios de riesgo a nivel global, pero principalmente, y muy pocas veces reconocido por los economistas y los gobiernos actuales, por la inequitativa distribución de la riqueza y la explotación de la clase obrera, que representa a la mayoría de la población, en quienes recae la carga de la producción y a quienes no se les reconoce con equidad y justa proporción en el reparto de la riqueza producida; desafortunadamente para la administración de López Obrador, todos estos riesgos se presentaron con la covid-19, no obstante, hay que observar que durante esta contingencia sanitaria no se modificó la estrategia de defensa de los más pobres, lo que dio como resultado el elevado índice de aumento de la pobreza, situación que revela el padecimiento de las familias mexicanas ante la operación de políticas económicas erróneas y una administración pública ineficiente para manejar adecuadamente esta problemática.

Como todos los años, el Presupuesto de Egresos de la Federación fue discutido en la Cámara de Diputados, que son quienes tienen la facultad exclusiva de velar por encontrar un balance entre un gasto público razonado, la estabilidad económica del país, la equitativa distribución de la riqueza, y que, al mismo tiempo, encuentre las vías óptimas de crecimiento y desarrollo. No obstante, ante la polémica y el sentido de la discusión de nuestros legisladores y la imposición presidencial en San Lázaro mediante el bloque oficialista que representa Morena, podemos advertir que en el Ejercicio Fiscal 2022 no tendremos este balance razonado y el crecimiento óptimo.

Estamos en un momento crucial para el país, pues a pesar de que supuestamente se mantienen a la baja los contagios por la pandemia de covid-19 y la situación sanitaria parece, al menos por ahora, controlada, los efectos económicos no han sido superados y las evidencias de pobreza son abrumadoras. En estas condiciones del mal ejercicio del poder público por la administración de López Orador, México enfrenta el enorme reto de que la recuperación del país pueda manifestarse realmente entre los ciudadanos que día a día consumen su fuerza laboral en las diversas actividades productivas formales e informales que dan vida a la economía y generan la riqueza del país, y que en esta modalidad de capitalismo que se manifiesta en México, protegido y auspiciado por la 4T, favorece la explotación disfrazada de los trabajadores, favoreciendo los intereses de los grandes capitalistas que dominan los medios de producción y acaparan la riqueza fruto del esfuerzo y trabajo del pueblo.

Para revertir esta situación no solo es necesario la asignación de programas de bienestar -asistencialistas y clientelares en su mayoría-, sino con empleos formales suficientes, dignos y productivos, en los que se reconozca el esfuerzo de los trabajadores mexicanos con una remuneración justa y las condiciones adecuadas, privilegiando el resguardo y la garantía de los derechos humanos. Esa clase de crecimiento y su posterior desarrollo solo puede ser realizable conforme a la asignación de un gasto público que favorezca la inversión, la productividad y dinámicamente la competitividad del país en pro de generar oportunidades y condiciones para todos, en donde se reconozca el esfuerzo de los trabajadores mexicanos que hace posible la generación de la riqueza.

Al respecto, cabe resaltar que en la propuesta de ingresos y egresos que elaboró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que fue aprobada por los diputados morenistas y sus aliados, el paquete económico 2022 estima un gasto neto de 7.08 billones de pesos, cifra inimaginable para los miles de trabajadores que sostenemos la economía nacional. De este multimillonario recurso, se destinará mil 172 millones de pesos para el pago de pensiones, otros 120 mil millones se irán a las tres mega obras de López Obrador: el aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Mientras que por otra parte le reducen sustancialmente la aplicación de recursos a lo que de verdad importa para el desarrollo integral de las familias de los trabajadores: salud, educación, apoyo a los pequeños negocios, cuidado del medio ambiente, etc.

De acuerdo con este presupuesto aprobado irresponsablemente habrá una reducción de 94 por ciento con respecto al año anterior en financiamiento a microempresas familiares; 93 por ciento menos de presupuesto para el Programa de Apoyo al Empleo; reducción de 11.2 por ciento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como 22 por ciento menos para el Desarrollo Agrario del país; mientras que por otro lado la Secretaría de Economía, la encargada de producir estímulos al desarrollo, la inversión y el crecimiento de México, tendrá una reducción del 45 por ciento de su presupuesto con respecto al 2020. Estas reducciones fundamentales impiden pensar en un proyecto de recuperación, crecimiento sostenido, justicia social y distribución equitativa de la riqueza a largo plazo, con una estrategia que no sea nada más apostar a proyectos como los megaproyectos altamente cuestionables, y los apoyos asistencialistas con fines preponderantemente electorales.

De esta forma se acredita que en el gobierno de López Obrador el combate a la pobreza es una farsa, ya que, el mensaje es muy claro, desde el partido con mayoría en el Congreso de Unión; impulsar a toda costa los proyectos prioritarios del gobierno que según dicen, serán eje rector de la economía nacional hacia futuro; el problema es, ¿y si la apuesta sale mal?, como a todas luces se anticipa, entonces se habrán puesto todas las esperanzas en cosas que probablemente no funcionen como han sido planeadas y ahí sí, comprometido el futuro del país, como bien dijo López Obrador al inicio de su mandato presidencial, su administración va a marcar la historia del país, y lo está haciendo, pero mediante la desgracia y sufrimiento del pueblo que confió en él.

Por eso los antorchistas de todo el país nos pronunciamos y denunciamos la irresponsabilidad del presidente de la 4T, y de los diputados oficialistas en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, por las consecuencias que se anticipan en contra del pueblo mexicano, mediante el cual se advierte que se profundiza desigualdades en el país, y un inevitable incremento continuo de la pobreza. Vale.