MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Gobierno de Quintana Roo amenaza a colonias populares de Chetumal

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No es posible el trato del Gobierno del estado contra las colonias antorchistas de Chetumal; el derecho a tener un pedazo de tierra, de patrimonio, lugar donde la gente trabajadora llega a descansar después de una brutal jornada de trabajo. Amenazar al humilde con todo el peso de los impuestos, y todavía quitarle el lugar donde vive, no es justo.

En días pasados, autoridades de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (PPA) emitieron un mandato de verificación a colonias irregulares y colocaron un sello de clausura en las colonias Fraternidad, Mártires y Esperanza Antorchista de Chetumal.

No vamos a permitir que gente sin sentido humanista nos arrebate nuestro patrimonio, que nos costó mucho sudor y esfuerzo, lo que por años hemos construido para nuestros hijos.

¿Sabes cómo se le llama a este tipo de acciones? Intimidar a las personas que viven en esos lugares. Eso sí es un delito y lo menciono porque en la última reforma DOF08052023, artículo 219 sobre intimidación, dice:

  • El servidor público que por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que esta o un tercero denuncie, formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la Legislación Penal o por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
  • El servidor público que con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia la fracción anterior realice una conducta ilícita u omita una lícita debida que lesione los intereses de las personas que las presenten o aporten, o de algún tercero con quien dichas personas guarden algún vínculo familiar, de negocios o afectivo.

Eso para que vean que las autoridades están actuando mal. No nos pueden molestar en nuestros domicilios.

La emisión de dicha orden fue autorizada por el licenciado Alonso Fernández Lemmen Meyer, actual procurador de la PPA. La supuesta infracción cometida, según ellos, es por "dañar al medio ambiente".

Las colonias, por lo menos la Fraternidad, llevan más de diez años y La Esperanza cinco años de fundadas. ¿Por qué ahora?

Somos cientos de personas humildes que vivimos con lo mínimo; estamos en estas colonias porque el sistema de vivienda no nos puede dar una, no podemos comprarle al gobierno una de esas casas mal construidas.

Ahora resulta que estamos dañando el medio ambiente. He de aclarar qué daños son estos: la tala de diez millones de árboles, aproximadamente dos mil 400 cenotes contaminados.

Muchos ya saben de qué les hablo. Así es, de la megaobra del Tren Maya del Gobierno federal. 

El daño será irreversible. Vamos a perder flora, fauna y cenotes milenarios. A ver, ¿por qué no les han llevado un sello a ellos?

Otro dato es la construcción del parque que va a suplantar el lugar donde se hacía la feria aquí en Chetumal, es un espacio de cerca de 30 hectáreas con un costo de 300 millones de pesos. Ahí también hay árboles y es una zona pantanosa por naturaleza que van a desaparecer, ¿y ahí quién dice algo?

Nosotros no estamos de acuerdo con la forma de actuar de los servidores públicos, y si caminamos un poco por la bahía de Chetumal, observarán que hay varias construcciones que no deben hacerse, pues dañan el manglar y contaminan de manera directa la bahía.

Ahí sí no se debe construir nada, pues es patrimonio de todos los chetumaleños. Como ven, esto no es aceptable.

Ya es momento de organizarnos y defender lo que nos costó mucho sudor y esfuerzo, lo que por años hemos construido para nuestros hijos. No vamos a permitir que gente sin sentido humanista nos arrebate nuestro patrimonio.

No toleraremos que el Gobierno, que caminó en momentos de elecciones por nuestro voto, nos quiera despojar. Pongamos un alto a las intimidaciones.

Invito a todas las colonias afectadas a una marcha pacífica este próximo 28 de agosto; saldremos del Museo de la Cultura Maya en punto de las nueve de la mañana hacia el palacio de Gobierno.

Vamos a hacer valer nuestro derecho de expresión, ya que no estamos de acuerdo con el actuar de la mandataria estatal. ¿Vale?

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