El comportamiento de la inflación no sólo refleja una recuperación difícil, como advierten los analistas en economía, sino que pone en evidencia, una vez más, las propias debilidades y distorsiones de la economía mexicana, a tal magnitud que, al día de hoy, de acuerdo con un informe de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 52 millones de mexicanos no pueden comprar la canasta básica, un mal que podría aplazarse si el Gobierno federal, en lugar de discursos, pusiera empeño para contener el alza de precios y de paso impulsar el desarrollo de la economía, compromisos que ha quedado a deber a los mexicanos. 

Estoy totalmente de acuerdo con la Coparmex cuando afirma “que la inflación es el cáncer de la economía y debe controlarse porque afecta más a las personas de menores ingresos”, asimismo, expuso que en México, luego de varias generaciones, los hijos de los trabajadores ahora difícilmente podrán alcanzar el mismo nivel de vida que tenían sus abuelos o sus propios padres, por lo que es lamentable que 40.3 por ciento de la población vivan en pobreza laboral, según las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Millones de personas ocupadas perciben, por debajo del valor de la línea de pobreza, ingresos para subsistir, sin embargo, en los cuatro años al frente del Poder Ejecutivo, la 4T tampoco implementó medidas emergentes para proteger a los trabajadores y a sus familias del flagelo de la pobreza y la desigualdad social.

Vemos que los alimentos que más aumentaron de precio fueron el aceite, la tortilla, el aguacate, los chiles, el tomate verde, el huevo y la carne, productos de primera necesidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), la inflación rebasó durante el cuarto mes del año, 7.68 por ciento, su mayor nivel en dos décadas.

La pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores es, sin lugar a duda, consecuencia de la covid-19, pero también del nulo apoyo del Gobierno federal hacia las micro, pequeñas y medianas empresas, pues al inicio de la pandemia se pensó que Andrés Manuel López Obrador emprendería acciones para ayudar a soportar la carga a los empresarios, pero no fue así.

Desde que López Obrador asumió el gobierno mexicano, prefirió regalar dinero a raudales, sin ton ni son, en su afán por conservar su popularidad y el apoyo de los ciudadanos, en lugar de respaldar acciones de rescate al salario, el poder adquisitivo de los trabajadores y sus familiares. Hoy los bolsillos de los mexicanos están en bancarrota, no les alcanza para adquirir lo necesario a fin de enfrentar la crisis económica.

Son justamente aquellas colonias pobres que no cuentan con servicios públicos los que padecen más esta situación y, pese al llamado de auxilio de la ciudadanía a las distintas autoridades, no se ve una atención seria, como siempre, sólo promesas incumplidas. Algo se tiene que hacer para frenar esta escalada a la baja del salario de los ciudadanos, porque ellos no son los culpables de la situación económica que enfrenta el país; el gobierno tiene la obligación de garantizarles un nivel de vida digno.

Mientras el gobierno no vea por el pueblo, no resta más que exhortar a organizarse, pues sólo así las cosas podrán mejorar, si están unidos y organizados para enfrentar el problema. Por tal razón, hay que trabajar de la mano con Antorcha, así como luchar para mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen, porque los trabajadores en general y todos los ciudadanos que viven al día, son la fuerza que mantiene viva la económica del país, por lo que deben sumarse a la lucha para mejorar sus condiciones sociales, asimismo asegurarles un mejor futuro a las nuevas generaciones.