Para quienes se desempeñan como funcionarios públicos resulta indignante y molesto todo tipo de protesta y manifestación pública por parte de los distintos sectores de la sociedad civil que se sienten excluidos y marginados de los beneficios que el poder gubernamental está obligado a proporcionar a todos los ciudadanos. En efecto, todo aparato de poder que se precie de serlo, debe tener como función primordial prever las necesidades planteadas por el desarrollo y crecimiento de la sociedad y adelantarse a las mismas con soluciones integrales, planeadas centralmente, que eliminen la parcialidad y la improvisación; todo esto, sin dejar de lado la participación de la ciudadanía.
Sin embargo, una parte importante de estos funcionarios se consideran autónomos y prescinden de toda iniciativa ciudadana, niegan la solución de cualquier problemática planteada y en muchos casos, la reprimen. Pareciera que dichas autoridades consideran que la iniciativa social es una actividad ilegítima a la que hay que suprimir resueltamente por la vía de la negativa reiterada y aún de la amenaza franca o encubierta.
La falta de soluciones verdaderas a la enorme problemática social, ha provocado que la sociedad se organice y manifieste su descontento a la desatención prestada por las autoridades en turno, situación que ha provocado encono en algunos grupos que se sienten maltratados y marginados y por los modestos medios a su alcance externan este descontento popular.
El gobierno autodenominado de la Cuarta Transformación no escapa a esta característica, pues no solamente desconoce todo tipo de organización civil y popular, sino que la combate; todo individuo o asociación que vaya en contra de sus designios es catalogado de enemigo, de conservador y se le persigue.
Andrés Manuel López Obrador llegó a la primera magistratura de la nación con un amplio respaldo popular debido a que supo capitalizar la gran inconformidad de millones de mexicanos con los gobiernos anteriores, hizo su eslogan de campaña (“Por el bien de todos, primero los pobres”) y el “combate a la corrupción”, vendió la ilusión de un país mejor para los sectores más desprotegidos: adultos mayores, hombres y mujeres trabajadores, jóvenes y niños.
Pero los casi tres años que lleva en el poder le han bastado para destruir las instituciones existentes y hacer leyes a modo, por eso a nadie debiera sorprender que las manifestaciones populares en contra de las medidas adoptadas por este gobierno son cada vez más frecuentes -y violentas en algunos casos- a pesar de la prohibición y ataques de López Obrador, como está ocurriendo en estos momentos con los grupos feministas que se manifestaron en palacio nacional y en diversas capitales del país con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer. El presidente se quejó de los destrozos que hicieron en Palacio Nacional, pero nada dice de los derechos que les conculcaron, la eliminación de las guarderías, de los refugios temporales para mujeres víctimas de violencia, apoyo incondicional a individuos como Félix Salgado y otros derechos más que de por sí les niegan.
Sin embargo, las feministas no son las únicas que se manifiestan, también en distintos estados de la república, incluido Yucatán, numerosos grupos de antorchistas se manifiestan en contra de las autoridades de sus estados respectivos exigiendo cumplimiento de acuerdos establecidos y solución a sus demandas de obras y servicios. Y no es para menos, la situación económica, social y política agudizada por la pandemia sanitaria es cada vez más complicada, que aunada a la falta de apoyo gubernamental incrementa el ahondamiento de la brecha de desigualdad, pobreza y marginación que padecen millones de familias mexicanas de escasos recursos económicos que viven al día.
Por eso, aunque el presidente de la República siempre tiene “otros datos” y dice que “vamos bien”, la realidad que es más terca que él, lo desmiente. Datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran como el precio de la gasolina y el gas doméstico LP acumuló dos meses y medio de aumentos constantes; convirtiéndose en detonador principal de la inflación en México, misma que llegó a 3.84 por ciento; cuyo impacto provocó que, en términos anuales, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subiera de 3.15 a 3.54 por ciento, de diciembre a enero; y hasta 3.84 por ciento en la primera quincena de febrero. Además, ante el impacto de la covid-19 en la economía, cuatro millones 765 mil 746 mexicanos se sumaron a la pobreza laboral durante 2020, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El resultado de la conjugación de estos males es que 47 millones de personas no pueden comprar la canasta básica.
En Yucatán la contingencia arrastró a 140 mil personas a la pobreza y provocó la pérdida de 21 mil 600 empleos formales, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dañando severamente la economía de miles de familias; es decir, también a la entidad, la pandemia trajo más pobreza y desigualdad. Por eso, distintos sectores de la población se movilizan solicitando apoyo al gobierno estatal y los antorchistas no somos la excepción. Hacemos votos porque los acuerdos tomados en los últimos días de febrero del año en curso, avancen a pesar de la renuncia de funcionarios que participaron en dichos acuerdos, para irse a contender por un puesto en las elecciones que tenemos en puerta.
Si ocurriera lo contrario, marcharemos por las principales avenidas de la capital, para denunciar el incumplimiento de acuerdos y la falta de voluntad para resolver las modestas peticiones que hemos realizado en tiempo y forma. Mientras tanto, llamo a mis compañeros antorchistas a no cejar en nuestra decisión de luchar por mejores condiciones de vida; si para ello fuera necesario manifestarnos, que lo hagamos con decisión. Las autoridades de todos los niveles deberían convencerse de que la mejor manera de impedir que sus gobernados se manifiesten es la atención oportuna y eficaz de sus demandas, pues nadie sale a la calle a protestar, a sufrir hambre, sed, peligro de contagio, sin tener un motivo poderoso para ello. Cada vez somos más mexicanos que protestamos por las graves condiciones de pobreza y marginación que sufrimos, a ellos les decimos como Rafael Alberti, poeta español: “Cantad alto. Oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto. Veréis que miran otros ojos. Latid alto. Sabréis que palpita otra sangre”. Para eso hay que organizarnos, educarnos y luchar como pueblo consciente.
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