Conocido es por todos que, en algún momento de la historia de la sociedad humana, la actividad económica tenía el único propósito de producir servicios y artículos para la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas, pues todos tenían los mismos derechos y la misma posibilidad de acceso a todos los beneficios y actividades de producción.
Posteriormente, por los cambios en los modos de producir y distribuir la riqueza social, el actual fin del trabajo productivo ya no es el de garantizar la satisfacción de necesidades sociales, si no la de salvar y resguardar la prosperidad de los grandes monopolios y el enriquecimiento de sus dueños. Pero este modelo, muy a pesar de lo que ideen de él y su funcionamiento, sus defensores a ultranza, dista mucho de proporcionar progreso y bienestar a la sociedad, al contrario, los datos de pobreza, de salud, el desempleo, la ignorancia, la falta de servicios, los bajos salarios, la inflación y las crisis dictan lo contrario.
En México, la situación económica desde los últimos tres años no tiene rumbo fijo. La pandemia que nos afectó a nivel mundial y cuyas medidas, tanto de sanidad como económicas se efectuaron lo más pronto posible en la mayoría de los países europeos, mientras que en nuestro país se minimizó el problema, no sirvieron para para amortiguar la caída económica y, hasta el momento, no nos hemos recuperado económicamente.
Las pocas y malas políticas que se han aplicado, en lugar de ayudar, aceleran el retroceso, pues lo vemos con las distintas reformas aplicadas que excluyen a las empresas privadas en lugar de promover una competencia y así generar más riqueza en nuestro país, no se apoya a la inversión ni a la productividad.
Para dar muestra del retroceso que presentó el país en lo que los primeros tres meses de 2022, daré algunos datos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la inflación de marzo se ubicó en 7.45 por ciento, cifra más alta para el tercer mes del año desde 2001 cuando se registró el 7.17 por ciento. Gracias a estos altos niveles de inflación, que además han llevado a los bancos centrales a aumentar sus tasas de interés, la factura al costo financiero del país este año será alta, pues según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se prevé que los recursos destinados a este rubro sumen 869,337 millones de pesos en comparación con el dato que se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, en el que se consignó un gasto de 791,463 millones de pesos, sin descartar la posibilidad al alza, pues la inflación y el interés, podrían afectarlo.
En febrero del presente año, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) bajó su pronóstico de crecimiento para México en 2022, del Producto Interno Bruto (PIB) a solo 2.3 por ciento y no 3.3 por ciento como lo había previsto.
El alza de precios en alimentos y energéticos como efecto de la inflación se sentirá con más fuerza entre la población con menores ingresos económicos entre la que se encuentra la gente que labora en el trabajo informal y que no tiene seguro social ni tendrá una pensión, y que, además, es la que tiene los salarios más bajos, pues depende de si venden o no.
Este sector de la población no logra pagar la escolaridad de sus hijos mismos que se unen a las filas del trabajo informal, no viven en condiciones óptimas y que, por lo mismo, tienden a enfermarse por la mala alimentación y la falta de servicios.
Por la falta de ingresos que les impide hacerse de los alimentos básicos y disfrutar de los servicios de salud, vivienda digna, de educación, es necesaria y urgente la intervención del gobierno con la aplicación de programas sociales que logren mitigar la pésima realidad que vive la gran mayoría de la población del país.
En resumen, por las condiciones de vida que nos impone el sistema económico de producción, se torna indispensable que el Estado trabaje en aplicar reformas para ayudar a México a crecer económicamente, a fortalecer e incentivar el aparato productivo.
Levantar la economía de mercado que le dé lugar a la empresa privada y también a la de Estado, siendo esta última la promotora de la justicia social, es decir, que crezca y genere mucha riqueza a precios competitivos y que, además, hacer de esa riqueza un reparto más justo, un reparto más equitativo así de la renta nacional, ya sea aplicando programas sociales o hacerse el gobierno responsable de ver por la salud de todos los mexicanos, mejorar los servicios públicos y que se cobren a un precio accesible para la gran mayoría.
Es momento de que el Estado juegue un papel decisivo en la economía mexicana, que se decida tomar las riendas y que se trabaje para el bien de todos. No hay de otra.
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