Ha pasado la primera mitad del sexenio a cargo de David Monreal Ávila, quien tomó posesión como gobernador de Zacatecas en septiembre de 2021. El ahora mandatario logró una alta aceptación popular por el partido Morena, venciendo en las urnas.
Las expectativas ciudadanas ante su candidatura fueron muy altas. Después de su toma de posesión, varios grupos sociales empezaron a movilizarse mediante protestas públicas.
A pesar del buen trato en las oficinas de Palacio de Gobierno, las solicitudes de obras y servicios esenciales siguen sin resolverse, lo que plantea la pregunta: ¿es imposible resolver las demandas de Antorcha?
Por ejemplo, los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), los maestros de la Secretaría de Educación (SEC) que reclamaban su pago, así como los familiares de víctimas de actos delictivos, entre otros.
Para presionar a la autoridad, tomaron instalaciones de las dependencias relacionadas con sus demandas, mientras que otros cerraron parcialmente el bulevar metropolitano de la ciudad capital para hacerse ver y oír, decían.
Las acciones desarrolladas por ellos en la vía pública fueron muy cuestionadas. Diversos actores de la política local y, principalmente, la ciudadanía afectada por el cierre de vialidades consideraron que se trataba de un acto prematuro e inoportuno, argumentando que se debía dejar actuar al nuevo gobierno, que estaba entrando, y que no había soluciones mágicas ante el desastre heredado de la administración saliente.
A diferencia de otras organizaciones, el Movimiento Antorchista, dirigido por Osvaldo Avila Tizcareño, decidió esperar pacientemente a que las autoridades estatales tomaran el control del Gobierno.
El movimiento entendía que el arranque de la administración es un proceso que requiere conocer la problemática en cada área y consideraron adecuado el nombramiento de Gabriela Pinedo Morales como Secretaria General de Gobierno, dada su trayectoria profesional y familiar en la lucha social. Esto permitió que se lograra la primera plática con la dirigencia.
Después del cordial encuentro con la segunda a bordo del Gobierno, se registraron reuniones con distintos funcionarios. Sin embargo, esto terminó siendo un largo peregrinar de oficina en oficina, donde se pedían listas, se aseguraba que se harían visitas a los domicilios y se realizaría el análisis de las peticiones para evaluar la factibilidad de cada una, pero no hubo solución.
Cabe decir que el pliego petitorio inicial recogía decenas de solicitudes de obras y servicios públicos, así como de apoyos sociales de pobladores de distintos municipios. No obstante, en el documento entregado en 2024, se redujo a sólo cuatro puntos. Los temas más sensibles en las gestiones presentadas ante la Nueva Gobernanza son:
1. Atención al tema de la regularización de colonias populares en Fresnillo y Guadalupe. Para esto no se requieren recursos económicos, sino solo trámites; además, de lograrse, será beneficioso por la aportación a las finanzas públicas a través del predial.
2. Dotación de apoyos a productores del campo y de canastas alimentarias a personas de la zona urbana. Esta petición está respaldada por los expedientes entregados en la Secretaría del Campo y el sistema DIF estatal.
3. Programación de la entrega de apoyos a la vivienda por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot). Aquí, cerca de tres mil personas entregaron sus solicitudes de forma personal.
4. Solución al conflicto administrativo que afectó a Martha Delia González Olivas, ex-Directora del Colegio de Bachilleres de Trancoso (Cobaez). La docente fue víctima de un acto arbitrario y, tras catorce años de servicio administrativo, fue despedida sin ninguna explicación. Hasta el momento, no se ha solucionado el caso a pesar de haber demostrado que se cometió una arbitrariedad en su contra, violando sus derechos humanos y laborales.
Como describí al principio, ya ha transcurrido la primera mitad del sexenio. Sin embargo, las solicitudes no se han resuelto, aunque se trata de obras de carácter elemental: agua entubada, red de energía eléctrica, drenaje para diversas comunidades y colonias, además de acciones de orden social como apoyos alimentarios y de mejoramiento a la vivienda, etcétera.
Si se analizan las solicitudes, se descubrirá que los antorchistas no piden un trato privilegiado; las demandas no implican un derroche de recursos económicos ni abuso. Se trata de problemas reales que no han sido solucionados a pesar del buen trato en las oficinas de Palacio de Gobierno.
Ante la negativa reiterada de los funcionarios, cabe cuestionar: ¿Es imposible resolver las demandas de Antorcha? ¿Qué, o quién, se opone a que los ciudadanos libremente organizados puedan ser atendidos por su gobernador?
La respuesta sólo la saben los funcionarios omisos, que desprecian a la gente que participa en la lucha social, mientras en el discurso declaran ser distintos a los de antes.
Con la política que AMLO impuso en México, en Zacatecas también desconocen los derechos constitucionales. A pesar de ello, los afectados insisten en que los problemas que exponen están plenamente justificados y han pedido el respaldo de Rodrigo Reyes Mugüerza, actual secretario general de Gobierno. Pero como tampoco se tienen resultados, consideran urgente la intervención directa del gobernador.
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