La mayoría de los mexicanos que vivimos con carencias sabemos que la situación económica en nuestro país no es nada alentadora, y si en algo ha mejorado, también lo hicieron los precios de los productos en el mercado.
La inflación en junio de este año, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), se ubicó en 4.98 % a tasa anual al finalizar el mes, su mayor nivel en lo que va de 2024, de acuerdo con el reporte publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta situación afectó a todos, pero en particular a un sector importante de la población: el pueblo trabajador.
Las declaraciones del actual presidente sobre haber sacado a miles de personas de la pobreza no se corresponden con la difícil realidad que viven los hidalguenses.
Ese mismo pueblo que se dedica a trabajar sin descanso para que a su familia no le falte nada o, al menos, lo indispensable. Ese mexicano que sale muy temprano de casa y se encierra ocho horas extenuantes de trabajo ininterrumpido y regresa sin las energías suficientes para realizar otras actividades recreativas.
México es uno de los países con mayor inversión extranjera, pero no precisamente por dar buenos salarios, sino por la explotación laboral a la que es objeto. Esta explotación deja en claro que el gobierno poco hace para que la vida de sus trabajadores mejore.
La situación actual no es nada alentadora y se torna cada vez más preocupante. Ahora el Gobierno morenista otorga datos que no se sustentan con la realidad.
Uno de ellos es el que hace unos días dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su último informe de Gobierno en el Zócalo de la CDMX sobre la situación actual de la pobreza, pues dijo que de 2018 a 2022 salieron de la misma 5 millones 10 mil personas, algo que no sucedía en más de 30 años. Sin embargo, es necesario analizar con más criterio esos datos, sobre todo en la situación actual de los estados.
Según el glosario que da a conocer el Coneval, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
Por situaciones como estas pasamos la mayoría de los mexicanos, pero la preocupación escala en el estado de Hidalgo, donde las demandas más sentidas de los hidalguenses se hacen presentes en las denuncias realizadas durante más de dos años por los antorchistas de ese lugar.
Quienes no han encontrado solución a problemas de obras públicas, servicios básicos, apoyo al campo, pago a maestros, subsidio de los albergues estudiantiles, entre otros problemas que sufren y que el gobierno de Julio Ramón Menchaca Salazar, también de extracción morenista, no ha querido resolver.
La denuncia es pública y con legítima razón, porque en nada se cumplen las declaraciones del actual presidente al sacar a tantos miles de la pobreza, si la realidad que viven los hidalguenses es difícil, precaria y no existe atención por parte del gobierno actual.
En cifras oficiales, el Gobierno del estado sólo invirtió el 0,4 % del presupuesto en infraestructura de salud, mientras que, para este ejercicio fiscal, el Gobierno estatal etiquetó 5 mil 811 millones 660 mil 367 pesos en salud.
Sin embargo, el año pasado asignó mayor recurso, por un monto de 6 mil 504 millones 705 mil 301 pesos, lo que refiere que, de 2023 a 2024, el decremento fue de 693 millones 44 mil 934 pesos.
Mientras tanto, los manifestantes denunciaron que más del 50 % de la población hidalguense no cuenta con servicios de salud y que reciben atención en el Hospital Regional de la Huasteca, que atiende a más de ocho municipios, pero la falta de medicamentos es una constante que está afectando a toda la población.
Y como medida para que el gobernador atendiera sus demandas más sentidas, salieron a manifestarse en la ciudad de Pachuca. La respuesta del Gobierno fue clara y evidente: represión.
Desde aquí solicitamos que se atienda y se escuchen las necesidades de los hidalguenses, que el gobierno atienda las solicitudes que hacen llegar nuestros compañeros, pues es responsabilidad atenderlos y buscar una solución que aminore los problemas esenciales por los que ahora están viviendo.
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