La cuenta regresiva ya está en marcha; al parecer, los días de gloria de la autonomía del Poder Judicial de la Federación están contados, y con esta sentencia, también está sentenciada la división de poderes en nuestra nación. El imperialismo mexicano se quitó la máscara, y con ello conoceremos el verdadero rostro del autoritarismo.
El próximo 26 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados discutirá y aprobará una reforma más a nuestra Carta Magna: la reforma al Poder Judicial.
El enfrentamiento por la autonomía del Poder Judicial es solo una batalla más en la eterna disputa entre los poderosos, mientras el pueblo trabajador sigue pagando las consecuencias.
Este inminente y flagrante atentado contra nuestra Constitución será posible gracias al inmenso poder acumulado por el presidente y su partido Morena, aliado con otros actores en el proceso electoral del 2 de junio.
De los 500 diputados federales que componen ahora la Cámara Baja, 364 curules estarán bajo el control del presidente, asegurando la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.
En el Senado, los 83 senadores aliados proporcionan otra mayoría deseada. A estas alturas, la resistencia difícilmente vendrá de los mexicanos. Si el imperialismo mundial no decide otra cosa, la división de poderes en México ha llegado a su fin.
Y aquí estamos otra vez los mexicanos, divididos, despedazando lo que queda de la Constitución. Unos, aunque no lo sepan, con el presidente arrancando de la Carta Magna lo que no conviene a su interés particular; y otros, con el pueblo más desamparado, empeñados en salvar de ella la justicia social escrita con la sangre de los primeros constituyentes.
Para aumentar la confusión entre los mexicanos que sostienen la riqueza nacional, las manifestaciones ya están en la calle. La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (Jufed) llamó a suspender labores desde el miércoles 21 de agosto, y así lo hicieron. En Colima, los impartidores de justicia también se unieron al paro laboral.
La portavoz de la Jufed, la jueza Juana Fuentes Velázquez, declaró que “la reforma no solo es una amenaza para la justicia y la estabilidad del país, sino que nos encamina a una crisis constitucional sin precedentes”.
Por su parte, Nelson Loranca Ventura, director regional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, advirtió que “cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, la justicia se convierte en un instrumento de opresión, y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quien ostenta el poder”.
En medio de este conflicto, surge una nota que revela los verdaderos intereses detrás de esta disputa constitucional. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la reforma al PJF podría afectar la relación bilateral con EUA y la democracia nacional.
La pregunta es: ¿por qué el embajador de EUA cree que puede dictar lo que nos conviene hacer con nuestra democracia y Poder Judicial?
La respuesta parece obvia: ambos partidos imperialistas en EUA, que hoy se disputan la presidencia, están interesados en la reforma de nuestra Constitución, y el presidente y su sucesora lo saben perfectamente, en perjuicio de los mexicanos.
La lucha en torno a la autonomía del Poder Judicial no es en favor o en contra de los intereses del pueblo trabajador mexicano. Cualquiera que sea el resultado, es el pueblo el que siempre pagará las consecuencias.
Son las clases económicamente dominantes, tanto nacionales como extranjeras, quienes manipulan nuestra Constitución para su beneficio.
Lenin, en relación a contiendas como esta, señaló que las aspiraciones de las clases sociales chocan entre sí, y que la historia está llena de lucha entre pueblos y sociedades. La teoría de la lucha de clases nos permite comprender este caos aparente.
Las diferencias en la situación y condiciones de vida de las clases sociales son el origen de estas aspiraciones contradictorias.
Se dice que AMLO y el nuevo Congreso pretenden con la reforma al Poder Judicial destituir a mil 600 jueces, magistrados y ministros, para reemplazarlos por otros electos por votación popular en 2025.
Pero, ¿no hemos elegido siempre a nuestros gobiernos por votación popular, y los más pobres siguen en la misma pobreza y marginación?
Por tanto, la reforma al Poder Judicial no es, por ahora, incumbencia de los más pobres. Lo que nuestra Constitución necesita no es una reforma, sino una revolución.
Y trabajar y prepararnos para ello, sí nos incumbe a todos. Sigamos remando con más fuerza; el momento de cobrar las facturas llegará.
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