La reciente reforma judicial en México ha generado un debate acalorado sobre la manera en que se eligen y manejan los jueces en nuestro país. La controversia no es nueva, pero la propuesta actual de Morena ha traído a la luz una cuestión fundamental: ¿debemos elegir a los jueces por sus méritos o dejar que las mayorías decidan “democráticamente”? Esta aparente dicotomía, sin embargo, es engañosa y simplista.
El dilema entre un sistema democrático populista para la elección de jueces y un sistema meritocrático parece, en principio, un debate legítimo.
La discusión sobre la reforma judicial revela un problema más profundo: el sistema socioeconómico que perpetúa la desigualdad y la injusticia en México.
Por un lado, se argumenta que las mayorías deberían decidir quiénes son los mejores jueces, confiando en la sabiduría popular y en que el pueblo se informará y participará activamente en la votación de los jueces. Sin embargo, quien tiene la maquinaria de movilización electoral y todos los recursos para la publicidad es el partido en el poder.
Por otro lado, se defiende que el mérito debería ser el criterio principal, confiando en que los jueces más capacitados desempeñarán mejor sus funciones. Sin embargo, este antagonismo es falso.
La realidad es que la "meritocracia" en el sistema judicial mexicano ha demostrado ser, en muchos casos, sinónimo de nepotismo. Según la propia ministra Norma Piña, el 49 % de los trabajadores del Poder Judicial tienen relaciones familiares en los órganos jurisdiccionales, lo que evidencia que el "mérito" más que ganarse, se hereda.
La reforma judicial propuesta, supuestamente, busca acabar con estos abusos actuales y los vicios en el Poder Judicial. Sin embargo, hay que ser cautelosos.
Las reformas, si bien necesarias en algunos momentos históricos, no son más que un paliativo. Si no se cambian las estructuras de poder que permiten estos abusos, lo único que se logra es comprar tiempo hasta que nuevos abusos y nuevas injusticias emerjan.
El problema de fondo no radica solo en los abusos de poder, sino en los mecanismos del poder mismo que permiten y hasta facilitan estos abusos. La verdadera pregunta es: ¿queremos una reforma que simplemente corrija los excesos o necesitamos una transformación estructural que acabe con el uso arbitrario del poder que se ejerce en contra de las mayorías?
En el contexto actual, todo indica que lo que se busca no es otra cosa que la perpetuación del grupo que ostenta el poder.
Morena, con su capacidad de movilización y control sobre la propaganda, se asegurará de que los jueces que ocupen las posiciones clave en el futuro se alineen con sus intereses.
De ese modo, se elimina la posibilidad de jueces independientes que puedan contradecir las decisiones de la nueva presidenta, como de hecho sí ocurrió anteriormente cuando el Poder Judicial echó para atrás varias leyes secundarias propuestas por López Obrador por ser inconstitucionales.
Ahora, con la mayoría calificada en su poder, Morena no sólo impulsará cambios en el Poder Judicial, sino también en otras áreas clave del sistema político y económico.
Se habla de una posible militarización constitucional de la seguridad pública, un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la eliminación de organismos autónomos, y la reforma electoral que eliminaría a los plurinominales, afectando gravemente la representación de las minorías.
La “cuarta transformación”, que se llena la boca en decir que “no son iguales” (ahora sorprendentemente en boca de Alejandro Murat, expriista y ahora morenista, cuya familia ha saqueado durante años Oaxaca), recurre a las viejas prácticas priistas para hacer sentir su poder.
Tales figuras alguna vez encarnaron los vicios del pasado, como Bartlett, Murat y los Yunes (quienes han sido priistas, luego panistas y ahora apapachados por los morenistas y sobre los que pesan acusaciones fuertísimas como: documentación falsa, enriquecimiento ilícito y daño al erario), y han resurgido bajo el manto de Morena, recordándonos que la historia política en México tiende a repetirse con los mismos actores, sólo que con nuevos disfraces.
Termino. La discusión sobre la reforma judicial es sólo una manifestación más de un problema mucho más profundo.
No se trata únicamente de reformar estructuras para corregir abusos dentro del sistema, sino de reconocer que el verdadero obstáculo es el sistema socioeconómico en el que vivimos.
Las reformas paliativas, como las que se proponen hoy, sólo le dan aire vital a un modelo profundamente injusto para millones de mexicanos.
Las injusticias que enfrentamos no son sólo legales, sino también sociales, políticas y, sobre todo, económicas. Mientras no se proponga un cambio estructural que permita una verdadera emancipación de las grandes mayorías de este país, estaremos condenados a ver las mismas dinámicas de poder repetirse una y otra vez.
Lo que México necesita no es una reforma más, sino una transformación que rompa con las cadenas que perpetúan la desigualdad y la injusticia.
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