* El Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto se halla en estado crítico por falta de médicos especializados, enfermeros, equipos, medicinas e insumos
La situación actual del HCIMP ha sido dada a conocer por su personal médico en huelgas y manifestaciones públicas, en las que, además de denunciar la violación a sus derechos laborales, han revelado que en la última década aumentó de manera alarmante el número de pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial y los cánceres.
Su personal médico ha demandado a los gobiernos Federal y estatal que refuercen con la mayor urgencia posible los trabajos de prevención del sistema de salud local, pero hasta ahora la única respuesta es el rumor de que el hospital podría ser federalizado.
Esta posible solución fue planteada en marzo de 2021 por la Alianza Empresarial de San Luis Potosí (AESLP), cuyos dirigentes consideraron que “mientras esto no ocurra, dicha institución no podrá brindar un servicio de salud eficiente para los ciudadanos…
“Uno de los hospitales más importantes de la ciudad no cuenta con fondos para poder operar, y para variar no puede recibir donaciones porque la ley no lo permite. Por ello, la única solución es que el Gobierno Federal absorba de una vez este nosocomio y se le apoye directamente desde la Federación”.
Lo cierto es que el HCIMP –añadieron– “no puede seguir como está, ya que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no le da los recursos que necesita y por ley no puede cobrar por sus servicios; si tú no puedes cobrar y no tienes los recursos, pues entonces estás sin posibilidades de dar un servicio como se debe”, reiteraron.
Uno de los trabajadores inconformes –de quien se omite el nombre para evitarle represalias– dijo: “Todos los médicos estamos trabajando bajo protesta, por el desabasto de insumos y medicamentos, particularmente los destinados a tratamientos oncológicos; es obligación del centro de trabajo proveer de los insumos necesarios para atender a los pacientes, además del reclamo por el pago de salarios y prestaciones pendientes, que en total suman más de 500 millones de pesos”.
La carencia de insumos e instrumentos quirúrgicos ha ocasionado en los últimos años el retraso o la suspensión de más de 300 cirugías. En esa situación se hallaron 39 pacientes con cáncer de mama que desde mediados de enero de 2021 no recibían tratamiento, pese a que su unidad oncológica es la más acreditada en el estado.
Desde noviembre del 2020, después de la transición provocada por la creación del Insabi, el Hospital Central es administrado por los Servicios de Salud; cuenta con 250 camas censables y 174 no censables, en las que se atiende a pacientes de 76 enfermedades diferentes, además de que está vinculado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y funciona como escuela.
La demagogia no resuelve…
En noviembre de 2022, el gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo Cardona, realizó un recorrido de supervisión en el HCIMP durante el que entregó camas, cunas, incubadoras fijas y portátiles, ventiladores pediátricos; unidades de electrocirugía y anestesia, mesas quirúrgicas y de examinación; flujómetros de oxígeno, sillas de ruedas, camillas y lavabos de implementos.
El mandatario explicó que con mobiliarios y equipos nuevos, financiados con 900 millones de pesos (mdp) aportados tanto por la Federación como por su administración, se dignificaba el servicio de salud a la población, se cumplía un compromiso y se dejaba “atrás” la demagogia y la mentira…
“Esto es una muestra, una realidad, que es contar con un nuevo y moderno hospital; ya está licitado y adjudicado. Se habían olvidado de este hospital; en la contingencia sólo se prendían lámparas y era un elefante blanco, pero ahora lo revivimos”, dijo Gallardo Cardona en esa ocasión.
Sin embargo, el descontento de los trabajadores del Hospital Central siguió porque carecen de insumos, medicamentos, médicos generales y especialistas; el pago de sus salarios y la cobertura de sus prestaciones es tardía, a pesar del compromiso del gobernador de atender estas demandas.
Desde hace mucho tiempo, su personal ha sufrido recortes salariales; desde hace seis meses, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) les debe tiempo extra, les niega días festivos, descansos de riesgos, recategorización, recuperación de plazas, prima de antigüedad, no les da protección ni uniformes y tienen problemas con los bancos, además de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) desatiende sus solicitudes.
Claudia Lizeth Cisneros Aguilera, líder del Sindicato de los Trabajadores y Empleados del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto (STEHCIMP), explicó que la situación de los trabajadores es cada día más precaria porque “no se cuenta con una plantilla laboral de más de mil 700 trabajadores y están argumentando que se laceró a un grupo de 300 no dándoles las categorizaciones a que tenían derecho”.
En 2023 se habló de que habría un proceso de federalización del Hospital Central, pero hasta ahora ésta no se ha hecho realidad y sigue en la incertidumbre, añadió la lideresa.
“Desde el 10 de abril de 2021, el exgobernador Juan Manuel Carreras López y Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del Insabi, suscribieron el convenio para que dicho organismo federal se hiciera cargo del complejo médico. El directivo estatal precisó que dicha institución hospitalaria seguía sin recibir financiamiento del Gobierno Federal, lo que complicó aún más la situación del nosocomio”.
A esto se agregó en enero de 2024 el cambio en la dirección general del nosocomio, a la que arribó Javier Alfonso Pinedo Onofre y de la que se dijo que formaba parte de una estrategia para “fortalecer y elevar los estándares de atención médica en la entidad”.
El reemplazo en la dirección no resolvió de fondo los problemas y la inconformidad se mantuvo porque el nuevo titular no los atendió, dando pie a que el gobernador utilizara dicho cambio para deslindarse de la responsabilidad de atender la falta de personal, medicamentos e insumos.
Huelguistas arrepentidos
En febrero pasado, la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Diputados local, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, hizo un llamado a las autoridades de salud estatal para que se privilegiara el diálogo con los trabajadores del Hospital Central, quienes denunciaban retrasos en el pago de sus salarios.
El STEHCIMP amenazó con llevar a cabo un paro de labores si las autoridades no regularizaban sus pagos y garantizaban la dotación de medicamentos e insumos básicos en el nosocomio a fin de brindar un mejor servicio a los pacientes.
En respuesta a ese anuncio, la legisladora dijo que confiaba en que las autoridades federales y estatales llegarían a un acuerdo para evitar que un paro de labores afectara a los pacientes del HCIMP; pero al día siguiente, el sindicato convocó a asamblea extraordinaria para decidir en votación que no pararía labores.
De sus mil 144 trabajadores con derecho a votar, mil 13 sufragaron; de éstos, sólo 353 lo hicieron en favor de la huelga, 635 se opusieron a ésta y el resto se abstuvo de votar o le invalidaron el voto.
La dirigente laboral Cisneros Aguilera, a través de las redes sociales, dijo que con este resultado la base sindical deberá enfrentar de manera colectiva las consecuencias de no haber votado en favor de la huelga, entre éstas citó el pago pendiente de horas extras y los retrasos en los pagos regulares de nómina.
La lideresa mencionó que también se hallan en suspenso las aportaciones a un fideicomiso de 29.8 millones de pesos, la creación de 250 nuevas plazas, la recategorización y la liberación de los formatos de fideicomiso para los pensionados, entre otros pendientes.
También dijo que a las autoridades estatales y federales les corresponde restablecer el funcionamiento del Hospital Central porque éste no sólo brinda atención sanitaria a las familias potosinas, sino también a pacientes en condición vulnerable de entidades vecinas como Zacatecas, además de que el resto de los hospitales en proceso de federalización comenzarían a operar dentro del sistema IMSS-Bienestar a partir del 21 de marzo de 2024.
A decir del gobernador Gallardo Cardona, ya se habían concluido los trámites legales para federalizar y trasladar a este sistema 400 unidades médicas y 20 hospitales locales, pero faltaba regularizar su funcionamiento sanitario y laboral.
Tanto el gobernador como el Presidente de la República han dicho que el total de los trabajadores de las unidades médicas federalizadas mantendrán sus plazas y derechos laborales y que las nóminas serán absorbidas por el Gobierno Federal.
Gallardo Cardona anunció la contratación de 160 médicos generales y especializados en las unidades médicas federalizadas de San Luis Potosí; y el director del IMSS, Zoé Robledo, detalló que se han invertido mil 300 millones de pesos en el equipamiento de 10 de 21 hospitales de la entidad, así como en otras 14 unidades médicas menores.
Al sistema IMSS-Bienestar en San Luis Potosí se han transferido 101 inmuebles, ubicados en 48 municipios de la entidad potosina, entre los que se hallan centros de salud, unidades de especialidades médicas y los hospitales generales de Matehuala, Rioverde y Valles.
Sin embargo, el pasado 21 de marzo, el Diario Oficial de la Federación publicó que el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales revierte el acuerdo y transfiere al Estado, a través de un contrato de donación y cesión de derechos de propiedad signado con anterioridad. El Hospital Central, el del Niño y la Mujer y el de Soledad no aparecen en el listado a cargo del IMSS-Bienestar.
Por ello flota en el aire la pregunta: ¿qué pasará con las demandas de solución a los múltiples problemas que existen en el Hospital Central planteadas por su personal médico y miles de pacientes de precaria condición socioeconómica?
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