En los últimos meses hemos sido víctimas de la intensa campaña encabezada por el titular del Ejecutivo Federal apoyado por acciones de paleros como el diputado que pretendió enjuiciar penalmente a los consejeros del INE que no se sometían a los dictados del gobierno federal, para obligarlos a realizar la revocación de mandato. Muchos líderes de opinión sostienen que el presidente y sus principales allegados impulsan esta acción al costo que sea, incluso, inventando firmas para justificar su solicitud, por no tener ninguna acción importante que informar a la ciudadanía y para mantener la atención de la gente, emprende este tipo de acciones como un distractor para encubrir su incapacidad y el incumplimiento de sus promesas de campaña como bajar el precio de la gasolina, resolver los problemas de inseguridad y acabar con la corrupción. Hay también quienes dicen que su propósito es afianzarse y mantener las simpatías para preparar el terreno de su reelección. Conociendo su trayectoria desde que gobernó la ciudad de México autodenominándose el “amigo de los pobres” pero que, con el mayor desparpajo reprimió a los que se atrevían a exigir solución a demandas elementales como vivienda, agua potable, electrificación, etc., creo que ambas hipótesis pueden ser posibles.
Independientemente de lo anterior, me interesa resaltar la incongruencia del gobierno federal al mostrar un interés enfermizo por una consulta inútil y cara, que, además, al pueblo ni le va ni le viene porque su principal preocupación es evitar los contagios, asegurar el sustento familiar, y no ser víctima de la delincuencia.
El autoritarismo del presidente se ve reflejado en la nota de El Heraldo del 29 de diciembre de 2021, sección Nacional, donde dice: “Va haber consulta de una forma u otra: AMLO”. Es una nota de Antonio Baranda de la Agencia Reforma en la que agrega que “planteó una colecta para contratar a 10 empresas encuestadoras para llevarla a cabo si no la realiza el instituto Nacional Electoral (INE).” Y el secretario de gobernación lo asegunda, según la EDICIÓN DIGITAL Indigo, sección política: “Gobernación advierte al INE: No hay posibilidades de dar más dinero para revocación”, la nota es de Nohemí Gutiérrez, del 13 de enero de 2022 que señala: “Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, enfatizó que no hay posibilidades, no hay margen en el presupuesto de Egresos de la Federación que permitan destinar cantidades adicionales” para el Instituto Nacional Electoral (INE).”
O sea que, por un lado, exigen que se haga la consulta, por otro, atan de manos al INE para que no pueda realizarla dándole la razón a quienes dicen que la consulta es una trampa para tener argumentos y desaparecer al INE. Hay cosas mucho más graves que debiera atender el presidente en vez de enfrascarse en un pleito por una consulta que nadie pide. Uno de ellos es el déficit fiscal que traerá más problemas económicos al país, y el otro, es la pandemia, que de seguir como vamos llegaremos al millón de muertos.
Veamos. Dice el periódico REFORMA en reportaje de Azucena Vásquez: “Alcanza récord el déficit fiscal”, “gastan más de lo que captan”, “Prevén expertos finanzas públicas más presionadas durante 2022”. “En México, la diferencia entre el ingreso y el gasto del sector público llegó a 472 mil 895 millones de pesos en 2021, el mayor déficit en los últimos seis años.” “Pese a que en los primeros 11 meses de 2021, los ingresos totales mostraron un incremento real de 5.1 por ciento contra los reportados en igual lapso de 2020, no fueron suficientes para cubrir todos los gastos del sector público.” O sea que tienen más dinero, gastan más y no se mira en qué se gasta.
¿Qué sentido tiene gastar tanto dinero en una consulta que solo a ellos les interesa? El Infobae MÉXICO (digital) del 17 de noviembre de 2021 dice: “De acuerdo con el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, la consulta popular para la revocación de mandato tenía un presupuesto asignado de 5 mil 743 millones de pesos…” Ya antes se hizo un gasto inútil en la consulta para enjuiciar a expresidentes, pues de acuerdo con EL FINANCIERO (agosto 02, 2021) en su sección Nacional: “Consulta para enjuiciar a expresidentes: cada voto costó 79.30 pesos”. “Participaron 6 millones 658,288 de votantes y el ejercicio tuvo un costo de 528 mdp.” Este dinero bien puede usarse en comprar vacunas para combatir el cáncer o a Ómicron.
Es incongruente la postura del gobierno federal porque para una consulta innecesaria muestra demasiado interés, en cambio, ante la pandemia que ya ocasionó cientos de miles de muertos, muestra lenidad e indolencia. Hay quienes aún confían en que el gobierno federal rectifique el rumbo; yo creo que, si no cambiaron ante una tragedia monumental como la pandemia, ya no lo harán nunca. El tiempo siempre sabio nos dará la razón.
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