En México, el trabajo infantil es una problemática alarmante que refleja las profundas desigualdades sociales y económicas del país. Este fenómeno afecta a niñas, niños y adolescentes de entre cinco y diecisiete años, quienes participan en ocupaciones no permitidas que van desde la producción de bienes y servicios hasta actividades peligrosas en sectores económicos diversos.
Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (2022), realizada por el Inegi, el 56.2 % de los menores en este rango de edad trabajan en condiciones ilegales, siendo su empleador un familiar, y el 29 % lo hace como una forma de aportación económica al núcleo familiar.
Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (2022), realizada por el Inegi, el 56.2 % de los menores de entre cinco y diecisiete trabajan en condiciones ilegales, siendo su empleador un familiar, y el 29 % lo hace para aportar al núcleo familiar.
La Ley Federal del Trabajo (LFT) en México establece que la edad mínima para trabajar es de quince años, siempre y cuando se cuente con el permiso correspondiente y se haya finalizado la educación básica obligatoria. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta normativa.
Los menores de edad se ven obligados a laborar en condiciones insalubres y peligrosas, a menudo en horarios prolongados y sin remuneración justa, lo que perpetúa un ciclo de pobreza y explotación.
Este problema no es exclusivo de México; a nivel mundial, la explotación infantil laboral arroja cifras alarmantes en sectores como la agricultura, la ganadería, el turismo sexual y la mendicidad. Estas condiciones han persistido durante décadas, evidenciando la falta de voluntad y eficacia en la erradicación del trabajo infantil a nivel global.
El abandono de niñas y niños es otro factor que agrava esta situación. Los menores que son sustraídos de sus padres, víctimas de violencia familiar o abandonados por padres adolescentes, se convierten en “niños de nadie”, una triste realidad que los expone aún más a la explotación laboral.
Este abandono, combinado con la falta de oportunidades y protección, conduce a historias desgarradoras donde la infancia marcada por el trabajo y la violencia determina destinos trágicos.
Es imperativo que las autoridades federales, estatales y municipales tomen medidas efectivas para prevenir y sancionar la explotación laboral infantil.
Las políticas públicas deben enfocarse en crear fuentes de empleo bien remunerado, garantizar una educación de calidad y equitativa, y erradicar las normas sociales que legitiman el trabajo infantil.
México necesita un proyecto integral que respete y proteja los derechos de los niños y adolescentes. Sólo así se podrá romper el ciclo de explotación y desigualdad que ha marcado a generaciones enteras.
La responsabilidad recae no sólo en el Gobierno, sino en toda la sociedad, para asegurar que nuestra infancia no repita los errores del pasado y pueda aspirar a un futuro digno y libre de explotación.
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