El transporte público en Puebla atraviesa una crisis que afecta diariamente a millones de ciudadanos, quienes dependen de este servicio para sus actividades cotidianas. A pesar de su importancia, el transporte público en la capital muestra signos de abandono, negligencia y desorganización.
La crisis del transporte público en Puebla exige una intervención urgente para garantizar seguridad, eficiencia y condiciones laborales dignas para quienes dependen de este servicio
Con un parque vehicular de 24 mil 800 unidades, el 10 % de los vehículos que circulan en el área metropolitana corresponde al transporte público, de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla. Sin embargo, gran parte de estas unidades son modelos antiguos, algunos incluso del año 1999, que no garantizan ni seguridad ni comodidad para los usuarios.
La promesa de modernización que justificó el aumento tarifario en 2019, bajo el gobierno de Miguel Barbosa Huerta, ha resultado una falacia. Aún no se concretan compromisos como la renovación del parque vehicular, la instalación de videocámaras y botones de pánico, ni la capacitación de los operadores.
El descontento ciudadano es palpable: según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del Inegi, que mide la satisfacción de los ciudadanos con servicios públicos, apenas el 31.3 % de los poblanos está satisfecho con el servicio de transporte público. Esto refleja un sistema que no solo es insuficiente, sino también incapaz de cubrir la demanda de horarios y recorridos esenciales.
La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), encargada de regular y supervisar el servicio, ha demostrado ser incapaz de garantizar sistemas de transporte seguros y sostenibles. No ha habido un estudio actualizado sobre movilidad desde 2011, según el Sistema de Información para el Seguimiento a la Planeación y Evaluación del Desarrollo (SPED), lo que evidencia una alarmante falta de planeación y organización. Además, los conflictos internos entre los responsables de la secretaría agravan el problema.
En contraste, se prioriza la inversión en la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), que ha recibido más de 2 mil 271 millones de pesos en subsidios desde 2019, de acuerdo con reportes financieros del gobierno estatal. Sin embargo, este sistema no cubre las necesidades de gran parte de la población, ya que las rutas tradicionales continúan siendo la principal opción de movilidad.
El transporte público en Puebla también enfrenta una problemática de violencia e inseguridad. Un ejemplo claro de esta situación es el actuar de organizaciones como la “28 de Octubre”, que ha sido acusada de amedrentar a transportistas en el sur de la ciudad. En la nota “Acusan que 28 de octubre amedrenta a transportistas del sur”, publicada el 8 de enero del 2025 en el portal angulo7.com.mx informan que miembros de esta organización arribaron a bases de las rutas Movilomas armados con palos y otros objetos, buscando intimidar a operadores y apropiarse de sus rutas.
El 16 de octubre del 2024, el portal informativo contigopuebla.mx, publicó la nota: “28 de Octubre amedrenta a transportistas”, nota que detalla que la “28 de Octubre” utilizó tácticas de violencia y amenazas para adueñarse de zonas del transporte, lo que ha generado un ambiente de terror entre los trabajadores del sector.
La omisión de medidas claras y contundentes por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte ha permitido que estas situaciones escalen, generando un ambiente de incertidumbre y temor entre los trabajadores del transporte. Mientras las autoridades se mantienen al margen, las rutas tradicionales, lejos de ser protegidas, se ven vulneradas por intereses externos que operan al margen de la ley. Esto no solo pone en riesgo la estabilidad del sector, sino también la seguridad de quienes dependen de él, incluyendo choferes y usuarios.
El Movimiento Antorchista ha denunciado repetidamente estos actos de violencia, exigiendo a las autoridades que garanticen la seguridad en el transporte y detengan la proliferación de grupos que buscan imponer su dominio mediante el uso de la fuerza. Esta falta de acción gubernamental no sólo perpetúa el caos, sino que también afecta directamente a miles de familias que dependen de este servicio para su sustento diario.
Detrás del volante y de las operaciones diarias del transporte público hay miles de choferes, operadores, encargados de limpieza y personal administrativo que también enfrentan condiciones laborales adversas. Los conductores, que trabajan jornadas extenuantes por sueldos diarios miserables, carecen de prestaciones de ley, incentivos, capacitación constante y garantías de seguridad.
Esto contrasta con los beneficios que perciben los empleados del sistema RUTA, quienes cuentan con salarios competitivos, seguro de salud y mejores condiciones laborales.
Las familias que dependen económicamente de este sector también sufren la precariedad del sistema. Los bajos ingresos, sumados a la inseguridad y la falta de regulación, impactan directamente en la calidad de vida de los poblanos. Por ello, resulta indispensable intervenir y legislar para garantizar derechos laborales y mejorar las condiciones de trabajo de todos los transportistas.
Antorcha denuncia la falta de compromiso de las autoridades y la ineficacia en la gestión del transporte, lo que ha provocado un panorama desolador para los poblanos. El transporte público debería ser un derecho garantizado y no un servicio caracterizado por el caos, la violencia y la desatención gubernamental. Los poblanos merecen un sistema de movilidad digno, eficiente y seguro. Es momento de actuar.
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