Desde el mes de marzo, como se ha venido informando puntualmente, dos escuelas preparatorias, Rafael Ramírez y Felipe Bachomo, que funcionan desde hace 22 y 18 años en Culiacán y El Fuerte, Sinaloa, respectivamente, vieron abrupta e injustamente frenada la entrega de un apoyo económico que se entregaba desde hace varios años al personal docente, administrativo y manual de ambas escuelas. ¿La razón? Que SEPyC está impedida para liberar recursos públicos a escuelas privadas; que es “ilegal”. El apoyo oficial ha permitido que las cuotas sean de las más bajas que escuela alguna puede solicitar en todo el estado de Sinaloa, sirviendo, así como una opción real para cientos de estudiantes que se quedan sin un lugar en cualquiera de las otras esucelas de la ciudad, como las de COBAES o Prepas UAS.
Por más que los afectados han buscado muchas maneras de hacer llegar su versión a los oídos de la Secretaría de Educación y su titular, licenciada Graciela Domínguez Nava, esta parece no haber modificado ni un ápice su postura: “estamos impedidos para otorgarles recursos, son escuelas privadas” espetó ante la pregunta expresa de un reportero que pedía su respuesta a la petición de los directivos de las instituciones que mediante reunión con periodistas, por la mañana, le volvieron a plantear la necesidad de que se reanudase la entrega del apoyo.
Después de un año de pandemia, en que se ha visto afectado sobremanera el nivel educativo de los jóvenes, en que se ha acumulado un rezago asaz preocupante, que tarde o temprano redundará en un empeoramiento del aparato productivo del país y de la generación de profesionistas más competentes, la SEPyC coadyuva mediante la violación del apoyo de entrega de recursos al empeoramiento del nivel educativo en Sinaloa.
Pero esta desidia para atender el caso de las preparatorias en mención, no es un caso aislado. El problema es mucho más grave. Veamos: la misma titular de la Secretaría del ramo declaró el 21 de febrero de los corrientes a la revista Espejo, hablando de los daños a escuelas en la entidad. Aquí un fragmento de la nota en portal electrónico del citado medio:
Graciela Domínguez Nava, titular de la SEPyC explicó que tienen contabilizados 2 mil 700 planteles con necesidad de inversión. De estos son 500 cuyo problema es “menor”; es decir, no requiere un monto grande para su reparación. “De estas 2 mil 700, alrededor de 500 escuelas que nosotros hemos catalogado como con males menores. Es decir, tienen al menos un problema de servicios básicos, una puede tener que le robaron el cableado y no tiene luz, otra puede tener que robaron la tubería y no hay agua, en algunas otras se robaron los muebles de los baños, los lavamanos. Traemos más o menos 500 escuelas detectadas que tienen esos problemas que nosotros hemos clasificado menores, porque la inversión es menor para poder reactivarlas”, mencionó.
Pero cuando se entra a detalle sobre la atención a la problemática de la infraestructura resulta que poco o nada se ha invertido.
Por lo tanto, la acción de la SEPyC está siendo no solamente de lenta atención al problema de la infraestructura, sino que le está echando gasolina al incendio que ya vive la educación en Sinaloa y al país entero, perturbando el funcionamiento de instituciones que muchos años ha servido a la sociedad sinaloense. Apoyamos y seguiremos apoyando a las preparatorias populares en su justa lucha para que las autoridades a las que no les preocupa la educación de los niños y jóvenes les resuelvan.
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