Las políticas públicas del sexenio que ya terminó han privilegiado la importación de productos agrícolas, lo que ha llevado a la dependencia de mercados externos y, por ende, a una mayor volatilidad en los precios.
En lugar de fortalecer la autosuficiencia alimentaria, se ha optado por soluciones a corto plazo que no resuelven el problema de fondo.
La inflación alimentaria, combinada con la falta de empleo formal y los bajos salarios, está creando un círculo vicioso de pobreza del que cada vez es más difícil salir.
El resultado de esta crisis es evidente: más personas están siendo empujadas a la pobreza y la exclusión social. Con más del 12 % de la población viviendo en pobreza extrema, es inaceptable que no se hayan adoptado medidas urgentes para garantizar el acceso a alimentos básicos.
La inflación alimentaria, combinada con la falta de empleo formal y los bajos salarios, está creando un círculo vicioso de pobreza del que cada vez es más difícil salir.
Además, es importante destacar el impacto de esta crisis en los sectores más vulnerables de la población, como los niños, las mujeres y los ancianos. Según el Coneval, el 39.9 % de los adultos mayores en México dependen principalmente de programas sociales para subsistir.
Si a esto le sumamos el hecho de que el precio de los alimentos está aumentando, estamos ante un escenario donde los más pobres son los más perjudicados, y donde la seguridad alimentaria se está convirtiendo en un lujo que pocos pueden permitirse.
La solución a esta problemática no es simple, pero es necesaria. Para empezar, el gobierno debe replantear su estrategia en materia agrícola y alimentaria.
En lugar de depender de las importaciones, se debe fomentar la producción nacional a través de incentivos para los pequeños agricultores. Esto no sólo fortalecería la economía local, sino que también garantizaría una mayor estabilidad en los precios de los productos básicos.
Otra medida urgente es la regulación del mercado para evitar la especulación con los alimentos. El Estado debe intervenir para garantizar que los precios de la canasta básica no sigan subiendo de manera descontrolada y asegurar que las familias mexicanas puedan acceder a estos alimentos sin poner en riesgo su estabilidad financiera.
Asimismo, es fundamental que se refuercen los programas sociales que proporcionan apoyo directo a las familias en situación de pobreza.
A largo plazo, es imprescindible que se desarrollen políticas públicas que promuevan la soberanía alimentaria. Esto se refiere a la capacidad de un país para producir los alimentos que necesita sin depender de factores externos.
Esto implicaría una mayor inversión en investigación agrícola, en tecnologías sostenibles y en la protección de los recursos naturales, como el agua y la tierra.
Mientras el precio de los alimentos sigue subiendo, millones de personas enfrentan la amenaza del hambre y la exclusión social. Es inaceptable que, en un país como México, la falta de intervención gubernamental esté permitiendo que una crisis alimentaria afecte de manera tan profunda a los sectores más vulnerables.
Es momento de que el gobierno federal tome medidas concretas y efectivas para frenar esta escalada de precios y que adopte una visión de largo plazo que garantice la seguridad alimentaria de todos los mexicanos.
La inacción ya no es una opción; es hora de actuar para proteger a quienes más lo necesitan.
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