“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Art. 4 de la Constitución Mexicana
El derecho a la vivienda, como la inmensa mayoría de los derechos, son sólo una fantasía para millones de mexicanos, pues según la organización no gubernamental Hábitat para la Humanidad, en México, 14 millones de familias no pueden comprar o construir su casa, mientras que hay más de 8 millones de viviendas deshabitadas, lo que representa el 19 por ciento del total de viviendas en el país.
Con el modelo neoliberal, establecido desde la década de los años ochenta hasta el día de hoy, la vivienda se ha vuelto un negocio más, sobre todo de las constructoras, quienes han hecho jugosos negocios con la necesidad de la gente a la que meten en ratoneras hechas no pocas veces de desecho, mientras el gobierno se ha limitado a facilitar el acceso al crédito hipotecario mediante los fondos para la vivienda, entre los que se destacan el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).
Entre los años 2008 y 2018 la participación de la banca privada en el financiamiento para la adquisición o mejora de la vivienda en México pasó de 22 por ciento a 46 por ciento.
Pero no olvidemos que estas viviendas van destinadas para los derechohabientes, que, aunque tengan trabajo formal, su cada vez menor poder adquisitivo ha provocado la imposibilidad de pagarlas y suelen abandonarlas por ese motivo o por las limitaciones en la movilidad o inseguridad, Se estima que, en 2020, 650 mil viviendas abandonadas. De los trabajadores informales, que en México son más de la mitad, no se dice nada.
Desde el arribo de la 4T, fiel a su discurso de anticorrupción, Andrés Manuel López Obrador propuso que los subsidios para la vivienda se otorgaran sin intermediarios y se priorizara la autoconstrucción, es decir, la participación de la gente en la creación de su patrimonio, sin embargo, a decir de la investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CEMEES), Vania Sánchez, “esta solución condiciona el acceso a la vivienda a la situación laboral de los individuos, aspecto en el que, precisamente, se funda buena parte de la situación de pobreza y desigualdad del país, pues mientras que a los primeros se le facilita el acceso al subsidio, a los segundos se les restringe mediante la exigencia de un ahorro y de firmar un crédito con una institución privada”.
Con la entrada de Morena al gobierno del estado, parece ser que van a implementar las mismas políticas de vivienda. Después de que el 5 de mayo fue nombrado como nuevo delegado de Infonavit en Sinaloa, a Adolfo Ernesto Verdugo Dagnino, el 18 del mismo mes, se reunieron el gobernador Rubén Rocha Moya, y el director del Infonavit, Carlos Martínez, para firmar un convenio de colaboración que dice que va a “proteger el patrimonio de las familias y avanzar en el reordenamiento territorial del estado”.
Es importante destacar las siguientes declaraciones:
“En los casos que tenemos de casas que están invadidas, sí podemos hacer algo, por decir; fíjate que esta familia aquí está sin sustento y no sabemos de dónde apareció, pero tenemos manera de ayudarla para que se quede con la casa y abra una responsabilidad de pago, hay que hacerlo, no vamos a decir: hay que buscar que desalojen; no, porque entonces se pierde el sentido social y humano que tiene el Instituto”, comentó el gobernador.
Por su parte, el director del Infonavit expuso: “Vamos a hacer hasta lo imposible para ver cómo podemos atender a familias desplazadas, recuperar desarrollos urbanos y hacer que más sinaloenses tengan acceso a la vivienda, que lo hagamos en equipo y en conjunto porque sólo así podemos tener verdaderamente una política pública. El Infonavit no puede sólo, el gobierno no puede sólo, los municipios tampoco, pero si trabajamos juntos y estamos claros en las causas y en las políticas de vivienda, sí podemos tener resultados en favor de las personas”.
En la reunión se instaló el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado de Sinaloa, en el que por mayoría de votos fue elegido Alberto Gerardo Medrano Contreras como presidente coordinador. En su primera sesión, que fue el 25 de agosto, la titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), María Inés, volvió a plantear el compromiso del gobierno: “Para nosotros es fundamental proponer alternativas de solución a los problemas y rezagos existentes con una visión democrática y humanista, que integre la participación y las necesidades de todos los sectores de la población sinaloense, para que los proyectos y las acciones tengan un alto beneficio social, principalmente en las zonas más vulnerables”.
El Movimiento Antorchista en Sinaloa (MAS) siempre ha sostenido que la invasión no es la salida para hacerse de un patrimonio, pero es la única para miles de sinaloenses que no ven facilidades por lo dicho líneas arriba. Según la Revista Espejo, existen alrededor de 60 mil familias en espera de la compra de una vivienda y en Culiacán, como en Mazatlán, sin olvidar que dichas viviendas están arriba de 1 millón 200 mil pesos, aproximadamente.
Por lo que recurren a prácticas como la invasión, aunque algunos han sido desalojados, y otros viven en una constante incertidumbre, además de que no cuentan con servicios regulares. En esta situación se encuentran cientos de vecinos organizados en Antorcha, l del fraccionamiento San Francisco, ubicado en Los Mochis, y de Rincón del Parque, por mencionar algunos, quienes, al no ver ninguna solución por parte de ninguna autoridad, se acercaron al MAS hace unos años.
Con las declaraciones de las autoridades entrantes, confiamos en que se pueda agilizar el proceso de regularización, sabedores de que lo que está en su prioridad es el bienestar de los sinaloenses. Es cuánto.
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