Resulta impactante escuchar los testimonios de los pobladores que habitan en los diferentes municipios del interior de Jalisco, entre ellos San Gabriel, Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, sobre el abandono de los caminos vecinales, como consecuencia de la negligencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno; y es mucho más indignante constatar directamente la situación en que se encuentran los caminos rurales de la zona.
Los afectados, como los de la comunidad de Los Gallos y San Antonio del municipio de San Gabriel, así como otras localidades, reclaman reparaciones rutinarias en caminos sin pavimento, tales como, nivelación y revestimiento de superficies, mantenimiento y rehabilitación de los drenajes de agua, taludes laterales, entre otras acciones menores que se debieran realizar periódicamente a lo largo del año.
No es necesario esforzarse mucho para percatarse de que no están pidiendo carreteras de alta velocidad ni de carga pesada, es más ni siquiera caminos artesanales como los que tanto presume el presidente Andrés Manuel López Obrador en los que se invierten miles y miles de millones de pesos del erario público, según los propios discursos presidenciales.
El tomar como referencia las obras carreteras que llevan el sello del gobierno de la 4T, no es con el fin de hacer quedar mal al presidente para exentar a las autoridades municipales y al gobierno estatal de la obligación que tienen de garantizar a sus gobernados, vialidades en óptimas condiciones.
La Ley de Desarrollo Sustentable, cuya última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el día 03 de junio de 2021, establece que en la construcción y mantenimiento de un camino rural se requiere de la participación de los tres niveles de gobierno.
En el Título III, Capítulo I de este mandato constitucional dice que "el Gobierno federal, a través de las dependencias y entidades competentes, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con la participación de los productores beneficiarios, promoverá el desarrollo de la electrificación y los caminos rurales y obras de conservación de suelos y agua, considerándolos como elementos básicos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del medio rural y de la infraestructura productiva del campo".
La infraestructura de comunicación rural buscará abatir los rezagos de aislamiento, incomunicación y deficiencias que las regiones rurales tienen en relación con el resto del país. Para ello, se impulsarán la construcción y mantenimiento de caminos rurales, de sistemas de telecomunicaciones y telefonía rural, de sistemas rurales de transporte de personas y de productos.
Por otra parte. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha documentado que los caminos rurales son vías claves para la producción, la conectividad y el desarrollo territorial, y factores esenciales para un crecimiento sostenible de las comunidades.
En este contexto, los caminos rurales son parte de las condiciones necesarias para un acceso igualitario a los servicios de salud, educación y justicia, así como otros servicios sociales y administrativos necesarios para un desarrollo con igualdad. Su existencia y adecuado mantenimiento, facilita además la provisión de otros servicios de infraestructura esenciales como la electricidad, agua y saneamiento.
El organismo internacional, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, señala que la falta de conectividad contribuye a la sensación general de abandono que expresan usualmente los habitantes de territorios rurales o indígenas respecto del estado. Esta situación, se ve agravada en temporadas de lluvias, donde las vías se vuelven intransitables por semanas, aumentando la sensación de aislamiento de la población local. Por estas razones, la Cepal recomienda a los países en vías de desarrollo una mayor inversión en infraestructura vial para incorporar debidamente las dimensiones de desarrollo rural y territorial dentro de las políticas de infraestructura.
Pero, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023, recién aprobado por la Cámara de Diputados, respecto a los programas sociales, el gobierno de López Obrador propuso un gasto de un billón 750.9 mil millones de pesos en la subfunción de protección social, lo que significa un 12.7 por ciento real comparado con el monto establecido en el PEF 2022. Mientras que para las grandes obras de infraestructura propone un incremento de 21.7 por ciento real en 2023.
Sin embargo, el Tren Maya continuará absorbiendo recursos por 143 mil millones de pesos para el próximo año; para obras hidráulicas, 44 mil 693 millones; para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, habrá recursos por siete mil 682 millones; y otros siete mil millones para la construcción de la primera etapa del Tren Interurbano México-Toluca. Es decir, la mayor parte de los impuestos de los mexicanos seguirán despilfarrando en las obras emblemáticas de López Obrador y muy poco o nada en vías de comunicación que necesita el resto del país, como los caminos rurales, lo que implica que no son prioridad de la 4T.
Teniendo en cuenta lo arriba expuesto, hay sobradas razones para que los pobladores que habitan en las diferentes rancherías y comunidades de varios municipios jaliscienses estén inconformes por el abandono de los caminos vecinales. Asimismo, está totalmente justificado, el hecho de que los afectados por la indiferencia oficial, lleguen a emprender algunas acciones de protesta pública para buscar que los tres niveles de gobierno cumplan con su obligación de garantizar vialidades en óptimas condiciones.
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