Fue bajo su proyecto de acabar con la corrupción que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su Cuarta Transformación afectaron a sus propios compatriotas, condenándolos a la falta de medicamentos, justo cuando se les dio por terminar con los contratos que existían con las empresas farmacéuticas que se encargaban de la dotación de medicinas, pero sin tener la precaución de contratar a otras empresas que las suplieran, llegando así a un fracaso más y dejando a los ciudadanos sin todo aquello que les ayudaba para su propia subsistencia.
Se trata de una cuestión que coloca al mandatario federal en serios predicamentos porque, bajo su supuesto combate a la corrupción, se ha llevado entre las patas a miles y miles de hombres, mujeres y niños que se han quedado sin los elementos primordiales para atender sus enfermedades.
Aún se recuerda como en octubre de 2020, el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, tenía un desabasto de 37 medicamentos oncológicos, ocasionando que se modificara, y en algunos casos suspendiera el tratamiento de 260 niñas, niños y adolescentes con cáncer, atendidos en esa clínica, y que se imposibilitara el ingreso de nuevos pacientes
Fue ante esa desesperante situación que la Asociación Mexicana de Oncohematología Pediátrica interpuso un amparo para solicitar que se abastecieran los medicamentos, el cual fue resuelto a su favor.
Noticias similares sobre desabasto se escuchan en otros estados y no solo respecto a insumos para el tratamiento de cáncer. Conforme pasan los días, crecen los amparos y las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para asegurar el tratamiento de distintas enfermedades. A pesar de los amparos otorgados, y las reuniones entre autoridades y familiares de pacientes, el problema del desabasto continúa.
De acuerdo a datos publicados se identifica que el desabasto de medicamentos en el país, se originó por una serie de políticas públicas mal planeadas y ejecutadas, que tenían como objetivo luchar contra la corrupción en su adquisición y ahorrar en la compra de insumos médicos.
El desabasto comenzó cuando todas las compras públicas a nivel federal, incluidas las medicinas, se hicieron responsabilidad de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un intento por reducir los costos de la compra de insumos.
Debido a la inexperiencia, la primera compra que le tocó realizar al actual gobierno federal se hizo a destiempo y de forma incompleta. Por lo mismo, 62 por ciento de las claves de medicamentos quedaron desiertas, es decir, no se recibió oferta alguna para que el gobierno las comprara y la mayoría de los contratos se dieron mediante adjudicaciones directas.
El gobierno de la Cuarta Transformación comenzó a adquirir medicamentos de países que ni siquiera están autorizados para fabricarlos por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a precios mucho más elevados que los que cobraban las empresas farmacéuticas que ya se tenían.
A esta mala ejecución de la centralización de compras se aunó a una fallida estrategia anticorrupción en el sector, que se realizó mediante un veto presidencial hacia las tres principales distribuidoras de insumos médicos del país: Grufesa, Dimesa y Maypo. El veto prohibía al gobierno comprarles, pues se les acusaba de acaparar el mercado y de constituir un oligopolio.
Este veto no contempló una alternativa viable para reemplazar la red de distribución, logística, almacenaje y personal que estas distribuidoras habían acumulado a lo largo de los años. Tampoco consideró que estas distribuidoras compraban a otras farmacéuticas los insumos necesarios, por lo que el gobierno adquiría tanto la distribución como el insumo médico a un mismo precio.
En un intento por transparentar el proceso de compras de medicamentos, se le pidió a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) que se encargara de las compras consolidadas de medicamentos del país desde este año.
Sin embargo, debido a la inexperiencia inicial de la UNOPS, respecto al mercado mexicano, se volvió a realizar, de forma tardía, la compra de insumos médicos. Esta compra, que antes se realizaba de manera gratuita en el país por parte del IMSS, nos costará alrededor de 85 millones de dólares por la comisión que se le pagará al organismo y, además, no contempla la solución al problema de distribución de insumos médicos.
Hasta hoy, la corrupción sigue intacta y no se ha investigado ni sancionado a ningún funcionario, además, el costo para adquirir medicamentos se incrementó con la comisión a pagar a la UNOPS, y por el hecho de que se deberá pagar a otras instituciones para resolver la distribución de insumos médicos a todo el país.
La solución a todo esto no es complicada: recapitular. Si había algún problema en la compra consolidada de medicamentos realizada por el IMSS, que se corrija y mejore el proceso. Si había corrupción, que se investigue y sancione a los responsables. Si había un problema de oligopolio en la distribución de medicamentos, que se fomente la competencia en el sector y se genere poco a poco una distribuidora nacional de medicamentos.
Expertos en la materia consideran que el desmantelamiento de la vida de los mexicanos enfermos que requieren de esas medicinas para subsistir proviene de cambiar de modelo de la noche a la mañana sin contar con planes de implementación graduales que tomen en cuenta posibles soluciones en caso de fallas.
Así como hizo López Obrador con el Seguro Popular, eliminándolo y colocando instituciones que no han logrado siquiera igualar la labor que se realizaba, así ha mandado a la fregada a quienes hoy carecen de sus medicamentos para continuar viviendo.
Sin duda, el Gobierno federal actual es responsable de lo que está sucediendo con nuestros enfermitos que se tienen que conformar con lo que hay a cambio de una guerra estúpida que no combate la corrupción pero que si cobra vidas humanas.
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