A poco más de un año de haberse iniciado la pandemia en México no hay duda que la desgracia se ha cebado con las familias más pobres del país, no solo por el número de muertes que ya rebasa las 240 mil, de acuerdo con los datos de algunas instituciones públicas: el 26% de la población no está afiliada a algún servicio de salud y miles de enfermos no cuentan con el medicamento para curarse. Al día de hoy no se han podido recuperar 2.5 millones de empleos que había el año anterior; más de un millón de pequeños negocios se han ido a la quiebra; más de 5 millones de alumnos de todos los niveles educativos ya no continuarán con sus estudios y la violencia sigue creciendo de manera exponencial por todo el territorio nacional. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó, hace unas semanas, un aumento de 10 millones de mexicanos que engrosaron, en este periodo, las filas del ejército de pobres.
Y por si esto no fuera suficiente, la falta de empatía y solidaridad con los sectores desvalidos por parte de nuestras autoridades de todos los niveles de gobierno, refleja que hoy menos que nunca les interesa trabajar a favor “de los más pobres”, a pesar de que digan lo contrario.
En mi colaboración anterior señalé, cómo miles de guanajuatenses pobres siguen en espera de que el Gobierno del Estado atienda sus demandas más apremiantes, que les permitan mejorar sus condiciones de vida y como esta necesidad los obliga a que tengan que anunciar movilizaciones en busca de ser escuchados. Esta semana se llevó a cabo una reunión con el licenciado Alberto Cifuentes Negrete, coordinador de Asesores de la Secretaría de Gobierno y Marcos Pérez García, dirigente estatal del Movimiento Antorchista, donde, aunque habían señalado que se llevarían propuestas claras a las peticiones que por años se han venido planteando, se volvió de nueva cuenta a enlistar una cantaleta de escusas y pretextos para justificar el incumplimiento de los acuerdos.
Gracias a la paciencia y voluntad de diálogo que siempre ha caracterizado a nuestro compañero, se reprogramó una reunión donde nuevamente los funcionarios hicieron el compromiso de llevar propuestas serias y fechas para el arranque de las obras, que siguen siendo hasta el día de hoy solo promesas. Hacemos un respetuoso, pero enérgico, llamado al señor gobernador del estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, para que intervenga de manera decisiva y en los hechos se demuestre que se quiere combatir en serio la pobreza que existe en el estado.
El otro caso que me interesa señalar es de los médicos y enfermeras que al día de hoy no han sido vacunados. Solo a manera de ejemplo, de acuerdo con el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, el 58% de los 60 mil trabajadores del sector salud, tanto de hospitales públicos como privados, no ha recibido ni siquiera la primera dosis de la vacuna contra covid-19. En México han muerto más médicos, que, en ninguna parte del mundo, primero por no tener equipo de protección personal para atender a infectados por esta pandemia y también por laborar sin contar con el entrenamiento necesario para atender pacientes críticos, con horas extras de trabajo y jornadas de hasta 72 horas continuas.
Han pasado más de cien días, desde que fue aplicada la primera vacuna en el país y son miles de médicos del sector privado que aún no han sido inmunizados. El no vacunar a los trabajadores de la salud pone en riesgo a pacientes que son atendidos en clínicas y hospitales, ya que pueden ser contagiados por el personal que labora en estos sitios, personas vulnerables por otras enfermedades y cuyo pronostico, en caso de resultar infectados, es muy malo. Al inicio de la pandemia, Andrés Manuel López Obrador decía: “en épocas difíciles como ésta, la solidaridad emerge: los hospitales privados contribuirán a garantizar el derecho a la salud del pueblo”. Y ahora con motivo de las protestas tanto afuera de Palacio Nacional como en diferentes puntos del país, se dirige a ellos, ante su petición de ser vacunados: “que esperen”.
Ahora resulta, que los malos de la película son los médicos, todo por exigir su derecho a la vacuna, mientras que se prefiere inocular a los siervos de la nación, para que vayan a hacer campaña política a favor del morenismo y todavía tienen la desfachatez de decir que este gobierno ha terminado con los privilegios. No debemos olvidar que el compromiso de la cuatrote, era que en el mes de febrero sería vacunada la primera línea de combate a esta pandemia y que las dosis no son el regalo de nadie, han sido compradas con el pago de los impuestos de todos los mexicanos y, por tanto, están en todo su derecho de exigirlas. En ambos casos, el Gobierno del Estado de Guanajuato y el Gobierno federal se muestran insensibles y faltos de empatía al clamor popular, aunque los spots que lanzan, sus partidos políticos, a través de los medios de comunicación con motivo del proceso electoral digan otra cosa, por lo que hoy, más que nunca, se hace necesario que el pueblo entienda que mientras no se decida a organizarse y tomar el poder en sus manos, las cosas no cambiarán.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario