La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, y el pleno de los once ministros, reconocieron siempre la necesidad de corregir los defectos del Poder Judicial para hacerlo más funcional, buscando la estricta aplicación de la justicia en México con independencia de poderes.
En un encuentro internacional sobre independencia judicial realizado el pasado mes de agosto, al que asistieron decenas de juzgadores y expertos nacionales e internacionales, la ministra Piña expresó: México necesita una reforma al Poder Judicial de la Federación pero que garantice la independencia con jueces capaces, a quienes no les cueste la carrera, la libertad e incluso la vida por sus resoluciones.
Sin independencia judicial no hay estado de derecho ni democracia.
“Es necesario un poder judicial independiente, de juzgadores con una sólida preparación en constante formación, capaces de interpretar las normas con perspectiva de derechos y que tenga la garantía de que proteger esos derechos no les costará su carrera, su libertad e incluso su vida propia”, dijo.
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, advirtió que la reforma atenta contra la independencia judicial. Reiteró su preocupación sobre la forma para elegir por el voto popular a los más de mil 600 jueces y magistrados del país porque no garantizaría que se elija a los más aptos, y alertó sobre sustituir “de manera abrupta” a los actuales. “Puede retrasar la justicia para los ciudadanos que están esperando una resolución y puede violar también sus derechos a un juicio justo”, señaló.
En su oportunidad, Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que “sin independencia judicial no hay estado de derecho y democracia”, en tanto, el jurista José de Jesús Orozco Enríquez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que “la independencia es imprescindible para que jueces y juezas puedan garantizar el efectivo acceso a la justicia a víctimas de violaciones a derechos humanos”.
Pero las locuras que ha utilizado la 4T para hacerse del poder, bajo la coordinación del exministro y expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, que renunció a este poder para pasarse abiertamente a Morena, luego de su fallido intento con el respaldo de López Obrador de imponerlo inconstitucionalmente por dos años más, no tienen límite. Se están cometiendo las acciones más insólitas jamás imaginadas por el partido que como oposición reclamaba un régimen con justicia y democracia.
El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, que en sólo dos días registró abruptamente más de 15 mil postulaciones, ha dado a conocer cientos de nombres para ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito afines a la 4T, destacando entre muchos otros, los de Estela Ríos, consejera jurídica presidencial con López Obrador; Bernardo Bátiz, colaborador durante más de dos décadas del expresidente. Celia Maya, militante de Morena, excandidata del oficialismo a la gubernatura de Querétaro.
Susana Bátiz Zavala, hija de Bernardo Bátiz, Paula Villegas Sánchez Cordero y Jorge Emilio Sánchez Cordero, hija y sobrino de Olga Sánchez Cordero, que tras dejar la Suprema Corte se convirtió en legisladora de Morena. Guillermo Valls, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Rafael Guerra, cabeza del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, y Plácido Morales, procurador en la Secretaría del Trabajo en el actual sexenio.
El académico Jaime Cárdenas, exconsejero del INE y exdiputado, esposo de Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, Fabiana Estrada Tena, coordinadora de asesores de Arturo Zaldívar, Arturo Bárcena Zubieta y Ana María Ibarra, ambos secretarios de la ponencia de Zaldívar, además de personajes de dudosa reputación como Ulises Lara, quien fue jefe de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sin contar siquiera con estudios de licenciatura en derecho y que al ser descubierto, presentó una cédula de 2024.
Y para concluir con la elección de Estado, hasta personajes con antecedentes penales, como César Gutiérrez, hijo del militar Gutiérrez Rebollo y Marcela Morales, investigada por desvío de recursos. Aun así, más seguro es que estos personajes sean parte de los 5 mil 373 que resulten de insaculados en la tómbola. Pronto lo veremos
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