La llamada "Revolución verde" llegó a México durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho y hace referencia a la tecnificación o modernización del campo mexicano tanto en el ámbito de la educación como de la investigación. Aunque el término "Revolución verde" vio la luz "a posteriori": en 1968, cuando el administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, William S. Gaud, realizó un informe sobre los resultados de las semillas mejoradas genéticamente contra el hambre mundial. (Méndez, 2016, p.71)
La historiografía, también, suele recurrir a este término para referirse al proceso de modernización del campo en los países del Tercer Mundo después de la Segunda Guerra Mundial, auspiciado por instituciones privadas extranjeras, principalmente la Fundación Rockefeller en alianza con el gobierno norteamericano.
La misma historiografía ha sugerido que el concepto, a pesar de que aparentemente contiene una carga neutral, fue construido en oposición a la Revolución roja comunista y a la Revolución blanca de Irán, (Picado, 2011, p.12), lo cual indica el carácter no sólo científico y filantrópico sino político y económico de dicho proceso. Incluso, como han apuntado algunos historiadores, la tecnificación del campo se colocó en contraposición al discurso de la Revolución mexicana en tanto que relegaba el reparto agrario, pues los impulsores de la Revolución verde consideraban que la reforma agraria podría satisfacer el hambre de tierra de quienes no la poseían, “pero ¿satisfacía también su hambre de alimentos?” (Méndez, 2018)
En ese sentido, las políticas aplicadas por los gobiernos posrevolucionarios en relación con el campo y a la enseñanza agrícola, como la reforma agraria y la educación socialista, se suspendieron en aras de la modernización del campo. De tal manera que las escuelas agrícolas, desde el nivel elemental hasta el nivel superior -para entonces no más de diez instituciones con la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) a la cabeza, ubicada en la actual Universidad Autónoma Chapingo-, se ciñeron a la primera Ley de Educación Agrícola (LEA) ratificada por Ávila Camacho en 1946, orientada explícitamente a la cientifización y tecnificación de la agricultura.
No obstante, desde 1943 la Fundación Rockefeller, en colaboración con la entonces Secretaría de Agricultura y Fomento, había comenzado un proyecto de investigación agrícola que pretendía “superar el desabasto alimentario” a través de un programa de mejoramiento de las semillas, uso de fertilizantes, insecticidas, herbicidas, maquinaria agrícola y agua para riego con el objetivo de aplicar tecnología estadounidense en suelo mexicano, sosteniendo que en México existía la necesidad de elevar la producción porque el país se encontraba en crisis. (Pichardo, 2006, p. 59). Por consiguiente, el gobierno mexicano había desplegado todos sus recursos y facilidades con el fin de que los científicos enviados por la Fundación pudieran realizar de manera adecuada su trabajo. El primer paso fue crear la Oficina de Estudios Especiales (OEE), donde ellos tendrían a su cargo la organización y dirección de esta; enseguida se les proporcionó personal científico especializado, alumnos egresados de la ENA, algunos de los cuales fueron becados para continuar con sus estudios de posgrado y especialización en universidades de Estados Unidos, y, finalmente, se les designó un presupuesto para su investigación. (Velázquez, 1990)
Asimismo, la Fundación destinó algunos fondos a la educación agrícola mexicana. En 1949, por ejemplo, realizó un donativo a dos escuelas de agricultura para la compra de libros y material para prácticas: el Instituto Tecnológico de Monterrey recibió la suma de seis mil dólares y el Colegio de Agricultura “Antonio Caso” en Saltillo, cuatro mil dólares. (Méndez, óp. cit. p.87) Del mismo modo, implementó un programa de becas para la especialización de los estudiantes en universidades extranjeras, sobre todo norteamericanas, lo cual redundó en la creación de mecanismos de colaboración entre los programas operativos, las universidades y los centros de investigación. (Méndez, óp. cit. p 66)
Por otro lado, resulta relevante que la modernización del campo mexicano se desenvolvió en un contexto geopolítico marcado, en primer lugar, por la Segunda Guerra Mundial y, en segundo término, por la Guerra Fría, el conflicto entre comunismo y capitalismo, cuyas expresiones se manifestaron tanto a escala regional como local, aunque con ciertas particularidades, pero bajo esa lógica. En el caso mexicano la relación histórica con Estados Unidos –la política de Buena Vecindad– determinó el desenvolvimiento del gobierno nacional hacia los grupos comunistas o con tendencias afines a éste.
Esta situación, aparejada a una economía nacional próspera y, por ende, a una estabilidad política lograda con el apoyo de un Estado autoritario, trajo como consecuencia, por un lado, una productividad abundante en materia agrícola destinada sobre todo al mercado mundial, lo cual implicaba el enriquecimiento de las empresas transnacionales en juego y de ciertos productores del norte del país que aprovecharon la Revolución verde y, por el otro, una masa creciente de jornaleros y campesinos sin tierra, dado que los productores a pequeña escala se vieron enfrentados a competir de manera desigual con los productos de las transnacionales que se exportaban a los mercados de los países en vías de desarrollo. (Loaeza, 2010)
En consecuencia, la tecnificación del campo causó una migración significativa del campo a la ciudad, lo cual redundó en una considerable población desempleada en las ciudades, aunque también provocó la emigración de campesinos a Estados Unidos; inclusive, esta realidad afectó las relaciones de propiedad de la tierra debido a que Miguel Alemán Valdez –bajo la misma lógica que su antecesor– promovió la reforma al Artículo 27 constitucional, “que virtualmente liquidaba la reforma agraria al restaurar el derecho de amparo en el campo con el fin de proteger a los latifundistas”. (Morales, 2008, p. 65)
Estas repercusiones, por consiguiente, generaron en décadas posteriores inconformidad en el sector agrícola, pese a que durante los años 40 y 50 el gobierno consideró como problema fundamental la cuestión agraria e impulsó la realización de programas agrícolas de emergencia. De modo que, al finalizar la década de los 50, en diferentes puntos de la geografía nacional campesinos y jornaleros comenzaron una ola de invasiones de tierras.
Los reclamos variaron de una zona a otra. Mientras en Sinaloa, Sonora y Colima el contingente de invasores solicitaba tierras, en la Comarca Lagunera las invasiones fueron realizadas no por solicitantes de tierras sino por jornaleros agrícolas que “se dirigían a las haciendas o ranchos solicitando trabajo; si les era negado, como sucedía frecuentemente, saboteaban las labores agrícolas, permanecían allí algunos días y luego abandonaban el lugar” (Pellicer de Brody, 1978, pp. 123-130). El movimiento fue mediatizado a través de un reparto mínimo de tierras seguido del encarcelamiento de los líderes campesinos.
El gobierno mexicano comenzó la década de los 60 con una nueva política agraria influida por los acontecimientos nacionales precedentes y, sobre todo, por una nueva forma de dependencia respecto a Estados Unidos. Si bien en los años anteriores la tecnificación del campo estuvo sufragada por fundaciones estadounidenses, a partir de dicha década el gobierno norteamericano comenzó a asesorar y a financiar directamente la modernización agrícola por medio del programa Alianza para el Progreso (ALPRO), el cual se oficializó en 1961, durante el gobierno de John F. Kennedy, con el objetivo de contrarrestar la influencia de la Revolución cubana en América Latina (Pellicer, óp. cit. Loaeza óp. cit.).
Bajo estas circunstancias, la educación agrícola –tal como en los años anteriores– se vio influida por las coyunturas políticas, de manera que, iniciado el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, la Escuela Nacional de Agricultura recibió un plan de modernización acorde a la política agraria impulsada por la nueva forma que adoptó la relación del gobierno mexicano con el estadounidense: el Plan Chapingo, cuyo objetivo fundamental fue “la fusión y vinculación de las instituciones agrícolas superiores del país” (Plan Chapingo, sus realizaciones y su proyección, México, 1967)
No obstante, éste fue apoyado por donaciones y préstamos de los órganos que constituían la ALPRO: el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Desarrollo Internacional y de las fundaciones Rockefeller y Ford, además del Fondo Especial de las Naciones Unidas, esto a pesar de que, en su toma de protesta, Díaz Ordaz había anunciado que no permitiría la injerencia de las dos superpotencias de entonces: Estados Unidos y la Unión Soviética, en los asuntos mexicanos y que tampoco aceptaría los así llamados “préstamos concesionales”. Aun así, Díaz Ordaz buscó financiamiento internacional en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo (Loaeza, 2005, pp. 121 y 134).
En conclusión, la implementación de la Revolución verde en México, lejos de adoptar una postura neutral, como intentaron presentarla sus promotores y los gobiernos mexicanos en el contexto nacional e internacional, participó activamente como uno de los recursos para contrarrestar, por un lado, el avance del comunismo, de la llamada Revolución roja, y desmantelar sus mecanismos, como la educación socialista. Por otro lado, también buscó beneficiar a los grandes terratenientes del norte del país y a los capitalistas agrícolas en general. En suma, la supuesta lucha contra la escasez alimentaria, con la que se promovió la Revolución verde, no fue más que una promesa incumplida. No se pueden explicar de otra manera las profundas desigualdades que aún persisten en el siglo XXI entre las poblaciones agrícolas mexicanas, como la Montaña de Guerrero, entre otras.
Bibliografía
Jiménez Velázquez, Mercedes A., “La fundación Rockefeller y la investigación agrícola en América Latina” en Comercio Exterior, México, vol. 40, núm. 10, octubre 1990.
Loaeza, Soledad, “Gustavo Díaz Ordaz: el colapso del milagro mexicano” en Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer, Una historia contemporánea de México, Tomo 2, México, Océano-Colegio de México, 2005.
———————-, “Modernización autoritaria a la sombra de la superpotencia. 1944-1968” en Nueva historia general de México, México, El Colegio de México, 2010.
Méndez Rojas, Diana Alejandra, El Programa Cooperativo Centroamericano para el Mejoramiento del Maíz: Una historia transnacional de la revolución verde desde Costa Rica y Guatemala, 1954-1963, tesis para obtener el grado de maestría en Historia Moderna y Contemporánea, Instituto Mora, julio 2018.
—————————————-, La Fundación Rockefeller y la experimentación con semillas en América Latina: un ejercicio comparativo entre el caso de México y Colombia 1943-1961, Facultad de Filosofía y Letras, Tesis para obtener el título de Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, 2016.
Morales, Josefina, La educación y el movimiento del 68 en México. Antología de Jorge Carrión, Instituto de Investigaciones Estéticas, México, UNAM, 2008.
Pellicer de Brody, Olga y L. Mancilla, Esteban, Historia de la Revolución mexicana (1952-1960). El entendimiento con los Estados Unidos y la gestación del Desarrollo estabilizador, México, El Colegio de México, 1978.
Pellicer de Brody, Olga y Luis Reyna, José, Historia de la Revolución Mexicana (1952-1960). El afianzamiento de la estabilidad política, México, El Colegio de México, 1978.
Picado Umaña, Wilson,”Breve historia semántica de la Revolución Verde” en Agriculturas e innovación tecnológica en la península ibérica (1946-1975), Madrid, Ministerio de Medio Maniente y Medio Rural y Marino, 2011.
Pichardo, Beatriz, “La revolución verde en México” en Revista Agraria, Sao Paolo, Año 3, núm. 4.
Plan Chapingo, sus realizaciones y su proyección, México, 1967.
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