Fui testigo de la apertura de la asamblea de la comunidad indígena de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle el pasado 8 de febrero del presente año, que se desarrolló en el corazón de esta comunidad, en la zona sierra del municipio del Mezquital, con el propósito de discutir dos temas importantes: 1) el reconocimiento de nuevos comuneros y 2) la destitución de la mesa directiva de la comunidad.
La explotación forestal empezó en Pinole Quemado, pero fue bloqueada por los comuneros al darse cuenta de que no se estaba respetando el manejo forestal prometido y se talaban árboles sin control.
El primer punto se desahogó de manera satisfactoria, pero el segundo tuvo complicaciones, por lo que no se agotó y la asamblea quedó abierta para reanudarse el 15 de febrero.
De acuerdo con la Procuraduría Agraria, se trata de un acontecimiento inédito, pues es la primera vez en la historia de Durango que se pretende destituir a la mesa directiva de una comunidad o ejido por malos manejos. La historia es larga.
Luego de una elección en donde participaron más de 12 mil comuneros de las 39 localidades anexas a la comunidad, en marzo del año 2022 la asamblea le entregó el poder a la nueva mesa directiva que hoy sigue en funciones.
Inmediatamente después del acto protocolario, la mesa directiva entró en funciones e inició con la gestión de recursos económicos y proyectos ante diversas dependencias del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal. Entre los primeros proyectos que le fueron autorizados se encuentra la construcción del camino artesanal en el poblado Las Flores, mismo que fue ejecutado por la mesa directiva y en donde se presume que existe un desfalco millonario.
Más tarde promovió e impuso a la comunidad un proyecto denominado “Plan de Manejo Forestal” que, teóricamente, tiene varias aristas, algunas muy importantes para la conservación del bosque.
El proyecto fue autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Este fue un engaño, pues en lugar de acciones para la conservación de los recursos naturales, se inició con una tala desmedida por parte de la mesa directiva, atropellando a la comunidad.
La explotación forestal inició en Pinole Quemado en noviembre del año 2023, y a las pocas semanas los trabajos fueron bloqueados por un grupo de comuneros al ver que se estaban derribando árboles sin ningún control, pues donde inició el corte no dejaron un solo árbol, acción que va en contra del manejo forestal que prometieron, pues en lugar de conservación estaban acabando con el bosque.
En este primer corte se calcula que sacaron alrededor de 6 mil metros cúbicos, mismos que fueron pagados a la mesa directiva por parte de la empresa contratada.
Los comuneros exigieron transparencia y que el recurso se destinara en beneficio de las localidades que forman parte de Santa María de Ocotán, pero las autoridades hicieron caso omiso, pues ni hubo transparencia ni tampoco se benefició a la comunidad.
Al no ver posibilidad de seguir trabajando, buscaron otra zona donde no hubiera oposición y se fueron a Guajolota, pero acá se toparon con la misma piedra. Cuando empezaron los trabajos, los comuneros de este poblado y aledaños bloquearon la carretera para evitar la salida de la madera y le exigieron a la mesa directiva que primero transparentara los recursos obtenidos en Pinole Quemado, y si eso no pasaba, ya no se les iba a dejar sacar un solo pino.
Se calentaron los ánimos, el bloqueo se prolongó por varios días, la mesa directiva recurrió a la violencia y tuvo que intervenir la Guardia Nacional (a petición de los manifestantes) para evitar un conflicto mayor.
Al final, la mesa directiva no informó el destino de los recursos, por lo que, en una reunión masiva en donde estuvieron presentes diversas dependencias del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, la comunidad exigió públicamente el cambio o destitución de la mesa directiva, pues, aparte de los malos manejos de los recursos, ya se cumplió el período de tres años que marca la Ley Agraria.
Se inició el proceso para el cambio de comisariado y consejo de vigilancia, pero la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional pusieron trabas para que ello no caminara, diciendo que la petición no era posible porque la presente administración comunal termina en abril del año 2026 y, además, si por alguna razón se destituía, los nuevos sólo iban a poder estar en funciones un año para terminar el periodo.
Según ellos, el acta del año 2022 no fue escrita por el Registro Agrario Nacional (RAN) por la falta de un padrón de comuneros, y se fueron por allá en lo oscurito para redactar otra, sin consentimiento de la comunidad, con fecha del año 2023, y supuestamente esa es la que vale y no la que hizo la asamblea.
Aunque a gritos y sombrerazos esta etapa ya fue superada, por lo que no queda otra cosa más que ir y participar en esta segunda etapa de la asamblea para decidir si se renueva o no la mesa directiva.
Al final, la asamblea es la que va a decidir, o sea, los que acudan el próximo 15 de febrero. Si no, después que nadie se queje. Esta es una oportunidad para decidir los destinos de la comunidad.
En lo personal, votaré porque ya se vaya y que la nueva mesa directiva se elija por tres años y no por uno como dice la Procuraduría Agraria.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario