Muy posiblemente, amables lectores, se hayan enterado a través de los medios informativos y las redes sociales, de que a lo largo de lo que va de la administración estatal, el Movimiento Antorchista en Baja California Sur se ha manifestado frente al Palacio de Gobierno Estatal, y que intermitentemente se han realizado otras tantas manifestaciones en forma de difusión de volantes, cadenas humanas y, por último, muchas (muchísimas, diría yo) mesas de trabajo con diversos funcionarios.
Todo esto, motivado por la falta de solución a los planteamientos de la gente humilde antorchista de La Paz y Los Cabos, y por la actitud de muchos funcionarios que han ido “pateando el bote” respecto al pliego petitorio que, en su momento, se entregó al inicio de la administración. Dicho documento resume las diferentes carencias de colonias y pueblos marginados organizados en Antorcha.
Hoy, las mayorías marginadas de la población sudcaliforniana, en comunidades y colonias tan importantes como La Paz y Los Cabos, no tienen agua de calidad, transitan por calles y caminos sin pavimentar, sus viviendas se encuentran en condiciones infrahumanas, sin electricidad y sin drenaje.
Hemos escuchado en el discurso oficial que el Gobierno implementará varias acciones orientadas a poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, proponiéndose, en primera instancia, mejorar el bienestar de los sudcalifornianos. Suena muy bien, ¿verdad, amable lector?
Pero veamos algunos datos: en BCS, como en otras entidades, hay graves contrariedades sociales que lastiman a la población, y en particular a los sectores trabajadores.
Al retomar algunos datos oficiales, 6 mil 400 personas padecen pobreza extrema, 112 mil 100 viven en pobreza, 105 mil 700 en pobreza moderada, 317 mil 300 padecen carencias sociales, 38 mil 400 son vulnerables por ingresos, sus bajos salarios no les alcanzan para adquirir la canasta básica; 429 mil 400 con al menos una carencia social, 91 mil 200 con tres carencias sociales, 145 mil 900 sin acceso a los servicios de salud, 251 mil 300 no cuentan con seguridad social, 72 mil 500 no tienen vivienda o está en malas condiciones, 83 mil 500 sin servicios básicos en sus hogares, y 122 mil 400 carecen de una alimentación suficiente y nutritiva (Coneval, 2022).
Aunque estos datos, que el propio Gobierno en reiteradas ocasiones manifiesta que van a la baja, o se atreve a nivel federal a “decretar” el fin de la pobreza, la realidad pone en su lugar a los que intentan “echar tierra a los ojos”.
Esta es la pobreza, el gran rezago y la desigualdad social históricos que lastiman, padecen y sufren cientos de miles de sudcalifornianos. ¿Qué hacer ante este mayúsculo problema, resultado de históricas y malas políticas públicas, implementadas por funcionarios que anteponían sus intereses personales y nunca tomaron en cuenta las necesidades de las mayorías? He ahí el reto para las autoridades actuales.
Y estando así las cosas, ¿por qué se le sigue dando largas a las demandas de los organizados en el Movimiento Antorchista sudcaliforniano?
Ejemplos: regularización de la tenencia de la tierra, introducción de agua, luz eléctrica, drenaje, pavimento; solución al problema de solicitantes de vivienda de cientos de familias tanto de La Paz como de Los Cabos, que necesitan un patrimonio de vivienda para meter a sus familias y no padecer los estragos de las altísimas rentas; apoyo a la infraestructura de la preparatoria Moctezuma, de la colonia Gastélum, en San Lucas, etcétera. Simplemente porque no les importan sus gobernados, bueno, cuando menos los pobres de este estado.
Durante décadas, en su mayoría, los programas gubernamentales estuvieron sustentados en intereses de una pequeña élite que tenía el control político y económico de la entidad, mientras a las mayorías las mantenían relegadas, patrón que se repitió en varias administraciones, cultivando una aguda y profunda desigualdad y heredando a las actuales una gran deuda histórica con los pueblos, comunidades, ejidos y colonias populares.
Hoy, las mayorías marginadas de la población sudcaliforniana, en comunidades y colonias tan importantes como La Paz y Los Cabos, no tienen agua de calidad, transitan por calles y caminos sin pavimentar, sus viviendas se encuentran en condiciones infrahumanas; viven sin electricidad, viven sin drenaje y deben soportar los fétidos olores provocados por las altas temperaturas.
Decenas de centros de salud están sin medicamentos, y el incremento de la deserción escolar es grave, principalmente en la población vulnerable, donde las familias que reciben un mísero salario no pueden hacer frente a la educación de sus hijos.
Estos son los grandes pendientes por resolver, tarea nada fácil, pero no imposible. ¿Qué acciones gubernamentales de impacto se están implementando o se implementarán para ayudarlas a salir del rezago social?
Hasta ahora la moneda está en el aire. Eso lo hemos manifestado por enésima ocasión en las oficinas gubernamentales.
Mucha voluntad, muchas reuniones, pero sin todavía ejecutar los recursos para poner manos a la acción y resolver. Hoy de nuevo los pobres están en el discurso de muchos políticos; otros ni los mencionan porque se les oculta hasta en las palabras, trocando por “ciudadanos todos”.
Ya pasamos los procesos electorales donde se volvió a prometer hasta lo absurdo para engañar, como sucedió, dicho sea de paso, con el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Leggs, que en los hechos se burló de las peticiones e ignoró sus compromisos.
El actual gobernador comentó al inicio de su Gobierno que buscaba recuperar el honor de la política y se comprometió a “darle justicia a los que reclaman”. Además, afirmó que sería un Gobierno con respeto para todos, un Gobierno que atienda a todos por igual. Planteamiento en el que estamos de acuerdo. Pero, he ahí el “pero”.
Después de tres años y un largo peregrinar e insistir en audiencia en las diferentes secretarías y direcciones, para poder plantear directamente a los titulares de cada una de las áreas las grandes y agudas necesidades sociales que corresponde atender en sus áreas —y así lo hicimos— hasta ahora tenemos nulo avance.
Las acciones gubernamentales deben materializarse en congruencia entre el decir y el hacer a favor de las grandes mayorías. No voy a enumerar aquí a todos los funcionarios con los que nos hemos reunido, para no aburrir a mis posibles lectores.
De todos modos, queda manifiesto que, después de varias reuniones con los titulares de varias áreas en las que mostraron disposición y voluntad para atender y resolver los temas que se les plantearon, hasta ahora el resultado es nulo.
Por ello, nos vimos en la necesidad de pedir la intervención del actual secretario general de Gobierno, Saúl González, quien ha retomado los compromisos y los temas y con quien, en esta semana, tenemos reunión programada.
Los antorchistas, como siempre, apelando a la sensibilidad, capacidad y disposición de las autoridades del Gobierno, le apuestan al diálogo y asistirán con una comisión puntualmente a la cita programada, esperando que sean resueltas las demandas ya enumeradas y descritas de manera general.
No pedimos privilegios, ni concesiones, y menos consideraciones especiales. Solicitamos que los programas sociales en materia de vivienda, educación, obras y servicios y demás apoyen a las familias más necesitadas agremiadas a nuestro movimiento, ya que los sudcalifornianos están en espera de soluciones a sus carencias sociales descritas.
Sin embargo, hago el llamado al pueblo en general, y a mis compañeros antorchistas en particular, a que de manera organizada y consciente sigamos luchando, que confiemos en que sólo el pueblo mismo levantará esta gran nación del tremendo bache en el que estamos inmersos actualmente.
Si no hay avance en esta semana, ¡la lucha sigue! Y nadie dé un paso atrás, ni para agarrar impulso. Vale.
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