Si creemos que los intentos del actual Gobierno por adecuar el nuevo marco político y jurídico con el conjunto de medidas que trata de implementar para la eliminación o, en su defecto, limitación de las atribuciones de las instituciones como, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Nacional Electoral, son una casualidad o un capricho personal del señor presidente, podríamos estar en un error.
Es verdad que en múltiples ocasiones el titular del poder Ejecutivo ha dado muestras de rabietas cuando es rechazada alguna de sus iniciativas y ha dejado entrever que algunas de sus determinaciones son producto de sus decisiones personales; sin embargo, no podemos olvidar que un Gobierno integrado por miembros de un determinado partido, coalición o alianza, en cualquier país, obedece a la clase que lo coloca en ese lugar; en el poder político, para que desde ahí adecúe las condiciones que beneficiarán a ese sector de la sociedad.
El uso del miedo como arma política no es nuevo, las élites gobernantes de los regímenes defensores de la propiedad privada la han utilizado como una forma de dominación y movilización política.
El Gobierno de la República Popular China —cuya autoridad emana del pueblo mediante un ejercicio de democracia electoral y consultiva, que garantiza la participación de todos los ciudadanos en la elección y en las deliberaciones para la toma de decisiones— por ejemplo, escucha a los habitantes y actúa en función de sus necesidades. Sus integrantes, desde el presidente hasta los distintos ministros en los diferentes niveles, representan la voluntad de sostener y ejercer el poder que pertenece al pueblo; utilizan ese poder para crear las condiciones económicas, sociales y políticas que beneficien a todos los trabajadores.
No es desconocido que los esfuerzos del Gobierno de ese país han permitido que 100 millones de personas salgan de la pobreza extrema en el periodo comprendido entre 2013 y 2021, lo que significa que un millón de habitantes abandonaron esa condición cada mes, lo que equivale a que cada tres segundos, una persona, en China, salió de esa condición.
Contrario a lo que sucede en ese país, está lo que sucede en aquellos que, como en México, a pesar de la intensa propaganda cotidiana que intenta acreditar y legitimar al Gobierno como producto de una manifestación de la voluntad libre del pueblo, la pobreza y la pobreza extrema no han disminuido; al contrario, han aumentado, siendo los grandes empresarios los únicos que han obtenido cuantiosas ganancias económicas, lo que ha provocado un ensanchamiento de la desigualdad en todos los demás campos, como por ejemplo, el cultural, social y político.
Este fenómeno que sucede en nuestro país es una de las múltiples evidencias que nos ayudan a identificar, sin ninguna duda, que el proyecto político autodenominado 4T no está al servicio de los pobres, sino que desde que accedió al poder, está adecuando las condiciones sociales, políticas y económicas para un dominio más férreo de la oligarquía sobre los trabajadores y sus familias.
Puede parecer también algo casual el incremento de la violencia provocada por la delincuencia organizada y la agudización de este fenómeno en ciertos momentos específicos; por ejemplo, en el reciente proceso electoral que dejó como saldo trágico 38 políticos asesinados, la mayoría de ellos impunes, sin contabilizar a los ciudadanos comunes que en ese periodo también perdieron la vida de forma violenta.
Este conjunto de acontecimientos que parecen no tener alguna relación entre sí, que se presentan de forma casual, de forma aleatoria, dando la impresión de obedecer más al azar que al determinismo, en realidad tienen un origen común: son producto de la necesidad de un fenómeno económico social que se está gestando en nuestro país y que requiere, para su desarrollo, ciertas condiciones propicias que el Gobierno en turno, o sea, este que se dice de izquierda y que ayuda a los ricos, está tratando de implementar.
El esfuerzo para arrebatar a la sociedad sus avances ganados al poder a través de la intensa lucha popular, representa un retroceso, es un intento por colocarla en un estado de cosas anterior a la existencia de las reivindicaciones conquistadas y a las instituciones que las resguardan. La insistencia, por ejemplo, para restringir las atribuciones del INE o conseguir su eliminación, es atentar contra el derecho al voto y regresar al pueblo a los tiempos de la dictadura porfirista. La política aplicada para lograr el retroceso se conoce como política reaccionaria o reacción política.
Siempre que existe una agudización de las contradicciones entre el capital y el trabajo, la burguesía limita cada vez más los derechos y las libertades de los trabajadores. Las reformas constitucionales propuestas por el presidente de la república no son otra cosa que la expresión de la restricción de las conquistas sociales y laborales; significan, en el fondo, la adecuación del marco jurídico que defenderá la nueva superestructura jurídico-política que se está generando con el desarrollo del capitalismo monopolista en nuestro país.
En los tiempos de su lucha en contra de la aristocracia, la burguesía exigía la abolición de ciertas leyes que le eran perjudiciales, en contra del despotismo de la nobleza opuso la democracia clasista, la que pueden practicar solamente los que tienen; con el triunfo del capitalismo en su fase de libre competencia y el dominio burgués de la sociedad, el absolutismo fue sustituido por la democracia.
En la fase en que se encuentra el desarrollo del capitalismo, que ha dejado atrás la libre competencia y se convierte en capitalismo monopólico, los grandes consorcios empresariales surgidos por la concentración de la riqueza, los ricos más ricos, exigen ahora que se derriben ciertos obstáculos jurídicos que les impiden obtener mayores ganancias a costa de la explotación más intensa de los trabajadores y el despojo de los recursos naturales de los pueblos.
Es en este marco donde se coloca la ofensiva del Gobierno de la 4T en contra de las conquistas sociales y sus instituciones en nuestro país; el sometimiento a la política norteamericana que intenta acabar con la competencia que le hacen otros países, el incremento de la inversión extranjera y la relocalización de las empresas son ejemplos que nos permiten comprender la necesidad que tiene la cúpula política en el poder, de garantizar el nuevo marco jurídico-político, la nueva superestructura que requiere el capitalismo monopólico.
A esta nueva situación política no es ajeno el hecho de que los grupos de la delincuencia organizada tengan tanta libertad para actuar sembrando el temor entre los habitantes. Este es un fenómeno comparable a la actividad que los equipos especializados, paramilitares, llamados comúnmente escuadrones de la muerte, realizaron en los regímenes dictatoriales de América del Sur y de otras partes del mundo en el periodo de consolidación del imperialismo norteamericano.
Su papel principal, en ambos casos, ha sido el de llenar de pánico a los ciudadanos y a los sectores y elementos de la oposición política real. El miedo es una forma de control; conduce a la paralización, a la inactividad política o social y a la resignación.
El uso del miedo como arma política no es nuevo, las élites gobernantes de los regímenes defensores de la propiedad privada la han utilizado como una forma de dominación y movilización política; el estadista romano Marco Tulio Cicerón sostenía que “el hombre moldea su comportamiento ya sea por la ignominia, la esperanza o por el miedo”, y Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolf Hitler: “muchos tienen un precio y los otros, miedo”.
La parte blanda de este recurso de control y dominio se implementa mediante la manipulación de las emociones; aparte de aquellas imágenes o escenas tiernas en las que los políticos abrazan y besan niños y ancianos, reparten ayudas monetarias o visitan hospitales y cuya intención es impactar en los buenos sentimientos de la población, para que sea por esa vía y no por un análisis consciente la obtención del apoyo popular.
También está su parte inversa, que consiste en la amenaza de perder la tarjeta, el retiro de los beneficios, con tal de generar en las personas angustia por el riesgo o el daño que le provocaría a la familia el quedarse sin ese recurso económico; eso también despierta el odio hacia los adversarios.
Sin embargo, el verdadero rostro de este recurso, la parte dura, es la crueldad real por la que es utilizado por el poder clasista y que se expresa en las intimidaciones con el encarcelamiento, la tortura, asesinatos y desapariciones de los políticos opositores.
Por tanto, la ofensiva contra las conquistas sociales y la expansión del terror en nuestro país no son hechos aislados; la embestida del capitalismo monopólico por un lado y por otro la utilización del miedo para paralizar a la población para que no luche y se defienda por medio de sus organizaciones de clase, forman parte de una misma intención; el fortalecimiento y la consolidación de la nueva fase del capitalismo.
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