El 31 de diciembre de 2020, el gobierno de México publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que se plantea la eliminación progresiva del uso de glifosato y el maíz transgénico para el consumo humano, para antes del 31 de enero de 2024, lo que ha despertado polémica entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos.
El gobierno de López Obrador plantea, en el citado decreto, prohibir de manera gradual el uso, adquisición, distribución, promoción e importación del maíz genéticamente modificado y de glifosato para conservar y proteger las tradiciones agrícolas de México, fomentar prácticas e insumos seguros para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente.
El maíz es el principal cultivo que se produce en el país; en 2021 México produjo más de 22 millones de toneladas de maíz de grano y más de 16 millones de maíz forrajero verde, concentrando en conjunto el 41 por ciento de la producción agrícola nacional durante el año.
Sin embargo, México no es autosuficiente en la producción de maíz, pues importa alrededor del 40 por ciento de sus necesidades de este grano.
México produce maíz en grano blanco y amarillo. El maíz blanco representa 86.94 por ciento de la producción y se destina principalmente al consumo humano. Esa producción satisface la totalidad del consumo nacional. El maíz amarillo se destina a la industria o a la fabricación de alimentos balanceados para la producción pecuaria. Esa producción satisface sólo 24 por ciento de los requerimientos nacionales. El resto tiene que ser importado, en su mayor parte de los Estados Unidos, pues solo en el 2021 México registró un récord en esas importaciones, al comprar maíz estadounidense por 15 millones 518,000 toneladas.
Con este decreto, el Gobierno mexicano piensa resolver este déficit impulsando la producción nacional de maíz amarillo y consolidando la relación comercial con Brasil, Argentina, Francia, Hungría, Rumania, Serbia y Paraguay, como alternativa para diversificar las importaciones.
Sin embargo, la realidad se le complica en tres aspectos fundamentales: primero, se les están venciendo los plazos y no ha iniciado un proceso agresivo de siembra de maíz no transgénico entre los productores mexicanos que le permita cubrir este gran déficit; segundo, las presiones del gobierno de Estados Unidos que lo acusa de estar violando las normas del T-MEC se han incrementado y tercero, los efectos de la inflación en este grano y sus derivados.
Los productores de la Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz de Estados Unidos y senadores de este país están presionando para que se apliquen sanciones a México por violar las normas del T-MEC. Según Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, dentro del T-MEC está considerado autorizar semillas con uso de biotecnología, y esta biotecnología, son los maíces genéticamente modificados, y no solo maíces, sino la soya y otros productos genéticamente modificados. Lo mismo sostienen algunos jueces mexicanos, quienes le otorgaron un amparo a la empresa Monsanto contra el decreto emitido por el presidente.
Los efectos de una nueva inflación para el maíz y sus derivados en México son indudables. La periodista mexicana especializada en finanzas públicas y mercado laboral, Zenyazen Flores, quien reporta para Bloomberg Línea, planteó que el precio del maíz blanco, que es base en la alimentación de la población mexicana está tocando su nivel más alto en 24 años, debido a factores como el incremento del precio de los energéticos, de los fertilizantes y a la disminución de la producción de maíz en el mundo.
El precio de la tortilla se ha disparado.
Un ejemplo más de la inflación: según estudios de la consultora World Perspectives, la prohibición de utilizar maíz transgénico para consumo animal a corto plazo como materia prima, provocaría un aumento del 48 por ciento del precio del maíz no transgénico durante el primer año y el incremento en el costo del forraje afectaría, a su vez, la producción del sector agrícola y porcino, con caídas del 17 por ciento y 13 por ciento respectivamente. El precio del pollo se dispararía en un 67 por ciento.
Estamos, pues, ante una guerra del maíz entre Estados Unidos y México en la que nuestro gobierno lleva las de perder, y esta es la causa por la cual la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dijo que México presentará a Estados Unidos un nuevo decreto sobre la prohibición del maíz transgénico, en el que el Gobierno mexicano ofreció extender hasta el año 2025 el plazo para iniciar con la prohibición del maíz transgénico. Para incrementar la productividad en la producción de maíz se requiere invertir en investigación y tecnología, pero nuestro gobierno ha hecho lo contrario, desaparecer los fideicomisos para promover la ciencia.
Nos encontramos ante un nuevo fracaso del Gobierno mexicano, tal como el de la refinería de Dos Bocas que se duplicó el costo, fue inaugurada, pero aún no produce gasolina, o el aeropuerto Felipe Ángeles en el que prácticamente no hay vuelos; que el número de pobres, en lugar de disminuir, aumentó en seis millones de mexicanos; o la corrupción, que en lugar de disminuir se ha incrementado al igual que la delincuencia; o la puesta en práctica de los programas de transferencia monetaria directa para apoyar a algunas personas en lo individual (programas Bienestar) pero se dejaron de hacer obras de beneficio común en las colonia y pueblos, como aguas potables, pavimentos de calles, drenajes.
Propuestas que parecen buenas, pero inaplicables en las circunstancias actuales que no dejan de ser ocurrencias engañabobos. Todos deseamos ser autosuficientes en la producción de maíz y en general de alimentos, pero la vía que sigue el gobierno de la Cuarta Transformación es equivocada. Estaría bien que nos explicaran cuántos productos transgénicos circulan en el mercado mexicano y el daño que causan a la población, con datos precisos, basados en la ciencia.
Que nos expliquen a fondo qué gana la gente pobre con este decreto, porque hoy quien se beneficia de las importaciones mexicanas de maíz transgénico son los grandes monopolios norteamericanos y, suponiendo que tengan que producir maíz no transgénico, seguirán con el monopolio, engordando sus bolsillos a costa de las clases trabajadoras. Los sectores humildes seguirán en la misma situación.
La salida está en apoyar a los pequeños y medianos productores con semillas y fertilizantes subsidiados, así como con asistencia técnica, para que produzcan más toneladas por hectárea. Desde luego en su organización y trabajo consciente.
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