En estas semanas se está realizando el relevo en buena parte de los estados y municipios que en junio pasado eligieron a sus gobernantes para el nuevo ciclo. A propósito del cambio de estafeta, los periódicos han referido el reclamo, más o menos generalizado, de los recién llegados porque las arcas públicas están vacías y las deudas rebasan con mucho el ingreso de los gobiernos en cuestión.
Destaca como ejemplo de lo que mencionamos, las declaraciones de la nueva alcaldesa de Acapulco, Abelina López, quien dijo que recibía “una administración devastada financieramente”. Y no sobra aclarar aquí que la administración saliente estaba abanderada por políticos morenistas, representantes de la 4T. Según la prensa con base en las declaraciones de la nueva presidente, la deuda del municipio es de 1.63 mil millones de pesos; el municipio está endeudado con el SAT, la CFE y la seguridad social de los trabajadores municipales, con sus empleados a quienes debe sueldos y salarios atrasados, así como con algunos proveedores que prestan servicios que son responsabilidad del gobierno municipal. La alcaldesa entrante advirtió que no hay recursos para el pago del aguinaldo de los empleados del municipio; y entre sus primeros actos de gobierno, solicitó permiso al cabildo para contraer más deuda por el monto de 200 millones de pesos. En 2021 el municipio de Acapulco manejó un presupuesto de 3.851 mil millones de pesos; solo la deuda reconocida más arriba (que se sabe que no es toda, que hay más deuda oculta), representa 42% de su presupuesto total. El presupuesto citado considera ya las participaciones y aportaciones federales, además de los ingresos propios del municipio; lo que destaca inmediatamente, amén de que se audite la gestión del presupuesto y la deuda del municipio y se condene a quien haya hecho mal uso de esos recursos, es el pobrísimo monto presupuestal en un lugar con gravísimos problemas de pobreza, de contaminación y de violencia. Acapulco cuenta con una población de poco menos de 800 mil. El presupuesto por habitante es de alrededor de 5 mil pesos anuales. Este monto debe alcanzar para prestar los servicios urbanos básicos, la obra pública del municipio, la seguridad, el funcionamiento de la administración, los gastos más representativos. Aun sin deuda, es evidente que el presupuesto es bajísimo.
El de Acapulco no será ni el caso más extremo de endeudamiento ni de escasez de recursos para su funcionamiento. El problema es más o menos generalizado y lleva algunos años gestándose. En 2020 los líderes de los alcaldes de extracción priista y panista declararon que 85% de los municipios se hallaban al borde de la quiebra. Desde entonces y más recientemente a propósito de la discusión en torno al presupuesto federal de 2022, el presidente ha aprovechado los problemas presupuestarios de los municipios y los estados para repetir que el problema es la corrupción, que los gobiernos locales gastan en “cosas superfluas”, etc.
Pero este discurso, repetido hasta el cansancio en estos tres años de gobierno, ni se ha traducido en medidas concretas para mejores prácticas administrativas ni ha resuelto los problemas de los mexicanos de a pie. Este discurso ha servido solo para mediatizar la demanda de una reforma fiscal que permita contar con suficientes recursos y un plan de gasto con verdadera vocación social. En México, los que están “en jauja” son los grandes capitales, a los que se les ha prometido una patente de corso para la acumulación de la riqueza que producen los mexicanos.
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