El gobierno federal enfrenta un dilema que no podrá resolver: quiere seguir gastando, sobre todo en los programas que le beneficien electoralmente a corto plazo, pero no quiere tomar medidas para incrementar sana y sustancialmente los ingresos públicos y hacer crecer al país.
Todos sabemos que es imposible gastar más de lo que tenemos de ingresos, salvo que consigamos dinero prestado, lo que momentáneamente resuelve el problema, pero nos convierte en deudores, lo cual implica que en el futuro tengamos que recortar nuestros gastos para poder pagar la deuda. A ese punto ha llegado el gobierno morenista de México: gastó de más en el sexenio de AMLO, endeudó al país, ahora los acreedores representantes del neoliberalismo que él declaró muerto lo están obligando a pagar y para lograrlo tendrá que hacer recortes o pedir nuevos préstamos.
El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum propone continuar la política de entregar transferencias de dinero, que tan buenos resultados electorales le dio a Morena. Por ejemplo, ya se anunciaron entregas de dinero a mujeres de 60 a 64 años (la “fabulosa” cantidad de 50 pesos diarios) y a estudiantes de educación básica (31 pesos diarios). Pero, por otro lado, se enfrenta a la necesidad ineludible de reducir el gasto porque el déficit público del país alcanzó cifras récord en el sexenio de AMLO, pues se gastó mucho más que lo que ingresó a las arcas públicas y se tuvo que recurrir al endeudamiento.
El problema es serio, estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos que tendrán que recortarse y afectarán el nivel de vida de los mexicanos. La Secretaría de Hacienda programó para el 2025 un recorte de 579 mil millones de pesos al gasto destinado a la provisión de bienes y servicios. Esa cantidad equivale al presupuesto total de la Secretaría de Bienestar y es superior al de la Secretaría de Educación Pública.
No se ha precisado dónde se aplicarán esos recortes, pero no tardaremos mucho en oír los malabares verbales de los funcionarios para no resolver peticiones de los ciudadanos, porque habrá menos dinero. De hecho, ya empezaron las maniobras en los propios programas recién anunciados. Por ejemplo, el próximo año solo pagarán becas a señoras de 60 a 64 años que sean de origen indígena o afrodescendientes; el resto, tendrá que esperar un año o más. Igual maniobra se nota en el pago de beca a los estudiantes de nivel básico: se dice que es universal, o sea, para todos, pero el año entrante sólo se le entregará a estudiantes de secundaria (los más cercanos a la edad de votar); los niños de primaria y kínder tendrán que esperar mejores tiempos. Y si eso ocurre con el gasto en los programas favoritos de Morena, que aunque no acaban la pobreza mejoran la imagen gubernamental, ya podemos imaginarnos las restricciones que sufrirán otros programas menos lucidores para el gobierno, como construcción de drenajes, sistemas de agua potable, servicios de salud rápidos y eficaces, dotación de vivienda a bajo costo y a crédito, mejoramiento de escuelas, subsidios a albergues escolares, pavimentación de carreteras y calles, entre otros que sufrieron un retroceso durante el sexenio recién concluido.
La urgencia de ajustar el gasto también provocará despidos y reacomodos de funciones en el gobierno: “El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum alista el primer apretón de cinturón de cara al objetivo de reducir en tres puntos el enorme déficit de casi 6% del PIB que le heredó Andrés Manuel López Obrador. Como medida de arranque, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que encabeza Rogelio Ramírez de la O, se apresta a reducir 10% el presupuesto de la nómina del gobierno federal. El gasto anual por ese concepto ronda los 2 billones de pesos, por lo que un recorte como el que ya se empezó a notificar implicaría un ahorro de aproximadamente 200 mil millones de pesos anuales”, informó Darío Celis.
Todo lo anterior da la razón a quienes hemos sostenido que no es viable un programa de gobierno que planteó que su tarea principal sería el combate a la pobreza, pero lo único que ha hecho es cancelar o dsiminuir drásticamente los gastos en infraestructura social, en salud, en vivienda, en educación, para destinar prioritariamente el presupuesto a entregar pequeñas transferencias de dinero a mexicanos que tal vez se mostrarán muy agradecidos pero siguen en la pobreza. Ya pasaron seis años de aplicación de ese modelo y no disminuyó la pobreza, entendiendo que dejar de ser pobre, como sostiene Julio Boltvinik, significa mejorar el ingreso, aumentar el patrimonio básico y la capacidad de endeudamiento, dotación suficiente de bienes y servicios públicos gratuitos, aumentar el tiempo libre y dotar de habilidades y conocimientos a la gente. En vez de eso, tenemos que la economía no crece, los pobres aumentan, se deteriora el país y el endeudamiento público alcanzó niveles como no se había visto en décadas.
Por miedo o por compromisos contraídos con la clase del dinero, el gobierno federal no acordará una reforma fiscal, a pesar de que tiene mayoría absoluta para acordarla y de que lograría que pagaran más impuestos los multimillonarios a los que les ha ido tan bien con la 4T y se evitaría pedir préstamos al extranjero. Así que se aproximan más carencias, marginación y pobreza para millones de mexicanos pobres y marginados, lo que detonará más motivos de rebeldía, aumentará la urgencia de explicar pacientemente y la necesidad de organizar la inconformidad que tarde o temprano se desatará.
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