El poder marea, cambia a los hombres, sobre todo a aquellos que no están vacunados contra los halagos y el incienso. Los hombres grandes de verdad (…) mientras más alto suben, más bajo y más hondo miran, es decir, más humildes y comprensivos se muestran con los débiles. Los demás tienden a endiosarse y, sobre todo, si se les deja, terminan en dictadores.
Aquiles Córdova Morán
Finalmente pasó lo que ya se veía venir: la aplanadora morenista, que ya había avasallado a la oposición en la Cámara de diputados el 23 de agosto pasado, logró, mediante métodos poco ortodoxos, reunir el número de votos que necesitaba en el senado para aprobar también ahí la reforma al poder judicial.
Posteriormente, como ya todos sabemos, se ha dado a conocer que dieciocho legislaturas estatales (dos más del mínimo que marca la ley), la han aprobado inmediatamente después, sin cambiarle una sola coma y probablemente sin haberla leído; porque de lo que se trataba no era cuestionar la reforma, sino ver quién tenía la espalda más flexible para reverenciar al presidente transformado en soberano.
Había una verdadera carrera entre los congresos estatales para ser los primeros en aprobar lo que les había ordenado, no el pueblo que es quien los eligió y a quién debieran representar, sino al nuevo amo y señor de vidas y haciendas.
La reforma de López Obrador al Poder Judicial y a la Ley de Amparo dinamitó siglos de evolución jurídica y nos regresa a una época de absolutismo medieval.
Es decir, la propuesta de que los mil 580 juzgadores, entre ministros, magistrados y jueces sean sometidos a elección popular luego de ser propuestos por el ejecutivo u otro poder de la Unión ha quedado aprobada. Solo falta su promulgación para que entre en vigor de manera inmediata, con la idea de que para junio de 2025 se lleve a cabo la primera elección.
Las prisas obedecen a la intención del presidente de que, obviando los tiempos y procedimientos marcados por la ley, se promulgue a más tardar para este sábado catorce con la finalidad de —como lo han dicho algunos medios—, “dar un doble grito” en el balcón de palacio nacional, durante el tradicional evento conmemorativo del Día de la Independencia.
De nada han servido las opiniones que ciudadanos en general y especialistas en la materia han vertido sobre los riesgos de una excesiva concentración del poder en manos de un solo individuo; el paro nacional realizado por los trabajadores del poder judicial; los amparos, ni las manifestaciones de estudiantes y maestros universitarios.
Las declaraciones que han hecho tanto el embajador de Estados Unidos en México, como los representantes de las empresas extranjeras, y algunas instituciones internacionales del derecho, han servido sólo para inflamar el sentimiento nacionalista de los seguidores de la 4T y creer la versión oficial de que este Gobierno no se deja intimidar ni doblegar por gente extraña al país; porque “ya no somos colonia de nadie”; aunque en los hechos sigamos importando más del 56 % de las gasolinas y estemos sometidos por un leonino Tratado Comercial con nuestros vecinos del norte.
Aprovechando el desconocimiento que tiene la ciudadanía hacia los detalles de la reforma y sus implicaciones en la vida cotidiana, que ninguno de sus defensores se ha molestado en explicar, AMLO se ha atrevido a reformar, además, la ley de Amparo, creación de uno de los mexicanos más ilustres y brillantes del siglo XIX, el abogado, filósofo y pensador jalisciense don Mariano Otero; que junto con el abogado Crescencio García Rejón, nacido en el actual territorio de Campeche, se adelantaron a su tiempo con dicha ley y erigieron a nuestro país como vanguardia y modelo para otras naciones en lo que se refiere a legislación y protección de los derechos fundamentales del ciudadano frente a los abusos del poderoso.
Con la reforma al poder judicial y a la Ley de Amparo, este Gobierno destruye siglos de desarrollo social y evolución jurídica, para lanzarnos a una época anterior a la revolución francesa de 1789. Nos está regresando a la época del absolutismo medieval, de los poderes monárquicos y hereditarios encarnados en la persona del rey, del emperador o del zar; cuyo poder unipersonal era considerado de origen extraterrenal y divino.
Los súbditos tenían que obedecer al monarca ciegamente, mientras que él no tenía que rendirle cuentas a nadie, ni tenía porqué someterse al escrutinio público, ya que al único a quien tenía que rendirle cuentas era a Dios.
Toda esa situación sólo cambió cuando el mencionado movimiento revolucionario destruyó el mito del carácter divino del poder del gobernante y trasladó la soberanía a manos del pueblo; creó una constitución en la que se plasmaba los derechos y obligaciones comunes y sometió a todos al imperio de la ley.
Sin embargo, con estas nuevas reformas, como ya se dijo, se está dinamitando las bases mismas que dan fundamento a la república como forma de Gobierno y que tiene como base la división de poderes.
Realmente no era necesaria la reforma para sacar adelante las leyes o adiciones a la ley propuestas desde la 4T; como ejemplo tenemos el caso de la “Ley dedazo” y la “Ley garrote” en el estado de Tabasco, que fueron aprobadas sin mayor problema a pesar de que fueron tachadas de regresivas y anticonstitucionales; y muchos otros ejemplos que se pueden encontrar a lo largo y ancho del país.
Pero para alguien que tiene vocación de dictador le es molesto hasta el hecho de tener que cubrir ciertas formalidades y respetar los tiempos que marca nuestra constitución, porque lo verdaderamente importante para él es hacer sentir su poder y su autoridad donde quiera que se pare; irritándole tener que lidiar con todo aquello que obstaculice la inmediata ejecución de sus órdenes y disposiciones.
Lo que ha pasado con la reforma al poder judicial nos demuestra que para el pueblo nunca ha sido buena idea desentenderse de la política pensando que los gobernantes en verdad representan nuestros intereses. La realidad nos demuestra que si no estamos atentos a lo que hacen los políticos y no participamos activamente en la toma de decisiones, estamos condenados a repetir la historia por más dolorosa que sea.
Solicitar justicia cuando todos los poderes están controlados por un autócrata es ir a quejarse ante Poncio de los abusos de Pilatos.
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