Sinaloa tiene fama de ser una de las entidades federativas en las que la producción agrícola es muy importante; hay incluso quienes la llaman “El granero de México”. Y sí, hay elementos que confirman esta idea: la cuarta parte del maíz nacional se origina en estos lares y la producción de tomate rojo (jitomate) del suelo sinaloense alcanzaría para satisfacer la demanda nacional completa; dentro del PIB estatal la agricultura representa el 10 por ciento de la producción. Este prestigio bien ganado hace que en el imaginario colectivo exista la percepción de que toda la agricultura que se practica en el estado es moderna y altamente tecnificada; sin embargo, esto no es así.
Según el censo agropecuario de 2022, Sinaloa tenía en ese año, en números redondos, 1 millón 350 mil hectáreas activas en la producción agrícola; pero de estas, 69 por ciento eran de riego y 31 por ciento de temporal: casi una tercera parte de la superficie cultivada es de temporal. Esto, con todo y que ha venido disminuyendo drásticamente la superficie sembrada bajo este esquema, pues datos del Centro de Información Estadística y Geográfica de Sinaloa (CIEGSIN) dicen que esta ha caído 49 por ciento durante los últimos 14 años. Durante 2024 se ha registrado la peor sequía en 30 años, es prácticamente un hecho que todos los agricultores temporaleros van a quedar sin ingresos o con muy pocos de ellos, pues no tienen manera de remediar la baja producción por la falta de lluvias.
Una reforma fiscal progresiva es imprescindible para resolver la problemática del campo mexicano y apoyar a quienes dependen de él
Conozco testimonios como el de don Ramón Villegas Velázquez, de Península de Villamoros que dice que, acaso, logrará el 20 por ciento del cacahuate que esperaba cosechar; empero, por otro lado, la deuda que adquirió para sembrar 10 ha es de 50 mil pesos, misma que ahora no sabe cómo pagará. Como don Ramón, hay cientos de productores de Higueras de Abuya, Chiqueritos, las Flores, Tacuichamona, entre otras comunidades del sur de Culiacán, así como miles de productores de todo el estado que lo han perdido todo o casi todo. Los afectados han pedido a la Secretaría de Agricultura y Ganadería del gobierno del estado de Sinaloa (SAyG) que haga válido el seguro catastrófico para que se indemnice a los productores de los cultivos siniestrado; esta les ha prometido agilizar las supervisiones para que luego fluyan los apoyos.
En la experiencia de Antorcha, la activación del seguro catastrófico no es automática, las compañías aseguradoras no son hermanitas de la caridad, sino negocios, y como tales, buscan hasta el último resquicio en las “cláusulas” del contrato de aseguramiento para no pagar, o pagar lo menos posible. Por eso los campesinos que perdieron sus cosechas deben estar unidos para que de una o de otra manera el gobierno del estado, que administra parte de sus impuestos, no rehúya a su deber de apoyar a quienes se han quedado sin el sustento para su hogar.
Los problemas no acaban ahí. Se oye una queja sorda hasta el momento porque en las mismas comunidades y a buena parte de los mismos productores hoy afectados por la sequía extrema, también les ha caído otra sequía: la del apoyo de la “Producción para el Bienestar”, antes Procampo. Hay muchos campesinos de los más de 37 mil que están en el padrón sinaloense, a los que no se les pagó el apoyo el año pasado, a pesar de haber trabajado, a lo que debe sumarse que tampoco en este se les ha pagado, aun cuando el año está por terminar. “El problema es que ha trascendido que el Gobierno Federal lo quiere cancelar aún y cuando se tiene aprobado para el ejercicio fiscal de este año 2024 por la Cámara de Diputados federal” dice Miguel Ángel López Miranda, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias en Sinaloa (LCA). (lineadirectaportal.com, 6 de noviembre de 2024). El programa, por ridículo que suene, tiene la intención de apoyar a los productores en sus labores agrícolas.
Suma y sigue. Los que trabajan en superficies con sistemas de riego tampoco están exentos de dificultades; aunque es cierto que al final tienen mejor manera de defenderse de la actual sequía y de la baja disponibilidad de agua para el siguiente ciclo de siembra, cambiando de cultivo, por ejemplo, yendo del maíz al frijol o garbanzo, que requieren menos agua para su crecimiento. Pero aun con todo esto, enfrentarán el problema recurrente de los últimos años: ante la desaparición de ASERCA y, con ella del impulso a la agricultura por contrato, los precios de comercialización son los del mercado, fijados internacionalmente, y estos no siempre son favorables para la mayoría (como ocurrió los dos últimos años); por lo que se enfrascan en duro forcejeo para que el gobierno federal ayude con un precio de garantía más alto. Es muy conocida la respuesta que el gobierno de López Obrador dio a los agricultores en lucha: feroz embestida mediática, amenazas de cárcel y procesos legales abiertos para acallar a los inconformes y a sus líderes. Nada garantiza que no haya el mismo problema cada año y que Claudia Sheinbaum no responda de la misma manera que su mentor.
La solución a los problemas puede ser variada, pero me parece que algo en lo que la mayoría debería coincidir es que se requieren ingentes recursos para lograr estabilizar la situación del campo mexicano. Desde tecnificar completamente la producción introduciendo riego a todas las superficies donde sea factible, construir gigantescas obras de captación y distribución del agua en grandes regiones, retomar la agricultura por contrato, apoyar a los productores más desfavorecidos, hasta fomentar un cooperativismo eficiente que haga rentables grandes superficies ahora atomizadas en pequeñas unidades de producción, todo, requiere de mucho dinero. ¿Y de dónde se va a sacar? Si el gobierno está buscando cómo desaparecer programas no es precisamente porque le sobre dinero.
Una reforma fiscal progresiva se antoja imprescindible para captar muchos recursos que permitan resolver la problemática del campo y de todos los mexicanos que dependen de él. Pero esta reforma sería una necesidad para un gobierno preocupado por resolver de fondo la situación de las mayorías. ¿Tenemos ese gobierno? Si no, procurémoslo.
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