De acuerdo con el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales para el ejercicio fiscal 2023, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza se incrementó en 19 de las 32 entidades en el país, por un nivel encima al promedio nacional, en comparación con 2018, último año del sexenio anterior.
Así que, a pesar del discurso oficial acerca del alza, eficacia y bondad de los programas sociales implementados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, estos pierden poder redistributivo y la pobreza en México incrementa y crece sostenidamente, incluso, en algunas de las entidades más grandes y ricas del país, como Nuevo León, que pasó de 14.2 a 19.7 por ciento entre 2018 y 2023, y que es el estado con menor proporción de población en pobreza del país.
Según los datos de ese informe, las entidades que registraron mayor incremento en sus indicadores de pobreza son Quintana Roo, con un alza de 15.95 puntos, al pasar de 28.8 a 44.75 por ciento; Ciudad de México, que pasó de 27.6 por ciento de población en esta situación a 34.2 por ciento, 6.6 puntos más; Yucatán, 5.5 puntos porcentuales más, al pasar de 44 a 49.5 por ciento, le siguen, Nuevo León y Baja California.
En contraste, las entidades que tuvieron mayor disminución en la tasa de personas que están en situación de pobreza fueron Michoacán, con una baja de 9.74 puntos porcentuales; le sigue Nayarit, con 7.03 puntos y Oaxaca, con 6.6 puntos, ésta última, a pesar de la reducción registrada, se mantiene como la tercera entidad con la mayor proporción de personas que viven en pobreza, 63.8 por ciento del total de su población, apenas superada por Chiapas y Guerrero.
Si bien la pandemia fue una de las causas que contribuyó al aumento de la pobreza y empeoramiento de las clases bajas, a partir de 2020, y que la inflación juega un papel determinante para el incremento de los precios, al disminuir el poder adquisitivo para productos de primera necesidad como la tortilla, huevo, verduras, carne, aceite de cocina, los economistas afirman que este deterioro también es resultado de una mala orientación e implementación de los programas de bienestar como política social para remediar la pobreza y la economía.
“Hoy a las familias más pobres les llegan menos apoyos sociales que hace tres años, las transferencias monetarias por política social han perdido su poder redistributivo durante el actual sexenio, desaprovechando así una de las herramientas más importantes para combatir la desigualdad en el país”, dijo Gonzalo Hernández Licona, director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford y exdirector del Coneval, en una entrevista con Radio Fórmula; es decir, que a pesar de la narrativa que subraya el Gobierno Federal, “por el bien de todos, primero los pobres”, los programas sociales desplegados por la administración de la 4T, aumentó el número de hogares de familias ricas beneficiadas y disminuyó el de familias pobres desfavorecidas.
Por su parte, Máximo Ernesto Jaramillo Molina, investigador en temas de desigualdad social, sostuvo que otra razón por la que la política social del Gobierno federal perdió su poder redistributivo, puede deberse también, al cambio en la orientación de la mayor parte del presupuesto, ya que si antes de este sexenio los programas sociales se focalizaron a la población en situación de pobreza, en el gobierno actual, el 47 por ciento del presupuesto principal se canaliza a los adultos mayores y a la pensión universal que reciben; esto provoca que, aunque ahora en promedio hay más viviendas que reciben programas sociales, los hogares más pobres beneficiados disminuyeron, mientras que en la mitad de la población con más ingresos, el total de beneficiarios de programas sociales se triplicó de seis a 17 por ciento.
Yucatán, a pesar de ser una de las entidades beneficiada con la construcción del Tren Maya, del reiterado apoyo del presidente al gobernador del estado y de un insistente lema de “cambio se ve y se siente”, en el reciente Cuarto Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo, el incremento del porcentaje de personas en situación de pobreza, así como el porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema, quedó por arriba de la media nacional, en el primer caso fue de 5.5 por ciento (la media nacional fue de 2 por ciento) y la segunda, de 10.9 por ciento, al pasar de 11.5 en 2018 a 22.4 en 2020, la media nacional pasó de 14 a 17.2 por ciento, 3.2 por ciento.
En el rubro de pobreza extrema, el informe realizado por el Coneval dio a conocer que, en el estado, existen 262 mil 273 personas (11.3%) que viven en esta situación y que los principales indicadores de pobreza existentes son: carencia por acceso a los servicios de salud (10.6%), carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad (3.2%) y rezago educativo (0.2%).
Así, se pone de manifiesto que, aunque los programas sociales son el estandarte del presidente López Obrador y su gobierno de la 4T, para combatir la pobreza, estos han fracasado como política social y la pobreza continúa incrementando sustancialmente. No se trata de buscar el prietito en el arroz.
La desigualdad y la pobreza son un problema real y grave. El hambre y otras carencias han adquirido dimensiones que no permiten ignorarlas ni esconderlas y que, lejos de disminuir, tienden a incrementarse en todo el mundo; las transferencias monetarias, con corrupción o sin ella, fracasarán una vez más, si el gobierno lopezobradorista no se decide, de una vez por todas, a tomar medidas en serio y a modificar el injusto reparto de la riqueza producida por las mayorías trabajadoras, que no necesitan discursos bien intencionados, sino hechos contundentes.
Mientras eso no ocurra, la pobreza, el hambre y la desigualdad seguirán lacerando la vida de millones de mexicanos, situación que cambiará, únicamente cuando el pueblo organizado, educado y unido tome en sus manos la tarea de una nueva y justa distribución de la riqueza social producida.
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