En el mes de febrero de 2023 se llevó a cabo la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), y el resultado fue que México cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) de 60 millones de personas.
En febrero de 2023, la Población Ocupada (PO) alcanzó 58.3 millones de personas (97.3 % de la PEA): un aumento anual de 2.3 millones.
De este total, solo 22 millones de personas ocupadas cuentan con Seguridad Social y de estos solo alrededor de 4 millones son trabajadores sindicalizados, más otros dos millones que están contratados por alguna empresa pero que no están asegurados ni están afiliados a un sindicato y la inmensa mayoría, más del 50%, se encuentran realizando trabajos informales.
Este estatus en que se encuentra la población con capacidad de producir está ligado en relación directa con el poco desarrollo económico en el que se encuentra nuestro país, y al final, la responsabilidad recae tanto en el sistema económico vigente como en las políticas de gobierno para revertir esta situación que arrastra, como una avalancha a esta esta capa de la población y sus familias hacia la pobreza y pobreza extrema.
Desde 1999, la Organización Internacional del Trabajo creó el concepto de Trabajo Decente, cuyas características esenciales son cinco, y se deben cumplir para que pueda realizarse dicho concepto a decir, debe ser un trabajo productivo y seguro, debe haber respeto pleno a los derechos laborales, el trabajador debe percibir un ingreso digno, debe contar con protección social y, por último, se debe permitir la libre organización de los trabajadores.
Asimismo, el 1 de mayo de 2019 se publicó la reforma laboral que consistió en modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, Ley de Seguro Social y la Ley del Infonavit; de 569 artículos con cambios, 555 pertenecen a la Ley Federal del Trabajo.
En cuanto a las acciones y recursos de gobierno destinadas al cumplimiento de estas disposiciones, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 se asignaron 630 millones de pesos a la Secretaría del Trabajo para inspeccionar y vigilar que las empresas cumplan con las características del trabajo decente.
Tanto el concepto Trabajo Decente, la reforma laboral y los recursos asignados por el gobierno son acciones que si se complementaran contribuirían para dignificar al trabajador mexicano, sería el sistema ideal para la realización plena de los derechos de los trabajadores como los derechos laborales, de seguridad social, así como la libertad de organización para la defensa de estos derechos
Tanto el concepto Trabajo Decente, la reforma laboral y los recursos asignados por el gobierno son acciones que si se complementaran contribuirían para dignificar al trabajador mexicano, sería el sistema ideal para la realización plena de los derechos de los trabajadores como los derechos laborales, de seguridad social, así como la libertad de organización para la defensa de estos derechos.
¿Qué es lo que sucede en los hechos? Que los 36 millones de trabajadores, aquellos que trabajan por su cuenta, a los que eufemísticamente se les dice que son “sus propios patrones” y que hacen lo que sea para sobrevivir ellos y sus familias como vender cualquier bagatela en calles y cruceros, ser limpiaparabrisas, tragafuego o malabarista, pedir limosna entre otras actividades, son gente que no tiene un trabajo productivo, no tienen derechos laborales, no tienen un ingreso digno, no cuentan con seguridad social y se encuentran dispersos, es decir, no están organizados para la defensa de sus derechos.
Con los trabajadores formales sucede que, la inmensa mayoría, por lo menos 18 millones no están sindicalizados, alrededor del 35% de estos solo recibe el salario mínimo, y los cerca de dos millones de trabajadores que, aunque trabajan en alguna empresa, no cuentan con seguridad social.
El programa implementado por parte de la Secretaría del Trabajo de asignar suficientes inspectores que vayan a las empresas para verificar o hacer las amonestaciones necesarias con respecto al incumplimiento de las características que debe tener un trabajo digno o decente.
Es preocupante que ahora autorice a las propias empresas para que ellas califiquen las condiciones en que sus trabajadores desempeñan su labor, lo que generará que la mayoría de las empresas salgan con una calificación alta, y la Secretaría del Trabajo no podrá constatar el mejoramiento sustancial en la seguridad e higiene, en materia de salud o el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas.
El planteamiento de la Organización Internacional del Trabajo, la reforma a la Ley Federal del trabajo, la asignación de recursos y las medidas prácticas para lograr un trabajo digno, queda bien establecido en el papel y sería un gran avance si se cumpliera, si el sistema económico vigente y el sistema de gobierno que le sirve se propusiera crear más empleos, pero la realidad nos dice que esto no sucede y que la inmensa mayoría de la población económicamente activa se encamina a pasos agigantados hacia el horror de la pobreza.
Mientras los trabajadores tanto formales como informales estén desorganizados, serán como pequeños granitos de polvo diseminados por todo el territorio. Es necesaria la concientización y la decisión de organizarse para hacer valer sus derechos, para que estos dejen de ser solo lo ideal y se puedan convertir en realidad.
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