A un año de la histórica inundación de Tula, la situación aún cala a las víctimas de la tragedia, quienes perdieron desde su patrimonio hasta la vida misma, sin que las autoridades federales y estatales apoyaran a los damnificados como lo prometieron.

El 6 de septiembre de 2021 comenzó la inundación de Tula, misma que tuvo sumergido, durante al menos tres semanas, al centro de la demarcación y a nueve comunidades bajo el agua negra que llegó desde el Valle de México. La emergencia dejó un saldo de más de 35 mil damnificados, 2 mil 500 inmuebles afectados, 5 puentes dañados y 17 personas fallecidas; entre ellos 14 pacientes de un hospital del IMSS. Las pérdidas fueron estimadas en más de 2 mil 50 millones de pesos

El Gobierno estatal y federal insistieron en que se trató de un fenómeno natural; sin embargo, lo que hizo que el Río Tula se desbordara fue el torrente adicional, de al menos 220 metros cúbicos de aguas negras y pluviales provenientes del Valle de México que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Sistema de Aguas de Ciudad de México (SACMEX) mandaron al Valle de Mezquital, siendo que el río Tula tenía una capacidad de desfogue de 250 metros cúbicos por segundo; pero, en esa ocasión captó más de 640, lo que provocó su desbordamiento y la anegación de la zona urbana.

Han pasado ya 12 meses de que los damnificados que perdieron todas sus pertenencias, sus hogares, construidos con cientos de horas de trabajo y esfuerzo. Tras está tragedia, cómo siempre ocurre, funcionarios, políticos y personalidades acudieron al lugar de los hechos para prometer ayuda mientras se tomaban fotos para las redes sociales.

Por ejemplo, el 7 de septiembre, advertido de la devastación, el presidente Andrés Manuel López Obrador se trasladó a Hidalgo, luego de concluir con su conferencia matutina, y realizó un sobrevuelo por la zona afectada para posteriormente prometer ayuda a los damnificados.

Las autoridades de todos los niveles hicieron la misma promesa, la promesa de no abandonar a los pobladores de Tula en desgracia, sin embargo, los apoyos recibidos fueron indignantes. Muestra de ello, fue el caso de los colchones donados por el Gobierno municipal que los damnificados denunciaron fueron piezas reconstruidas que desprendían un olor pestilente y en las que, al abrirlos, encontraron capas de los forros anteriores con residuos de sangre y orina.

A un año de esta tragedia, en Tula de Allende aún se encuentran puentes colapsados, casas abandonadas, y decenas de negocios cerrados pues los pobladores afectados no han logrado reconstruir su patrimonio perdido pues las víctimas solo han recibido dádivas que no ayudan a recuperar lo más básico de sus bienes perdidos. Las familias afectadas se vieron obligadas a abandonar sus hogares para empezar de cero, para salir adelante sin el apoyo de los diferentes niveles de gobierno.

A un año de estos lamentables hechos no hay responsables, no hay reparación del daño, ni mucho menos garantías de no repetición.