Más de ocho mil mexicanos y dos mil extranjeros han sido deportados durante las dos primeras semanas de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, según informó el Instituto Nacional de Migración en una rueda de prensa celebrada en Tamaulipas.
La repatriación a causa de las medidas del gobierno estadounidense implicará colocar a trabajadores y sus familias en propiedades de entidades como Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Baja California.
Desde su toma de posesión el 20 de enero, se ha reportado la repatriación de 8 mil 119 mexicanos y 2 mil 523 personas de otras nacionalidades, indicó el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, en el Centro de Atención a Migrantes en Reynosa. Señaló que esta situación ya se había previsto antes de que Trump asumiera la presidencia y aseguró que Tamaulipas tiene la capacidad de recibir a los deportados.
Asimismo, explicó que todo el proceso se lleva a cabo de manera coordinada con las autoridades migratorias de Estados Unidos y aclaró que el 99.9 % de los repatriados no tiene antecedentes penales, ya que la mayoría son trabajadores.
Ante este panorama, Tamaulipas y los estados fronterizos deberán atender la creciente demanda de vivienda derivada de la repatriación de connacionales. Se estima que la franja fronteriza con Estados Unidos, incluyendo Tamaulipas, incrementará hasta un 15 % la demanda de vivienda debido a las deportaciones de mexicanos y extranjeros. Algunos consideran que esto impulsará el mercado inmobiliario y permitirá aprovechar la mano de obra calificada, además de cumplir con el Plan Nacional lanzado por el gobierno federal.
Sin embargo, la realidad podría ser diferente. De acuerdo con datos del Coneval, la economía de México no ha crecido lo suficiente, pues la pobreza sigue en aumento.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el crecimiento del PIB no alcanzó ni el 1.9 % y no se implementaron medidas efectivas para generar nuevos empleos, lo que provocó una alta migración hacia Estados Unidos. A pesar de ello, se espera que el gobierno actual tenga un plan para enfrentar esta crisis.
El presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI), Karim Oviedo Ramírez, señaló que las deportaciones ya están impactando el sector inmobiliario en entidades como Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Baja California. Consideró que este fenómeno representa una oportunidad para aprovechar la mano de obra calificada en el sector industrial y para ofrecer facilidades a los repatriados que deseen emprender.
No obstante, advirtió que el rezago en la edificación de viviendas nuevas ha aumentado un 20 % en los últimos cuatro sexenios. Más allá de la calidad de la mano de obra, la pregunta clave es si México podrá generar los empleos necesarios para absorber a estos trabajadores.
Lo cierto es que, con las deportaciones y repatriaciones, miles de connacionales necesitarán vivienda, lo que incrementará la demanda en la frontera. Muchos de ellos no tienen propiedades en México ni familiares que los reciban, lo que agravará su situación. En el primer plano de la franja fronteriza se reflejará esta problemática, ya que muchos migrantes salieron del país siendo niños y ahora no tienen a dónde llegar. Tamaulipas será un punto clave en este fenómeno, al igual que Chihuahua, Coahuila, Sonora y Baja California, extendiéndose incluso a Baja California Sur, Zacatecas y Nuevo León.
Cabe mencionar que actualmente el rezago habitacional en México es del 20 %, debido a la falta de políticas adecuadas en los últimos cuatro sexenios. Obtener una casa en el país sigue siendo un reto, ya que los créditos de Infonavit, aunque accesibles, implican pagos prolongados, mientras que los créditos hipotecarios tienen tasas de interés elevadas.
Las autoridades tienen una tarea pendiente: demostrar para quién gobiernan y de qué lado están. Los mexicanos necesitan apoyo, y este es el momento de solidarizarse. Para ello, es imprescindible flexibilizar los trámites de adquisición de vivienda, pues actualmente son engorrosos y desorganizados. De no tomarse medidas urgentes, la pobreza y el rezago habitacional aumentarán significativamente.
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