Sin caer en el fatalismo, se hace necesario registrar que en México vivimos tiempos difíciles. Primero, por la creciente inconformidad debido al descubrimiento —por parte de civiles— de las fosas clandestinas en el Rancho Izaguirre, Teuchitlán, Jalisco; después, por el manejo equivocado de las denuncias en los medios de comunicación, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y del senador Gerardo Fernández Noroña, que quisieron desviar la atención alegando una campaña en contra del gobierno de la 4T; finalmente, las recientes manifestaciones de maestros a nivel nacional, que lograron un acuerdo con la presidenta para derogar la reforma del Issste.
Estos hechos nos advierten que en la sociedad mexicana la inconformidad empieza a desbordarse, y en un contexto internacional tan complicado, un mal manejo de las inconformidades puede conducir a nuestro país a un escenario de caos que a nadie beneficia.
Los Telebachilleratos Comunitarios y las Telesecundarias en Guerrero enfrentan condiciones extremas que afectan la calidad de la educación y la dignidad de maestros y alumnos, sin respuesta efectiva de las autoridades.
Por lo que respecta al estado de Guerrero, la problemática social es incluso más alarmante que a nivel nacional. Esto es así, porque hemos llegado a un nivel de confrontación entre manifestantes de municipios, agencias y escuelas, en que se ha sitiado a las instituciones de gobierno, generando denuncias que, ya sea genuinas o maliciosas, acusan desgobierno en la entidad.
Con esa preocupación en mente es que, en mi calidad de modesto representante estatal del Movimiento Antorchista, me dirijo a mis pocos lectores —y, de entre ellos, principalmente a las autoridades a quienes compete atender la problemática planteada por mí—, para invitar a la reflexión y, con ello, a la búsqueda de los canales de comunicación.
Sobre todo, debemos encauzar los reclamos sociales por necesidades que, aunque sustentadas en nuestra Carta Magna, en los hechos no se satisfacen. Veamos.
Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo tercero: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado —Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios— impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior… El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social … Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación…”.
Pues bien, estos preceptos legales son letra muerta cuando hay funcionarios que, en vez de entender que por mandato constitucional están obligados a hacerlos efectivos, se deslindan de su responsabilidad ignorando las violaciones de los Derechos Humanos de sus gobernados.
Por ejemplo, amparándose en la ambigüedad de la ley, en la carencia de recursos económicos o en la jurisdicción para atender, no solo no resuelven de fondo la problemática, sino que ni siquiera por un rasgo humanitario, ofrecen alguna medida que pueda paliar las carencias extremas que enfrentan alumnos, padres de familia y maestros de escuelas en las que el servicio educativo está en riesgo de interrumpirse o suspenderse de manera definitiva. Esto se comprueba en los siguientes casos:
Los Telebachilleratos Comunitarios de Apalani, en el municipio de Acapulco; de Valle del Río, en el municipio de Coyuca de Benítez; de Zacualpan, en el municipio de Ometepec, y de la colonia Plan de Ayala, en la capital del estado, que cubren sobradamente la matrícula requerida y que cuentan con los terrenos para edificar sus instalaciones, han laborado desde su fundación, hace ocho años, sin que los maestros hayan percibido un salario ni siquiera simbólico y, menos, hayan recibido una butaca, un pizarrón o, por lo menos, un aula temporal, de tal forma que se imparten clases por parte de maestros voluntarios en aulas de varas o en canchas comunitarias;
Otro ejemplo es la Telesecundaria Juan Ruíz de Alarcón ubicada en la colonia Fuerza Aérea del municipio de Acapulco, fundada hace quince años y que brinda educación a más de 60 alumnos de escasos recursos económicos, cuya formación inicial se concretó en un terreno que fue donado de palabra cuando iniciaba el asentamiento humano, pero que con el tiempo se ha planteado como una venta por los actuales propietarios, cuestión que los padres de familia y maestros no pueden enfrentar por sí solos.
Por último, la Universidad Autónoma de Zihuatanejo (UAZI), que a falta de una institución pública de nivel superior, fue fundada como una escuela comunitaria hace más de cuatro años con más de 500 alumnos, pero que, ante la falta de apoyo gubernamental, fue sostenida por un grupo de maestros sensibles a la necesidad de cientos de estudiantes, consiguiendo el respaldo educativo en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), pero sin la oficialización y dejando a su suerte a los maestros, a los más de 200 alumnos actuales, a pesar de que ya se cuenta con el predio.
Atendiendo a la preocupación del ambiente político y social que vivimos en la federación y en el estado, con ánimo de contribuir al sano ambiente político pero, sobre todo, con la firme convicción de que lo que buscamos es solución a esta aguda problemática social, los antorchistas nos presentaremos el día de 19 de marzo en las oficinas del gobierno estatal, para dar continuidad al pliego de peticiones de miles de guerrerenses que anhelan justicia a necesidades elementales.
Esperamos que la preocupación por una sociedad en paz y civilidad sea compartida con nosotros por parte de la autoridad estatal y encuentre no sólo oídos, sino voluntad para resolver sus demandas genuinas. Que así sea.
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