La difícil situación económica por la que atraviesan los habitantes de Quintana Roo es por la escasez de empleo, sobre todo, por los salarios de miseria, aunado al incremento del costo de los alimentos de la canasta básica y en general de todos los productos, orillando a que cientos de jóvenes dejen sus estudios académicos para que, por medio del trabajo informal o cualquier actividad que genere unos cuantos pesos, contribuyan a cubrir los gastos familiares, una tarea cada vez más difícil, en especial cuando no existen oportunidades y tampoco ayuda de las autoridades que permita que las familias empobrecidas superen las difíciles adversidades por la que atraviesan.
Las autoridades encargadas de medir los efectos económicos y todo lo que tiene que ver con la sociedad, es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), quienes revelaron datos alarmantes de las condiciones, que a cinco años de gobierno de la Cuarta Transformación, siguen enfrentando los mexicanos por la gran brecha de marginalidad, sobre una severa crisis económica que golpea galopantemente a más de la mitad de los ciudadanos de nuestro país, en las entidades cuyos ingresos dependen de la movilidad ciudadana, como el turismo, en este caso el de Quintana Roo.
Tampoco podemos ignorar la información y la advertencia del grupo “Enseñanza por México”, cuyo titular Jorge Carmelo Rodríguez, alertó que en Quintana Roo dos de cada 10 adolescentes y jóvenes son parte de los grupos vulnerables, por lo que se ven obligados a trabajar para poder continuar con sus estudios de preparatoria y universidad. Coincido con que, si bien esa cifra no es tan grave como en otros estados, como en Chiapas, donde la proporción es de cinco de cada 10, sí es preocupante por el hecho de que se está violentando uno de los principales derechos de los infantes: el tener facilidades de acceso a la educación.
La carestía de la vida y la falta de oportunidades laborales con salarios y prestaciones decorosas de los padres de familia, están obligando a los jóvenes a tener que emplearse para ayudar con el gasto familiar, pero a un costo muy grande como lo es la facilidad de acceso a la educación, lo que sin duda frena sus posibilidades de aspirar a mejores condiciones de vida.
Los datos oficiales obtenidos por el Inegi sobre explotación y trabajo infantil, así como del Coneval, deben alertar a las autoridades y evitar, con algún tipo de acción o programa gubernamental, abandonen las aulas para irse a trabajar en apoyo a la economía familiar. Señalan que el 23.2 por ciento de la población de entre 12 a 21 años está estudiando gracias a que trabaja por salarios de apenas 800 pesos semanales. Y es que debido a su edad o inexperiencia son contratados en el sector informal, donde no les pagan siquiera el salario mínimo.
Es ese tenor, poco más del 45 por ciento de los trabajadores de Quintana Roo operan en la informalidad. Por miles se documenta la pérdida de fuentes de empleo de familias que por mucho tiempo y hasta estas fechas siguen afectadas al ya no percibir un ingreso diario, semanal o quincenal, con el cual cubren sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y vestido; pero también hubo otros efectos negativos que impactaron principalmente a los jóvenes.
Desde que la gobernadora Mara Lezama Espinoza tomó posesión en el Gobierno del estado, todavía no se visualizan cambios concretos sobre el bienestar social, pues aunque se presuma que Quintana Roo es uno de los Estados con más empleo del país, la realidad es otra, la tasa de informalidad es del 46.8 por ciento, o sea, 47 de cada 100 personas que trabajan en el sector informal, el dato surge de los resultados del Inegi correspondientes a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre de 2023, que también mostró un aumento del desempleo, datos alarmantes que no contribuyen en nada para mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses, incluida a la juventud.
Sin embargo, para evitar la deserción escolar, urge que los padres de familia accedan a mejores oportunidades, que tengan empleos y salarios justos, pero también se requiere de apoyos educativos, pues sin ellos, los jóvenes se ven forzados a abandonar sus estudios y dedicarse a trabajar para poder solventar sus necesidades económicas. Este problema afecta de manera generalizada al sector educativo del país, por lo que se torna indispensable y urgente el apoyo del Gobierno, para que estos jóvenes puedan continuar con sus estudios.
Los estudiantes quieren salir adelante y se esfuerzan por lograrlo, pero muchas veces se ven rebasados por la adversidad en su economía familiar y es donde entra la obligación del Estado a garantizar la educación: las autoridades deben resolver en los hechos sus demandas. Es hora de que se tomen en cuenta a los jóvenes que sí estudian y sí trabajan; se necesita que se les entregue su beca en los hechos y no sólo en el discurso, pues merecida la tienen. Pero si se necesitaran más razones, hay que decir que ahora las becas son ya un derecho de los estudiantes. Que así sea.
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