Cada fin de año, el gobierno mexicano se enfrenta a una encrucijada financiera: cómo equilibrar el gasto público con los ingresos obtenidos del sistema fiscal, un sistema que históricamente se ha mostrado ineficaz en cuanto a recaudación. La solución más fácil, aunque no la más prudente, ha sido siempre recurrir al endeudamiento.
Con las deficiencias estructurales del sistema fiscal mexicano se prioriza el pago de la deuda y las pensiones, dejando sin recursos a sectores como salud, educación e inversión pública.
Este año, el gobierno de la 4T no ha sido la excepción. Con una deuda pública que ya superaba los 17 billones de pesos en 2024, se ha autorizado un nuevo endeudamiento de hasta 1.5 billones de pesos, lo que llevará el total de la deuda a más de 18 billones de pesos. Este aumento representa un grave riesgo para el futuro financiero del país y un lastre para las próximas generaciones.
Este endeudamiento masivo no es una casualidad ni una medida extraordinaria. Es el resultado de un patrón de mala administración fiscal que persiste desde hace años. La recaudación de impuestos no ha crecido lo suficiente para financiar el gasto público, lo que obliga al gobierno a recurrir a préstamos para cubrir un presupuesto de 9.2 billones de pesos en 2025.
Sin embargo, una alarmante parte de estos recursos está comprometida en pensiones, transferencias sociales y el pago de la deuda misma. De hecho, más del 80 % del presupuesto se destina a estos conceptos, dejando sólo un 1.7 % del producto interno bruto (PIB) para políticas públicas que beneficien a los sectores más vulnerables.
Es preciso señalar que el aumento del gasto en pensiones y transferencias sociales, como el programa Pensión Mujeres Bienestar, se ha hecho a costa de áreas fundamentales como la salud, la educación, la infraestructura y el cuidado de la infancia.
Con un recorte en sectores clave, la cobertura de servicios esenciales se verá seriamente comprometida; en particular, la salud pública enfrenta una drástica reducción de presupuesto para los trabajadores informales, que representan más de 33 millones de personas en el país. Esta disminución afecta directamente la calidad de los servicios ofrecidos a quienes no tienen acceso a seguridad social formal.
Por otro lado, el recorte en la inversión pública, que se proyecta en 996 mil millones de pesos, también impactará negativamente el crecimiento económico del país. La caída en la inversión en áreas estratégicas como la infraestructura y el transporte solo agrandará las brechas de desigualdad y frenará el desarrollo económico a largo plazo.
En lugar de destinar recursos a proyectos productivos y a la mejora de la infraestructura básica en las zonas más rezagadas, el gobierno ha optado por un ajuste fiscal que, aunque parece necesario desde una perspectiva macroeconómica, carece de una visión que contemple el bienestar integral de la sociedad.
El gasto público en 2025 es, por lo tanto, una solución temporal que esconde las deficiencias estructurales del sistema fiscal mexicano. La dependencia del endeudamiento para financiar programas sociales y cubrir gastos corrientes crea una burbuja económica que, con el tiempo, será insostenible.
Mientras tanto, las comunidades más vulnerables sufrirán las consecuencias de una austeridad mal orientada, que prioriza el pago de deudas y pensiones antes que la inversión en salud, educación e infraestructura. Para evitar caer en una trampa de deuda que nos condene a pagar intereses exorbitantes por generaciones, es urgente rediseñar el sistema fiscal mexicano.
Se necesita un modelo más justo, eficiente y sostenible que logre equilibrar el gasto público con la recaudación de impuestos, sin sacrificar derechos universales fundamentales para la población. Sólo de esta manera se podrá garantizar un futuro económico más estable y equitativo para todos los mexicanos.
Mientras tanto, el ajuste fiscal de 2025 será un año más de austeridad que, lejos de corregir los problemas estructurales, parece profundizarlos.
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