“Cambio verdadero y nada de simulación” proclamaba en cadena nacional el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador durante el arranque de la entrega de las Pensiones para el Bienestar de las personas con discapacidad, el 11 de enero de 2019. Hoy, a casi tres años de lo que se calificaba como “un acto de justicia”, no se ha hecho más que repetir y agravar los errores de administraciones pasadas, mientras que el 90 por ciento de la población discapacitada en nuestro país, se encuentra desvalida y olvidada ante un gobierno que pregonaba su atención prioritaria.
En México existen 20 millones 838 mil personas con alguna limitación en la actividad cotidiana, discapacidad o problema o condición mental, de acuerdo con los datos arrojados del Censo de Población y Vivienda del Inegi 2020, lo que representa el 16.5% de la población nacional. Esta cifra se disparó, comparada con los 7.1 millones que se habían contabilizado en el Censo del Inegi 2017. Lo que ha prevalecido en el común denominador de cada censo, es que estas “minorías” siempre han sido discriminadas y los “apoyos” son insuficientes.
“La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad es un acto de justicia que beneficiará a un millón de niñas y niños” anunciaba el presidente durante su primer informe de labores; el apoyo, principal y único programa social para este sector de la población, contempla la entrega bimestral de dos mil 700 pesos, (45 diarios), la mitad de lo que la beca Jóvenes construyendo el futuro otorga cada mes. Además de que sólo contempla las edades de 0 a 29 años y adultos de 30 a 67 años que viven en zonas rurales. De acuerdo con datos de la propia Secretaría del Bienestar, en dos años de la actual administración morenista, únicamente se han entregado 850 mil becas a igual número de solicitantes, teniendo como meta alcanzar un millón, o sea sólo un 10 por ciento de toda la población con discapacidad.
Aunado a esto el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su informe de Evaluación de Diseño con Trabajo 2020, puntualiza que “es la única intervención federal que brinda un apoyo económico directo a este grupo poblacional, sin embargo, no logra reflejar, en sus diferentes instrumentos normativos, de forma clara y consistente el problema que se busca atender, los objetivos que espera conseguir y los criterios de priorización de su población objetivo”.
La política de “austeridad” de esta Cuarta Transformación, también se implementó en dependencias federales y programas enfocados en la integración y bienestar, como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), órgano gubernamental que desde finales de diciembre de 2018 y hasta la fecha, no cuenta con un titular que pueda proponer y defender una política de inclusión. Pero la falta de dirección no es lo único que ha padecido en dos años, también se redujo el presupuesto a 32 millones de pesos en 2021 y en consecuencia la plantilla laboral, además de cortar cualquier lazo de diálogo con organizaciones o asociaciones civiles especializadas en la atención a PCD, bajo el argumento de “no intermediarios”.
Otra dependencia que pareciera estar en la misma situación es el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el cual tampoco tiene titular desde junio de 2020, después de que Mónica Maccise, presentara su renuncia después de que el mismo presidente López Obrador sugiriera desaparecer el organismo pues “no lo conocía”, reduciéndole, en consecuencia, el presupuesto a 262 mil 478 pesos para este año.
Otro aspecto olvidado es la educación, actualmente no existe una beca, en esta materia, para PCD, ya que ni siquiera se cuenta con un padrón o informe elaborado por la Secretaría de Educación (SEP), que detalle la situación educativa de este sector, desde hace cinco años, a pesar de estar en la constitución desde 2018. Antes de la pandemia, la Secretaría contaba con recursos que ya ha desaparecido, para la adaptación de las escuelas a las personas con discapacidad; habilitar rampas y espacios de difícil acceso; sin embargo, las necesidades engloban material didáctico especial, como, por ejemplo, el aprendizaje de braille o lenguaje de señas, cuyo costo es bastante elevado para las familias.
Uno de los programas más importantes, creados en el pasado, eran los Centros de Atención de Estudiantes con Discapacidad (CAED); 291 instalaciones en todo el país que tenían un presupuesto importante, reducido a menos de la mitad durante este año, lo que provocó que más de 27 mil alumnos quedaran fuera de los esquemas en línea de “Aprende en Casa”, según los mismos auxiliares de estos centros.
Al igual que cientos de otros programas que se destinaban para el apoyo de la población necesitada han desaparecido, por el mero capricho del líder de la Cuarta Transformación. Usando como excusa la “guerra contra la corrupción” millones de familias se han visto afectadas tanto física como económicamente, ya que el costo de vivir con una discapacidad se dispara año con año. Al igual que con los niños con cáncer y los cientos de miles que han muerto por Covid-19, los más necesitados seguirán pagando una “guerra” que nunca tuvo por qué iniciar.
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