Ninguna sorpresa causó, el pasado 20 de octubre, la aprobación del Paquete Económico 2023 por la Cámara de Diputados, que, por cierto, era la fecha límite de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). De nada sirvió la acalorada discusión de los legisladores de oposición que no estuvieron de acuerdo con el Paquete Económico, porque ni una coma se le cambió. 

Con la aprobación del dictamen para la Ley de Ingresos de la Federación en la Cámara de Diputados se avanza, pero el Senado debe analizarlas, discutirlas y votar estas leyes que, según el reloj legislativo, debe ser a más tardar el 31 de octubre. Seguramente pasará lo mismo que en el Congreso de la Unión, los senadores afines al Gobierno federal, que son la mayoría, sólo alzarán la mano para aprobarlas, sin analizarlas a fondo.

La inmensa mayoría de los ciudadanos comunes que nos dedicamos a nuestro trabajo diario o a nuestras actividades ordinarias, no conocemos para qué sirve la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y en qué nos beneficia o en qué nos afecta, le dejamos todo a nuestros gobernantes o a nuestros representantes, por lo que luego no entendemos los problemas económicos, políticos y sociales que enfrentamos y quiénes tienen responsabilidad en ello.

A riesgo de no cumplir la encomienda, quiero decir, de manera muy apretada, algunos aspectos importantes de la LIF. Es un ordenamiento jurídico propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo que contienen los conceptos bajo los cuales se podrá captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la federación durante un ejercicio fiscal.  

Antes de ser aprobado por el Poder Legislativo se le llama Paquete Económico, éste contiene el conjunto de proyectos de ley y reformas que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le entrega al Poder Legislativo para su análisis, discusión y aprobación. Por ejemplo: el pasado 8 de septiembre se hizo entrega de este paquete conformado por cuatro componentes: los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y la Miscelánea Fiscal, que consisten en lo siguiente: Criterios Generales de Política Económica (CGPE): se analiza la situación económica de México y el panorama internacional. Con este contexto es posible estimar los ingresos que el gobierno podrá recibir el siguiente año y el gasto público que podrá ejercer. 

La Iniciativa de Ley de Ingresos (ILI): se estima la composición de los ingresos futuros, impuestos, derechos, ingresos derivados de financiamiento, entre otros. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF): se refiere a las asignaciones programadas del gasto público durante el ejercicio fiscal. Comprende la asignación de recursos para las dependencias, secretarías, órganos autónomos, programas sociales, proyectos de inversión, entre otros. Miscelánea Fiscal (MF): son el conjunto de herramientas o instrumentos legales para atender la política tributaria e incrementar la recaudación, sancionar la evasión, evitar la condonación, así como las malas prácticas fiscales y la actualización de cuotas, derechos y otros conceptos. 

Como podemos ver, el Paquete Económico en este caso, para el ejercicio fiscal de 2023, al ser aprobado por ambas Cámaras, se convierte en la Ley de Ingresos que ejercerá la federación en el año señalado. Algo de lo que me parece importante mencionar es que, en el Paquete Económico 2023 recién aprobado por los diputados federales, en el componente del PPEF, se estima que el Gobierno federal gaste ocho billones 299 mil 647 millones de pesos, un aumento real del 13 por ciento con respecto a lo aprobado en el ejercicio fiscal anterior.

Este presupuesto, según la SHCP, se financiará a través de ingresos petroleros (1.3 billones de pesos) e ingresos no petroleros (5.8 billones de pesos). Pero también estiman contratar 1.2 billones de pesos a través de deuda, es decir, pretenden endeudar más a todos los mexicanos. 

Como había de esperarse, las dependencias más beneficiadas con este aumento son: la Secretaría de Turismo (115 por ciento) que es la encargada de las obras emblemáticas del Gobierno Federal como el Tren Maya en el Sureste y el Tren Transístmico en Oaxaca y sur de Veracruz; la Semarnat (80 por ciento) que también juega un papel importante en la realización de las obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y, por su puesto; la Secretaría del Bienestar (32 por ciento) que como todos sabemos, maneja los programas electoreros de la actual administración Federal.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaría A.C (CIEP) señala que el balance económico y fiscal, para el próximo año, se presenta en un entorno de desaceleración, alta inflación, mayores tasas de intereses y una elevada incertidumbre económica. Resalta que sigue pendiente una reforma fiscal que fortalezca los ingresos públicos, tanto de la Federación como de las entidades federativas y municipios, y que permita mantener el ritmo de gasto planteado por la administración de la autodenomina Cuarta Transformación. 

Nos queda claro que la Cuarta Transformación en el gasto neto total del propuesto para 2023 prioriza el gasto federalizado, las pensiones y el costo financiero de la deuda. A pesar de que el presupuesto presenta un incremento anual real de 13 por ciento, la mayor parte del presupuesto se destinará al pago de los gastos comprometidos del Gobierno Federal. Por lo que implica una reducción de los recursos disponibles para proveer bienes y servicios a la población y atender las necesidades específicas de poblaciones vulneradas.

Para 2023, se tendría un espacio fiscal de cuatro mil 751.2 pesos por persona para realizar política pública, 2.8 por ciento menos que lo previsto en 2022. Esta reducción impediría la asignación de más recursos a sectores como educación, salud y cuidados que beneficiarían a la población históricamente vulnerada. Por si esto fuera poco, el Paquete Económico 2023 estima una deuda por habitante de 118 mil 208 pesos.

Como podemos ver, estimado lector, las cosas se tornan difíciles para los mexicanos de a pie. No habrá apoyo a las necesidades fundamentales de la población, no habrá nuevas redes de agua potable, nada de nuevas electrificaciones, más y mejores viviendas dignas, la salud y la educación seguirán siendo de las peores, por lo tanto, la pobreza nos seguirá azotando fuertemente, lo peor de todo, es que la inseguridad nos seguirá dañando porque es fruto de la pobreza y de una mala política económica. Urge que nos organicemos y pongamos a un gobierno que verdaderamente vele por los intereses de todos los mexicanos.