Sinaloa no es considerado, tradicionalmente, un estado pobre entre los 32 que forman la nación mexicana; “el granero de México”, algunos le llaman, para destacar el lugar que ocupa en la producción de granos; también es una entidad que puntea por su intensa actividad turística, basada en la belleza de las playas de Mazatlán. 

Y es cierto que en los indicadores de pobreza y pobreza extrema que se toman como criterio para ver el grado de marginación de la población no ocupa los últimos lugares, (hasta el año 2018 había 947 mil sinaloenses en pobreza, 30 por ciento de habitantes del estado, y 82 mil en pobreza extrema, 2.7 por ciento de la población, según el Inegi), pero eso solo es porque en muchas de las entidades federativas la situación es más dramática aún. 

La situación de pobreza en Sinaloa es, en realidad, muy preocupante, solo que está maquillada por algunas bondades de la actividad productiva. Van aquí algunos datos: 30  por ciento de la población estatal vive hacinada; solo 76 por ciento de la población tiene casa propia; 10 por ciento alquila casa y 11 por ciento vive en casa prestada o de un familiar; solo 5 de los 18 municipios del estado cuentan con agua entubada en 70 por ciento o más de las viviendas. 

Sinaloa tiene el peor índice de impunidad en todo el país con el 99 por ciento de delitos sin castigar en el año 2019; todo esto, según el Centro de Información Estadística y Geográfica de Sinaloa (CIEGSIN).

También se encuentra en Inegi (2019) que el estado es de los que peor servicio de drenaje y alcantarillado prestan a su población; en fugas de aguas negras, por ejemplo, es subcampeón nacional, solo después de Chiapas. Y a todos los rezagos históricos se le suman los nuevos males producto de la terrible pandemia de la covid-19, que ya se ha cobrado la vida de tres mil 741 sinaloenses (El Sol de Sinaloa, sábado, 14-nov-2020). Como se ve, el panorama no es nada halagüeño.

¿Dónde están las acciones precisas para ir atacando cada uno de los problemas de toda la geografía nacional? La principal bolsa de recursos para incidir en el desarrollo del país es la que tiene el Gobierno federal; a través del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 podemos ver cómo se distribuirán los recursos que llegan a manos del gobierno y, en consecuencia, cómo le irá al país y a Sinaloa en materia de ataque a los rezagos que padece. 

Según una nota de El Universal relativa al PEF: “En una revisión del documento analizado en San Lázaro, se determinó no asignar recursos a programas como el de Escuelas de Tiempo Completo, el Nacional de Convivencia Escolar, el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, el de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa y el de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, entre otros.” Y más adelante dice que “aun cuando el año anterior le asignaron 4 mil millones de pesos al Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg) para estados y municipios, éstos se verán castigados debido a que no les destinaron recursos”. 

También en el mismo diario, pero del sábado 14 de noviembre publicó que “Morena no etiqueta recursos para la vacuna contra la covid-19. En el presupuesto de 2023 no se incluye una partida en este rubro, a pesar de que le quitaron 33 mil millones de pesos (mdp) al Fondo de Salud para el Bienestar para adquirir las dosis”. 

Además, en resumen ejecutivo del documento aprobado por la Cámara de Diputados el 13 de noviembre pasado se ve que se redujo en casi 40 por ciento el recurso para el campo, 80 por ciento lo asignado a construcción de carreteras, 56 por ciento el Programa de Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 44 por ciento el programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, todo esto, respecto al presupuesto 2018; cero apoyos a MyPIMES; no se considera un Programa de Apoyo a la Vivienda. 

La forma en la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, apoyado en sus obedientes diputados morenistas que hacen mayoría en San Lázaro, decidió gastar el presupuesto nacional agrede a los sinaloenses pues les sigue reduciendo recursos importantes para su vida: seguirán sin obras públicas en la cantidad necesaria, se reducirán empleo y/o ingresos por la falta de apoyo al campo y a las pequeñas empresas, se agudizará la inseguridad en el estado con más impunidad del país, aumentarán gastos de educación –ya de por sí elevadísimos para los depauperados, por las clases en línea- al desaparecer programas escolares que le permitían ahorrar gastos, más deserción escolar, más ruina y muerte por la pandemia que seguirá descontrolada. El panorama es realmente desastroso.

Pero no todo es malo. Del divorcio del gobierno de la realidad, de su táctica perversa de abandonar la mayoría de los problemas de la gente para aumentar la entrega de dinero en pequeñas cantidades para comprar votos en la elección venidera, los trabajadores pueden y deben cobrar consciencia. Todos los afectados por el gobierno de Morena e incluso los beneficiarios de los programas sociales debieran rechazar que el horizonte del gobierno se reduzca solo a esta medida; aceptarlo es aceptar la generalización de la crisis y la profundización de los males del país. Y México no necesita más problemas.