En días pasados, en una sesión maratónica, los diputados de los partidos de oposición rechazaron la reforma constitucional al Instituto Nacional Electoral (INE) que propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La propuesta de reforma electoral de AMLO, en lo fundamental era: reducir de 11 a siete los integrantes del INE, transformar el órgano en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), reducir el número de legisladores tanto local como federal y recortar el financiamiento público a los partidos. También se buscaba consumar la desaparición de los institutos y tribunales electorales de los Estados. En el caso del INEC, se establecía que absorbería el patrimonio material, financiero y de recursos humanos del INE.
El proyecto en comento fue desechado al no contar con la mayoría calificada de dos tercios a fin de modificar la Constitución. Tras semanas de debate, la falta de consensos era patente y el Presidente “trabajó” desde noviembre pasado en un “plan B”, que se trata de un paquete de leyes secundarias que según él no toca a la Constitución y sólo necesita de una mayoría simple para ser aprobada (mayoría con la que cuenta Morena y aliados) estas “leyes”, según pude investigar, incluye cambios en más de 450 artículos en cinco leyes y la expedición de una nueva ley.
Como podemos ver, estas “leyes” suponen un tijeretazo a la estructura del INE, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La propuesta del Ejecutivo quita atribuciones al árbitro electoral y suaviza las sanciones contra partidos políticos y servidores públicos. Es decir, el presidencialismo autoritario en México, ahora con la autodenominada “Cuarta Transformación”, está como en los mejores momentos del PRI.
No es exagerado catalogar al gobierno de AMLO como presidencialismo autoritario en su máxima expresión, para ejemplo un botón: al no ser aprobada las reformas constitucionales que quería, propiamente en la misma sesión donde no fue aprobada su primera propuesta, Adán Augusto, secretario de Gobierno entregó a los diputados el llamado “plan B” que es la iniciativa alternativa del Presidente, ésta llegó al pleno de la Cámara baja por la vía rápida o, como se conoce en la juerga legislativa, se aprobó por fast track.
Los diputados al “servicio del Gobierno federal” aprovecharon que en México existe un mecanismo para asuntos de “urgente” u “obvia resolución” que permiten agilizar la aprobación de una iniciativa sin que tengan que pasar por la Mesa Directiva ni dictaminarse en las comisiones que normalmente analizarían estos temas. En este caso, Morena y sus aliados en el Partido Verde y el Partido del Trabajo (PT) impusieron su mayoría legislativa para desahogar el asunto apenas horas después de que el Secretario de Gobernación la entregara.
Está claro que el Presidente pretende dar un madruguete al pueblo de México y a la democracia de nuestro país, utilizando a diputados que no son verdaderos representantes del pueblo, sino al contrario, le sirven al Ejecutivo federal sin rechistar, por eso aprobaron este paquete de leyes secundarias que ni siquiera leyeron, las aprobaron con los ojos cerrados y en clara obediencia a López Obrador.
Ahora toca a la Cámara alta decidir si valida o rechaza estas leyes. Cuando la minuta llegó al Senado de la República, el pasado jueves, López Obrador quería que se procediera de la misma manera por fast track. Pero el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, frenó ese afán de apresuramiento y estableció un plazo de cinco días para que los legisladores estudiaran la propuesta y se empezara a discutir en comisiones el martes 13 de diciembre. Pero se sabe que hay fuerte presión por parte de la Presidencia de la República para que la propuesta sea aprobada antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones del Congreso.
Así que, seguramente se va a buscar que la Cámara de Senadores regrese las modificaciones propuestas a más tardar el miércoles 14 para que los diputados la voten nuevamente el 15 de diciembre, fecha en la que concluye el periodo ordinario de sesiones. El tema de fondo es que el Poder Ejecutivo quiere, a como de lugar, controlar el órgano electoral y manejarlo a como se les plazca.
Queda claro que a López Obrador y su "Cuarta Transformación", ya no gozan del mismo prestigio que tenían cuando inició su gobierno en 2018. Los malos resultados que han dado durante este tiempo es prueba irrefutable de que no saben gobernar y que, si siguen así, corren el riesgo de perder las elecciones de 2024. Por eso quieren hacer un órgano electoral a modo, que esté al servicio del Ejecutivo federal como lo está, por ejemplo: el Instituto de los Derechos Humanos, donde su titular Rosario Piedra Ibarra, no es más que un “florero” de López Obrador.
Esperamos que los Senadores, que son la garantía del pacto federal y que encarnan la representación de las entidades federativas que conforman el Estado mexicano, hagan su trabajo y no aprueben leyes que lejos de beneficiar a nuestro país, pueden traer una grave crisis política que junto con los graves problemas económicos de la nación sea más difícil enderezar el camino. Necesitamos verdaderos representantes del pueblo, que velen por sus intereses y no que estén al servicio de un presidencialismo autoritario que viene cuesta abajo.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario