Según la página del gobierno federal, Producción para el Bienestar es un programa de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), hecho para pequeños y medianos productores de granos (maíz, trigo harinero, frijol y arroz); dicho programa busca fomentar y alcanzar la autosuficiencia alimentaria del país a través de apoyos económicos anticipados a productores agrícolas. El presupuesto establecido para el periodo 2019 – 2024 es de doce mil millones de pesos direccionados exclusivamente a los pequeños productores y a los 250 mil beneficiarios de municipios de población indígena recién incorporados y excluyendo a los productores poseedores de más de 20 hectáreas. El presupuesto se destinará a las personas físicas de los estados de Guerrero, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Veracruz; además de a municipios de medio, alto y muy alto grado de marginación del país.
El programa, que en México suma a 2.9 millones de pequeños y medianos productores de granos de todo el territorio, entró en un proceso de actualización y verificación de datos a partir del 30 de enero del presente año y, para llevar a cabo la revisión de expedientes a los beneficiarios del programa, se habilitaron en todo el país mesas de atención a donde el pequeño productor debe acudir con su documentación en original y copia para su revisión.
De acuerdo con la información de funcionarios federales o encargados del despacho de la SADER, los beneficiarios del programa, son productores agrícolas de pequeña y mediana escala con predios inscritos en el padrón, que cultivan preferentemente grano (maíz, frijol, trigo panificable, arroz, amaranto, chía y/o sistema milpa, entre otros) café y caña de azúcar, con superficies de hasta 20 hectáreas de tierras de temporal y de hasta cinco hectáreas de riego; estos deben estar ratificados o censados por el Censo del Bienestar y el padrón Producción para el Bienestar, que son las listas levantadas por los “Servidores de la Nación” a partir del triunfo del actual gobierno en 2018 y de las que se eliminaron a pequeños productores que años atrás recibían recursos de programas como Pro Agro y Pimaf y que desde los ciclos agrícolas Otoño-Invierno 2018/2019 y Primavera-Verano 2019 dejaron de recibir los recursos a pesar de haber sido ratificados en el “Censo del Bienestar”.
En la misma página de la SADER se resalta la importancia de que los pequeños productores asistan a inscribirse o ratificar su registro, además de que tengan claro que el trámite es totalmente gratuito; sin embargo, los pequeños productores son obligados a trasladar al “Servidor de la Nación” a su predio para “sacar la foto” y regresarlo a su oficina con la advertencia de que, de no ser así, será dado de baja del programa. Esta acción, según el servidor, es con el fin de agilizar el proceso para la entrega de su pago; “no se cobra ni un peso por la gestión o por el llenado”.
En el caso de Jalisco, la verificación de los documentos se está desarrollando de manera programada en los Centros Integradores de Servicios (CISs) que no son otra cosa que las oficinas de los “Servidores de la Nación” instaladas en los Distritos de Desarrollo Rural o CADERS de lo que fue SAGARPA hoy SADER y, la revisión de los documentos está distribuida por zonas geográficas, a cada servidor de la nación que en la mayoría de los casos desconoce por completo cuestiones tan básicas como los ciclos agrícolas, rendimiento por hectárea, costo-beneficio, etc., se le asigna un determinado número de productores.
Como ya señalábamos líneas arriba, el programa Producción para el Bienestar es impulsado por el Gobierno Federal y busca fomentar y alcanzar la autosuficiencia alimentaria del país a través de apoyos económicos anticipados a productores agrícolas y “se entrega directamente al productor, ejidatario o pequeño propietario, a través de cuenta bancaria, orden de pago o Tarjeta de Bienestar”; pero resulta que desde 20218, con el pretexto del “combate a la corrupción”, los programas de apoyo al campo fueron eliminados dejando en el desamparo y a su suerte al pequeño productor. Solo como ejemplo, de 2018 a la fecha, muchos de los campesinos que veían en el Programa de Incentivos para productores de Maíz y Frijol (PIMAF) una esperanza para sembrar sus pequeñas parcelas, siguen a la espera de que “el gobierno les deposite a sus tarjetas” para poder sembrar, pues mediante este programa se brindaba apoyo para insumos de nutrición vegetal, productos para el control fitosanitario, semilla y acompañamiento técnico para ayudar a incrementar la producción
A pesar de que en México el maíz es considerado como nuestro alimento básico, somos el país número uno en importación de este grano en el mundo. El país enfrenta una situación de alta dependencia alimentaria del exterior. Importamos casi la mitad de los alimentos que comemos y también la mayor parte de insumos, maquinaria, equipo, implementos y combustibles para la agricultura.
El campo mexicano tiene potencial y capital humano –particularmente en productores de pequeña y mediana escala– para elevar producción y productividad y reducir esas importaciones, a pesar de ello, los productores de maíz, frijol y otros granos, ejidatarios y propietarios de pequeña escala, así como en general los productores de comunidades indígenas, históricamente han estado al margen de los apoyos de fomento productivo del agro y en el gobierno de la 4T la situación no es diferente, los pequeños productores agrícolas “siguen sufriendo las de Caín”, y ahora agravado por los servidores de la nación.
El campo mexicano enfrenta una condición muy difícil de precios internacionales y nacionales a la baja. Es urgente que el gobierno federal dirija su mirada hacia el campo y generare las condiciones necesarias para que los programas de apoyo al campo verdaderamente sirvan de incentivo a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios rurales y de esta forma el campo mexicano sea competitivo en el mercado internacional. Urge que el Programa Producción para el Bienestar sea un verdadero apoyo al campo.
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