Quintana Roo es el tercer estado más endeudado del país. La deuda pública asciende a poco más de 21 mil 897 millones de pesos, y la deuda per cápita es de 11 mil 928 pesos, según la información abierta disponible del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP); y lo peor, la entidad se ha convertido en uno de los estados con mayor violencia en México.
Para entrar en contexto, en 2023 el Senado de la república realizó un estudio de los niveles de endeudamiento de las entidades federativas, que reveló la alarmante situación de cinco estados del país que sobresalen por su alto nivel de deuda y en la que Quintana Roo ocupaba, en ese entonces, el deshonroso segundo lugar. Aquí resaltaré que los diputados del Congreso local en septiembre del año pasado le aprobaron al Gobierno estatal créditos millonarios, recursos que serán pagados por la ciudadanía.
Quintana Roo es el segundo en el país con los peores ingresos para vivir, pues según Coneval, en 2023 el 27 % de los quintanarroenses percibía un salario que les impedía acceder a la totalidad de la canasta básica.
El argumento para acceder al empréstito es que urge ayudar a los pobres con infraestructura social, es decir, la construcción de obras en las colonias y comunidades de los once municipios de la entidad. Pero ¿a dónde fue a parar toda esa cantidad de dinero?
Sólo resta decir que esos recursos no se reflejaron en obras, servicios básicos y menos en ayuda para contrarrestar la galopante desigualdad.
Por si no fuera suficiente, el Gobierno del estado contratará siete créditos más con cuatro instituciones financieras para “refinanciar la deuda pública” que hacen un monto total de 19 mil 608 millones 364 mil 29 pesos y cuyo manejo anual “representaba un alto costo para el erario público”, lo cierto es que los quintanarroenses pagarán esos millones de pesos que poco o nada les ha beneficiado.
Recordaré que, en Quintana Roo, poco más de 811 mil ciudadanos cuentan con un trabajo; sin embargo, las condiciones en las que se desempeñan no son las más adecuadas. Por otro lado, únicamente 181 mil lo hacen en condiciones de formalidad y, además, ganan lo suficiente para cubrir sus gastos, de acuerdo con la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Según un estudio Semáforo de Trabajo Digno, realizado por Frente a la Pobreza, la región sureste del país registra un porcentaje elevado de personas que no pueden comprar con su salario la canasta básica, es decir, no les alcanza para adquirir los productos indispensables para que los integrantes de la familia tengan seguros sus tres alimentos del día. Sin embargo, el Ejecutivo estatal y federal tampoco ha implementado programas emergentes que ayuden a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores quintanarroenses.
La iniciativa ciudadana del Semáforo de Trabajo Digno “es un llamado de atención sobre la exclusión y la precariedad laboral que predomina y afecta el conjunto de la economía y la sociedad. Mientras las personas con trabajo precario sean más que las que tienen condiciones mínimas decentes y las personas excluidas sean más del 20 % del total de la población productiva potencial, el semáforo estará en rojo”, situación en la que se encuentra Quintana Roo, donde unas 607 mil personas trabajan sin ningún tipo de seguridad social, además de que los ingresos que tienen no alcanzan ni para garantizar la alimentación de una familia.
Si bien es cierto que una de las condiciones mínimas para que un trabajador pueda tener una vida digna es que cuente con seguro social y con un ingreso suficiente para que por lo menos pueda adquirir los productos de la canasta básica, en Quintana Roo las políticas implementadas para atención a los trabajadores no son eficientes, toda vez que la están lejos de tener las condiciones de vida digna y de calidad.
El mismo organismo menciona que en la entidad esta situación podría empeorar y alcanzar tasas de desempleo de hasta 15.7 %, aunado a que actualmente 103 mil personas están subocupadas. Por lo cual se considera necesario mejorar las condiciones laborales de los trabajadores para protegerlos de despidos y salarios justos, sobre todo en estos tiempos críticos ya que al menos 64 % está sin contrato estable.
En 2023, alrededor de un tercio de la población quintanarroense recibió un ingreso que no le alcanzó para adquirir los productos de la canasta básica, agudizando así la pobreza, porque el 43 % de los trabajadores percibió un ingreso que era inferior e insuficiente para comprar lo esencial para sostener la alimentación de la familia y este no se augura mejoría en los bolsillos de los trabajadores, la situación según especialistas, puede agravarse aún más.
Por otro lado, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), cerca de 314 mil familias de Quintana Roo ganan apenas lo suficiente para costear sus necesidades básicas de alimento, casa, transporte y servicios; por lo que los priva de un fondo de ahorro para enfrentar eventualidades, y así permite acelerar la recuperación económica del estado. En síntesis, el Inegi manifiesta que esta situación afecta a siete de cada 10 hogares de la entidad, aunado a lo anterior, la inflación agravó aún más la situación, pues derivado esta situación afecta el poder adquisitivo de los trabajadores, al menos 48 mil familias se sumaron a los 266 mil que vivían al día.
Por todo lo anterior, urge en Quintana Roo la consolidación de empleos y que estos sean bien remunerados, además de frenar el desplome de los salarios de los ciudadanos que ven con alarma la grave situación económica que enfrenta el país y el estado, así como la incapacidad de los gobiernos de los tres órdenes, quienes no han podido frenar el desempleo y crear opciones de ayuda a las familias que más lo requieren. Lo peor es que el poder adquisitivo de los salarios es insuficiente para adquirir los productos esenciales de la canasta básica a fin de que las familias quintanarroenses no se mueran de hambre.
Por si eso fuera poco, ahora el estado de Quintana Roo es considerado el segundo en el país con los peores ingresos para vivir, pues según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2023 el 27 % de los quintanarroenses percibía un salario que les impedía acceder a la totalidad de los productos de la canasta básica, principalmente carnes rojas, precios que hoy están por los cielos.
Sin duda alguna, es una triste realidad que las autoridades no revelen y traten de ocultar cómo esta situación se agrava cada vez más, pues así lo revelan datos del propio Coneval, que detalla que, en el último trimestre del 2023, Quintana Roo registró la mayor caída en percepción alimentaria de la Península de Yucatán, lo que dificulta adquirir productos de primera necesidad, pues sólo al 30.1 % de la población le alcanza para ello.
Todo esto sorprende y preocupa mucho porque unos cuántos disfrutan de las riquezas generadas en el estado y mientras las autoridades gubernamentales contraen deudas y más deudas a nombre de los pobres, sabemos bien que sólo es para beneficio de la clase en el poder, y no es verdad que estén tomando las medidas adecuadas para ayudar a los trabajadores en general, ni que estén haciendo obra social como pretenden hacernos creer.
Endeudar al estado no solucionará la crisis de la que aún no hemos podido salir. De ahí la importancia de que el pueblo exija claridad en los recursos autorizados y que debieran canalizarse en obra social y servicios básicos,
Por otro lado, ya no hay para comprar la canasta básica y alimentarse adecuadamente, situación que debe ser un motivo más para que los trabajadores y el pueblo en general se organicen y luchen por lo justo.
El Movimiento Antorchista, como siempre, tiene las manos tendidas para que juntos logremos esa justicia social.
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