En México estamos alejados de seguir el ideal de José Vasconcelos, quien establecía que el sentido de la educación era para que los mexicanos se apropiaran de los principios de igualdad, justicia social, democracia y mejoramiento humano.
Sin embargo, tan solo habrá que revisar los números; 15.7 millones de estudiantes están fuera de las aulas en México a más de dos años de aprobada la reforma educativa impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y no solo eso, 5.2 millones de estudiantes dejaron de estudiar por consecuencia directa de la contingencia sanitaria y el gobierno no ha hecho absolutamente nada para remediar esta situación.
Desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república han sido mentiras tras mentiras. “La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo; el Estado tiene la obligación de garantizar que sea pública y gratuita en todos los niveles escolares”, decía en una de sus conferencias mañaneras, pero la realidad es otra, 3.5 por ciento del PIB es el promedio de los dos últimos años que se la ha destinado a la educación, porcentaje que está muy por debajo de lo que por norma se le debería destinar.
México es uno de los países de Latinoamérica que menos recurso invierte en educación para su gente, países como Cuba (12.8 por ciento) y Costa Rica (7.4 por ciento) invierten más a pesar de tener menor desarrollo económico que nuestro país.
Está más que claro que, en materia educativa y no solo en eso, no tienen ni la menor idea y tampoco la menor intención de orientarla a su mejoramiento, pues a pesar del rezago educativo generado por la pandemia de covid-19 no se instrumentaron programas de evaluación que permitieran tener el panorama real en la que se encuentran todos los sectores de la población, sectores que se quedaron no solo sin educación, sino también sin trabajo y sin comida. Y pese a este panorama desolador y con un mes por delante para que concluya el ciclo escolar, las autoridades educativas ya alistan el fin de las clases, demostrando una vez más que el aprendizaje y bienestar de los estudiantes y sus familias no es su prioridad.
Cerca de 24.5 millones de estudiantes de educación básica y media superior se enfrentan a un fin de ciclo sin planeación, en medio de la pandemia de covid-19 y una quinta ola de contagios, las clases están por terminar sin vacunas para todos los estudiantes, sin protocolos para prevenir contagios, o incluso la falta de agua e infraestructura para llevar a cabo las medidas de sanidad impuestas por la misma Secretaría de Educación Pública (SEP).
El regreso a clases en medio de la pandemia significaba el mayor desafío para el sistema educativo encabezado por Delfina Gómez y el gobierno obradorista, y demostrar en la realidad que lo que proponían serviría para contrarrestar los estragos que causó este virus, sin embargo, no fue así.
El ciclo escolar está por terminar y las escuelas no cuentan con los insumos necesarios para alojar a los estudiantes, no hay estrategias de evaluación, la campaña de vacunación de las y los niñas desde los 5 años apenas empieza, no hay un plan de regularización de contenidos y como medida de escape las recientes decisiones de la Secretaría de Educación Pública de no reprobar a nadie.
Y es que la SEP dictaminó la no reprobación y ordenó a los estados no concluir el ciclo anticipadamente. Dichas medidas son planteadas sin ninguna estrategia real para fortalecer el aprendizaje, lo que las convierte en una simulación total. La medida de no reprobación es una manera para evitar que los estudiantes repitan el año, sin embargo, de nada sirve tener una calificación aprobatoria si es sólo un número vacío que detrás no tiene ningún aprendizaje. Es una simulación porque no esclarece si los estudiantes aprendieron o no y de no ser así no dice dónde necesitan estrategias focalizadas para recuperar aprendizajes y desarrollar sus habilidades. Atentan contra la equidad escolar porque amplía la brecha entre quienes aprenden y quienes no.
La problemática educativa a la que nos estamos enfrentando no tiene precedentes; necesitamos atender una emergencia sanitaria que sigue poniendo en riesgo a los menores y a las personas que acuden a las escuelas, y al mismo tiempo, se debe subsanar el rezago académico que se vio duplicado, el daño a la salud socioemocional, el abandono y deserción escolar, la desaparición de programas de apoyo que sostenían a comunidades escolares enteras, y demás crisis que la 4T siguen generando en los demás estratos sociales que también le afectan de manera directa.
Aumentar los días en el calendario y ponerles 6 de calificación no son la mejor opción para un problema de esta magnitud, es querer tapar el Sol con un dedo. Necesitamos políticas públicas claras y enfocadas no a que todos pasen de año, sino a que todos aprendan lo que necesitan, que faciliten y ayuden el desarrollo del pensamiento crítico, que estén direccionadas al mejoramiento físico y emocional de los estudiantes, donde se aprenda ciencia y arte, y sobre todo que les permita entender que la educación que reciben es gracias al pueblo, al pueblo trabajador y por tanto su deber y compromiso es con el pueblo.
Eso es lo que pretende realizar el Movimiento Antorchista, instrumentar políticas educativas que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo deportivo, cultural y socioemocional de cada uno de los niños, niñas y jóvenes; donde padres y madres de familia en conjunto con los maestros intervengan para crear a un hombre nuevo, una sociedad distinta más justa y equitativa en donde vivir. La tarea es muy grande, pero organizados como un solo hombre y como un solo ideal lo podremos lograr. A eso los invito.
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